L'informe de l'Ajuntament de Barcelona: Barcelona aposta per la democratització de l’energia com a servei públic
La comercializadora ofrecerá la energía fotovoltaica producida por vecinos y el Ayuntamiento
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
creará una empresa municipal para comprar y vender electricidad
producida por placas fotovoltaicas en la ciudad. La comercializadora
comprará y venderá la electricidad que produzcan tanto las comunidades
de vecinos que tienen placas para autoconsumo y excedente, como la que
se genere en instalaciones municipales, como las enormes placas de la
plaza del Fòrum.
La creación de una comercializadora energética municipal, que fue promesa electoral de Barcelona en comú y estará operativa en otoño de 2018, es una de las acciones previstas en una medida de Gobierno que se presentará en el pleno de la próxima semana. En global, la medida prevé actuaciones por valor de 130 millones de euros hasta 2019.
La idea es que el Ayuntamiento sea el canal para facilitar cualquier aspecto relacionado con la producción y consumo de energía limpia, porque el ejecutivo considera que debe volver a ser un servicio público, ha explicado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. "Barcelona quiere liderar la transición energética y quiere desafiar el decreto de autoconsumo del gobierno del Estado que consideramos injusto. Acabó el tiempo de generar miedo entorno al autoconsumo", ha dicho en referencia al polémico decreto del gobierno de Rajoy que penaliza la generación doméstica de electricidad.
Sanz ha defendido el tránsito "de los combustibles fósiles a la
producción ciudadana de kilómetro cero, con una política pública que
recupere el verdadero objetivo de que la energía es un servicio público
basado en la garantía de derechos". "Basta de oligopolio eléctrico, a su
modelo fosil y apostemos por una producción descentralizada y ciudadana
de energías renovables", ha añadido el concejal de Energía, Eloi Badia.
Lo primero que hará el Ayuntamiento es una diagnosis (200.000 euros) de la potencia instalada y las posibilidades que hay de aumentarla. Pero del total de los 130 millones la mayor parte se la llevarán la ayudas a los vecinos para ahorrar y para hacer obras de eficiencia energética (76 millones) y las ayudas y trámites para que las comunidades puedan instalar placas (36 millones). A la comercializadora en sí misma se destinarán 8,4 millones, además de otros 10 a campañas de divulgación y a capacitar profesionales para el sector.
Entre los objetivos concretos y cuantificados del plan figura un ahorro del 10% en el consumo de la ciudad --"Hay mucha energía que consumimos pero no utilizamos", ha dicho la comisionada de Ecología, Eva Herrero--, la reducción de un 10% de gases de efecto invernadero, doblar la producción pública de energía en edificios municipales (2.160 kilovatios por hora y año) y aumentar un 10% la que producen los vecinos en sus azoteas (12.000 kilovatios por hora y año).
Barcelona fue pionera en 2005 al crear una ordenanza que obliga a cualquier edificio de nueva construcción a instalar placas solares térmicas, para calentar el agua. La medida del ejecutivo de Colau da un paso más y se refiere a las placas solares fotovoltaicas, las que generan energía para autoconsumo y que suelen generar excedentes. Justo los que comercializaría el Ayuntamiento.
El plan municipal se llevará a cabo a pesar del controvertido real decreto sobre autoconsumo que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en otoño de 2015, que grava el autoconsumo de la energía a través de paneles fotovoltaicos. En este sentido, la teniente de alcalde se ha mostrado convencida de que se acabará derogando, porque todos los partidos de la oposición se han comprometido a hacerlo.
En cualquier caso, el concejal de Energía, Eloi Badia, ha precisado que el Ayuntamiento actuará dentro de sus competencias. "Garantizaremos que el vecino puede generar, el Ayuntamiento facilitará todos los trámites y le ayudará a superar las trabas". Se trata, han insistido Sanz, Herrero y Badia, de "generar confianza, creando un clima de cambio eliminando las barreras que existen". Badia ha defendido que los 130 millones son "un presupuesto sólido que permitirá desarrollar todo el modelo". Sobre la posibilidad de que, más allá de las azoteas de los edificios municipales el Ayuntamiento cree alguna gran instalación, Badia ha explicado que no lo descartan, pero que la idea sería hacerlo de acuerdo con otros municipios, a nivel metropolitano.
La creación de una comercializadora energética municipal, que fue promesa electoral de Barcelona en comú y estará operativa en otoño de 2018, es una de las acciones previstas en una medida de Gobierno que se presentará en el pleno de la próxima semana. En global, la medida prevé actuaciones por valor de 130 millones de euros hasta 2019.
La idea es que el Ayuntamiento sea el canal para facilitar cualquier aspecto relacionado con la producción y consumo de energía limpia, porque el ejecutivo considera que debe volver a ser un servicio público, ha explicado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. "Barcelona quiere liderar la transición energética y quiere desafiar el decreto de autoconsumo del gobierno del Estado que consideramos injusto. Acabó el tiempo de generar miedo entorno al autoconsumo", ha dicho en referencia al polémico decreto del gobierno de Rajoy que penaliza la generación doméstica de electricidad.
La comercializadora estará vinculada a Tersa
El Ayuntamiento de Barcelona preparaba a finales del mandato del ex alcalde Xavier Trias la creación de un operador eléctrico de capital público que debía tener su embrión en la actual sociedad municipal Tersa,
la empresa municipal de tratamiento de residuos. En ese caso, la idea
era aprovechar los excedentes que genera Tersa (que se pierden) para
abastecer la propia planta o equipamientos municipales. El Gobierno de Xavier Trias
tenía la idea de modificar los estatutos de la compañía en mayo de
2015. Las elecciones lo congelaron y lo que ha hecho el actual gobierno
es ejecutar la modificación estatutaria para que Tersa pueda generar una
comercializadora de electricidad que compre y vende también la energía
que produzcan los vecinos.
Lo primero que hará el Ayuntamiento es una diagnosis (200.000 euros) de la potencia instalada y las posibilidades que hay de aumentarla. Pero del total de los 130 millones la mayor parte se la llevarán la ayudas a los vecinos para ahorrar y para hacer obras de eficiencia energética (76 millones) y las ayudas y trámites para que las comunidades puedan instalar placas (36 millones). A la comercializadora en sí misma se destinarán 8,4 millones, además de otros 10 a campañas de divulgación y a capacitar profesionales para el sector.
Entre los objetivos concretos y cuantificados del plan figura un ahorro del 10% en el consumo de la ciudad --"Hay mucha energía que consumimos pero no utilizamos", ha dicho la comisionada de Ecología, Eva Herrero--, la reducción de un 10% de gases de efecto invernadero, doblar la producción pública de energía en edificios municipales (2.160 kilovatios por hora y año) y aumentar un 10% la que producen los vecinos en sus azoteas (12.000 kilovatios por hora y año).
Barcelona fue pionera en 2005 al crear una ordenanza que obliga a cualquier edificio de nueva construcción a instalar placas solares térmicas, para calentar el agua. La medida del ejecutivo de Colau da un paso más y se refiere a las placas solares fotovoltaicas, las que generan energía para autoconsumo y que suelen generar excedentes. Justo los que comercializaría el Ayuntamiento.
El plan municipal se llevará a cabo a pesar del controvertido real decreto sobre autoconsumo que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en otoño de 2015, que grava el autoconsumo de la energía a través de paneles fotovoltaicos. En este sentido, la teniente de alcalde se ha mostrado convencida de que se acabará derogando, porque todos los partidos de la oposición se han comprometido a hacerlo.
En cualquier caso, el concejal de Energía, Eloi Badia, ha precisado que el Ayuntamiento actuará dentro de sus competencias. "Garantizaremos que el vecino puede generar, el Ayuntamiento facilitará todos los trámites y le ayudará a superar las trabas". Se trata, han insistido Sanz, Herrero y Badia, de "generar confianza, creando un clima de cambio eliminando las barreras que existen". Badia ha defendido que los 130 millones son "un presupuesto sólido que permitirá desarrollar todo el modelo". Sobre la posibilidad de que, más allá de las azoteas de los edificios municipales el Ayuntamiento cree alguna gran instalación, Badia ha explicado que no lo descartan, pero que la idea sería hacerlo de acuerdo con otros municipios, a nivel metropolitano.
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