divendres, 30 d’octubre del 2015
La remunicipalización de la gestión de servicios municipales
Article publicat a Ecologia Política
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49 Soberanía local
La remunicipalización de la gestión de servicios municipales
Jordi Colomer i Missé
La mayoría de los servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural (abastecimiento de aguas, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos domésticos, limpieza viaria, etc.), o en condiciones de reserva de monopolio (transporte público, servicios sociales). Desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier empresario.
La legislación española permite, desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación indirecta de los servicios públicos, privatizando su prestación a través de un tercero. Cada municipio aprueba la forma de gestión, directa-municipalizada o indirecta-privatizada [1], para cada uno de los servicios que presta.
El volumen económico del sector no es nada despreciable, según la publicación [2] del coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales en los términos establecidos en la disposición transitoria única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, el gasto anual en 2013 de los entes locales en servicios públicos municipales ha sido de 18.673 millones de euros en servicios públicos básicos [3], 6.809 millones en actuaciones de protección y promoción social [4], 7.347 millones en producción de bienes públicos de carácter preferente [5], 4.555 millones en actuaciones de carácter económico [6], además de los 6.221 millones en deuda pública y los 21.258 millones en actuaciones de carácter general que no pueden ser privatizados. Es decir, cerca del 60% de los 65.000 millones de euros gestionados a través de los presupuestos de las entidades locales, 37.000 millones, son susceptibles de ser gestionados de forma privada. Entre estos y con los datos facilitados por el Ministerio, no es posible dilucidar si está incluida la totalidad de los servicios de abastecimiento y depuración de agua que no se gestionan a través de los presupuestos municipales, sino a través de las tarifas que las familias usuarias pagan directamente a la prestadora del servicio, ya sea empresa privada a través de gestión indirecta o ente público con gestión directa [7]. En cualquier caso, el volumen del servicio de abastecimiento para 2011 sería de 1.606 millones de euros (ver Tabla 1), y el del saneamiento se estima en 1.150 para el 2010 según Unidad Editorial Conferencias y Formación citando Expansión del 21 de julio de 2011 [8].
Tabla 1. Estimación del volumen negocio en abastecimiento de aguas (Fuente: Tribunal de Cuentas de España 2011)
Anualmente, la Diputación de Barcelona a través de los Círculos de
Comparación Intermunicipales estima la distribución entre gestión
directa e indirecta de determinados servicios [9], y aunque ni recogen los datos de todos los municipios de la provincia ni de todos los servicios [10],
muestran la tendencia. Con datos de 2012, el 69% de los servicios están
municipalizados (Figura 1), pero evaluado el presupuesto (Figura 2), la
municipalización desciende hasta el 53%.
Figura 1. Distribución de la forma de prestación según tipo de servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales, Diputación de Barcelona, 2012)
Figura 2. Gasto presupuestario según forma de prestación del servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales,
Diputación de Barcelona, 2012)
Con estos datos estimamos que el volumen de negocio de los servicios
públicos privatizados estaría entorno a los 17.400 millones de euros,
con unas oportunidades de crecimiento de 19.600 millones de euros.
Mercado cautivo y de gran volumen. De ahí el gran esfuerzo de generación
del relato de la eficiencia y las bondades de la colaboración
público-privada de los medios de propaganda.
Quienes estamos en la gestión de los servicios municipales sabemos que los servicios privatizados presentan sobrecostes que van del 22% [11] a más del 90% [12], respecto el servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza (Tribunal de Cuentas, 2013). Sobrecoste que además lleva añadido una prestación del servicio de menor calidad y una infra-inversión (Lobina, 2015).
En una situación de emergencia social resulta especialmente pornográfico destinar recursos públicos a cuentas de resultados de grandes transnacionales, sancionadas por competencia por actuar como cárteles, para proporcionar de forma deficiente servicios esenciales, en lugar de destinar los recursos públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a satisfacer las necesidades sociales básicas.
Este drama ha sido posible por dos motivos: infra-financiación municipal y existencia de un relato único. Con dificultades endémicas de financiación, empeoradas por el fin de la burbuja inmobiliaria que financió tantos ayuntamientos, los municipios están privatizando los servicios de aguas para obtener ingresos extraordinarios con el canon concesional, aunque sea a costa de incrementar substancialmente el recibo del agua a sus ciudadanos. Así como financiando obras públicas o inversiones en equipamientos y materiales para servicios, incluyéndolas en las obligaciones de los contratistas privados, incrementando el gasto corriente y pagando mucho más por la misma inversión, por no poder endeudarse.
La construcción del relato ha sido aún más demoledora: la FEMP está dando formación, financiada por el BBVA y la fundación AGBAR, a los ediles sobre las virtudes de la colaboración público-privada con contenidos exclusivamente de marketing y comunicación sin ninguna referencia a técnicas de gestión [13]; privatización de los posgrados de gestión de redes de aguas [14]; convenios de colaboración entre la dominante del oligopolio de las aguas, la fundación AGBAR, con el Consejo General del Poder Judicial [15] para formar a los jueces en materia de aguas; etc.
Por suerte, esta crisis nos ha obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar otras alternativas. Otro relato en el cual una empresa privada no es eficiente prestando un servicio público en condiciones de monopolio, sino que sólo es eficaz maximizando sus beneficios con un amplio menú de técnicas de esquilmado de recursos públicos (Colomer, 2015). Alternativas prácticas donde experimentamos que un servicio remunicipalizado es más económico porque:
• No está sujeto a IVA, a excepción del servicio de abastecimiento de agua: Ahorrando el 10% en residuos, limpieza de la vía pública, parques y jardines, alcantarillado y tratamiento aguas residuales, y transporte; y el 21% en el resto de servicios (alumbrado, cementerio, limpieza edificios públicos, servicio social de atención domiciliaria, etc.).
• No extrae plusvalías para repartir dividendos: Ahorrando beneficios industriales que pueden ir de un mínimo del 6% al 16% [16]. Si existen ingresos superiores a los costes finales se podrán destinar para reinvertir en el servicio o para ahorro.
• No aplica comisiones comerciales en los suministros: La privada o mixta utiliza todas las herramientas posibles para incrementar sus ingresos, lo más habitual es cargar el porcentaje de beneficio industrial y de gastos generales en los materiales o equipos que aporta al servicio, además de aplicar sólo una parte del descuento que obtienen respecto el precio de catálogo por parte de su proveedor. Estos márgenes están entorno al 25%.
• No necesitamos múltiples equipos técnicos: En los servicios privatizados pueden operar hasta tres equipos técnicos relacionados con el servicio: el municipal, el de la empresa y el de la consultora que realiza el control, cada uno con su coste respectivo. Cuando el servicio está municipalizado es suficiente un solo equipo para asegurar la calidad de este.
Además del ahorro económico, pasamos de la dinámica de conflicto de intereses en las privatizaciones (empresa busca beneficios, municipio busca servicio económico), a una dinámica en la que todos ganan por la coincidencia de intereses. Quien encarga el servicio tiene todos los mecanismos de control sobre el servicio y, por lo tanto, todas las decisiones sobre la calidad del mismo. Permite aplicar la máxima transparencia en la gestión del servicio e incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas.
En el marco legal español, para remunicipalizar los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes de cambio de forma de gestión de los servicios. Para la rescisión disponemos de 5 alternativas:
1. Vencimiento del contrato: En el momento de la finalización del contrato, abrir un expediente de cambio de forma de gestión en lugar de preparar una nueva licitación.
2. Rescate del servicio: Cancelación del contrato en cualquier momento por interés público, indemnizando a la parte privada con el beneficio industrial pactado por contrato pendiente de percibir y con el pago de las inversiones realizadas pendientes de amortizar.
3. Resolución por mutuo acuerdo: Se pacta con la empresa los términos de la finalización y se asegura que esta no utilice la vía contenciosa para defender sus intereses. Esta vía no es aplicable si la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales [17].
4. Incoación de expediente sancionador: En el caso de tener documentados los incumplimientos de las obligaciones contractuales, estamos obligados a abrir un expediente sancionador. En caso de faltas muy graves podremos rescindir el contrato sin derecho a indemnización.
5. Renuncia del contrato: En el caso que la empresa no obtenga los beneficios esperados y que el municipio no acepte una aplicación fraudulenta del mantenimiento del equilibrio económico financiero del servicio, la empresa puede renunciar al contrato y a sus derechos.
En los casos donde se deba indemnizar a la parte privada cabrá valorar cual es el tiempo de amortización de esta “inversión” con los ahorros que esperamos obtener con la municipalización.
En los expedientes de cambio de forma de gestión se debe realizar un proyecto con una memoria indicando cuál será la forma mediante la que se prestará la gestión directa. En este sentido, hay cuatro posibilidades de municipalización:
1. La propia entidad local es la que presta el servicio con personal propio.
2. Un organismo autónomo local es el que recibe el encargo y lo presta a partir de una transferencia del presupuesto del ente local al organismo que se auto-organiza con presupuesto y personal propio dentro del marco de la jurisdicción administrativa.
3. Una entidad pública empresarial es quien recibe la encomienda de gestión. Se trata de un organismo público con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio, con autonomía de gestión. Está adscrita a un ente local, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el mercantil en la actividad “empresarial”. Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, y tienen la capacidad de sancionar.
4. Una sociedad mercantil con capital 100% público recibe la encomienda. Se trata de una sociedad mercantil (SL o SA) con capital 100% público, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el derecho mercantil en la actividad “empresarial”. Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, pero no tiene la capacidad de sancionar.
Existen limitaciones para crear nuevos entes en municipios con plan de ajuste, quedando siempre abierta la posibilidad de prestar el servicio con personal propio. Respecto a la prohibición de contratar nuevo personal en el sector público, la ley de presupuestos de 2015 permite la contratación temporal de nuevo personal para la prestación de servicios básicos y para las necesidades urgentes e inaplazables, el caso de los servicios públicos municipales.
Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.
Referencias
COLOMER, J. (2015), “Remunicipalització. Situació i oportunitats de remunicipalització dels serveis públics”, Conferencia municipalista CUP 2015, http://prezi.com/ertowa5sqo64/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share consultado el 13 de mayo de 2015.
Diputació de Barcelona (2014), “Anàlisi de serveis municipals mitjançant indicadors de gestió. Recull de conclusions dels serveis analitzats en els cercles de comparació intermunicipal. Resultats any 2012”, http://www.diba.cat/documents/446869/545c406a-bfbd-4a98-a6a3-632fdc718272 consultado el 13 de mayo de 2015.
LOBINA, E., KISHIMOTO, S. y PETITJEAN (2015), “Llegó para quedarse: La remunicipalización del agua como tendencia mundial”. Solidaridad Internacional-Andalucía y Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
Tribunal de Cuentas (2013), “Informe nº 1.010 de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011”, http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf, consultado el 13 de mayo de 2015.
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[1] Los únicos servicios que no son privatizables (de momento) son los que reportan ejercicio de autoridad, por ejemplo las policías municipales.
[2] Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (2014), 2 de diciembre, “Coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales”, http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/CosteServicios.aspx [13 de mayo de 2015].
[3] Seguridad, tráfico y vías públicas, vivienda y urbanismo, agua y alcantarillado, residuos, cementerio y alumbrado.
[4] Pensiones no de la seguridad social, servicios sociales, fomento del empleo.
[5] Sanidad, educación, cultura, deportes.
[6] Gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluyen también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.
[7] Según comunicación verbal del gerente de AEOPAS, el porcentaje de gestión privada del agua en el Estado Español está en el 53%, llegando en Catalunya hasta un 84% de la población, según dato de la plataforma “Aigua és vida”, “Gestió de l’aigua per municipis”, http://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#poblacio_gestio [13 de mayo de 2015].
[8] Unidad Editorial Conferencias y Formación (2011), “IV Encuentro Agua en Cataluña. Conozca la nueva política del agua y las infraestrucuras previstas”, https://plataformaaiguaesvida.files.wordpress.com/2011/11/programa-negocio-del-agua.pdf [13 de mayo de 2015].
[9] http://www.diba.cat/menugovernlocal/cci [13 de mayo de 2015].
[1o] No se evalúa el servicio de distribución de agua y en los servicios de atención domiciliaria no se recogen los datos de gestión directa/indirecta.
[11] Sobrecoste de la gestión privada del agua (Tribunal de Cuentas, 2013), donde además, las privadas, tienen un 30% más de pérdidas de red y un 15,5% menos de inversión.
[12] Sobrecoste de la gestión privada del agua en la región metropolitana de Barcelona respecto el coste de las empresas públicas que operan en la zona, http://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#territori_preu [13 de mayo de 2015].
[13] http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_fxSSGDnKJVmHONf6iLM8g7yk0Y9ZIfJJDRl_c0KYT44 [13 de mayo de 2015].
[14] http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/09/agbar-la-universidad-politecnica-de-madrid-y-la-universitat-politecnica-de-catalunya-impulsan-proyectos-de-formacion/ [13 de mayo de 2015].
[15] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Canal_Judicial/CGPJ/CGPJ_y_Fundacion_AGBAR_suscriben_convenio_para_formar_y_debatir_sobre_el_derecho_de_aguas [13 de mayo de 2015].
[16] En la práctica son mayores al recortar en gastos formalmente comprometidos, o incrementar ingresos previstos.
[17] Que es lo más habitual. Lo que no es tan habitual es que se haya realizado seguimiento, y menos aún, que se hayan documentado los incumplimientos.
La mayoría de los servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural (abastecimiento de aguas, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos domésticos, limpieza viaria, etc.), o en condiciones de reserva de monopolio (transporte público, servicios sociales). Desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier empresario.
La legislación española permite, desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación indirecta de los servicios públicos, privatizando su prestación a través de un tercero. Cada municipio aprueba la forma de gestión, directa-municipalizada o indirecta-privatizada [1], para cada uno de los servicios que presta.
El volumen económico del sector no es nada despreciable, según la publicación [2] del coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales en los términos establecidos en la disposición transitoria única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, el gasto anual en 2013 de los entes locales en servicios públicos municipales ha sido de 18.673 millones de euros en servicios públicos básicos [3], 6.809 millones en actuaciones de protección y promoción social [4], 7.347 millones en producción de bienes públicos de carácter preferente [5], 4.555 millones en actuaciones de carácter económico [6], además de los 6.221 millones en deuda pública y los 21.258 millones en actuaciones de carácter general que no pueden ser privatizados. Es decir, cerca del 60% de los 65.000 millones de euros gestionados a través de los presupuestos de las entidades locales, 37.000 millones, son susceptibles de ser gestionados de forma privada. Entre estos y con los datos facilitados por el Ministerio, no es posible dilucidar si está incluida la totalidad de los servicios de abastecimiento y depuración de agua que no se gestionan a través de los presupuestos municipales, sino a través de las tarifas que las familias usuarias pagan directamente a la prestadora del servicio, ya sea empresa privada a través de gestión indirecta o ente público con gestión directa [7]. En cualquier caso, el volumen del servicio de abastecimiento para 2011 sería de 1.606 millones de euros (ver Tabla 1), y el del saneamiento se estima en 1.150 para el 2010 según Unidad Editorial Conferencias y Formación citando Expansión del 21 de julio de 2011 [8].
Tabla 1. Estimación del volumen negocio en abastecimiento de aguas (Fuente: Tribunal de Cuentas de España 2011)
Figura 1. Distribución de la forma de prestación según tipo de servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales, Diputación de Barcelona, 2012)
Figura 2. Gasto presupuestario según forma de prestación del servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales,
Diputación de Barcelona, 2012)
Quienes estamos en la gestión de los servicios municipales sabemos que los servicios privatizados presentan sobrecostes que van del 22% [11] a más del 90% [12], respecto el servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza (Tribunal de Cuentas, 2013). Sobrecoste que además lleva añadido una prestación del servicio de menor calidad y una infra-inversión (Lobina, 2015).
En una situación de emergencia social resulta especialmente pornográfico destinar recursos públicos a cuentas de resultados de grandes transnacionales, sancionadas por competencia por actuar como cárteles, para proporcionar de forma deficiente servicios esenciales, en lugar de destinar los recursos públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a satisfacer las necesidades sociales básicas.
Este drama ha sido posible por dos motivos: infra-financiación municipal y existencia de un relato único. Con dificultades endémicas de financiación, empeoradas por el fin de la burbuja inmobiliaria que financió tantos ayuntamientos, los municipios están privatizando los servicios de aguas para obtener ingresos extraordinarios con el canon concesional, aunque sea a costa de incrementar substancialmente el recibo del agua a sus ciudadanos. Así como financiando obras públicas o inversiones en equipamientos y materiales para servicios, incluyéndolas en las obligaciones de los contratistas privados, incrementando el gasto corriente y pagando mucho más por la misma inversión, por no poder endeudarse.
La construcción del relato ha sido aún más demoledora: la FEMP está dando formación, financiada por el BBVA y la fundación AGBAR, a los ediles sobre las virtudes de la colaboración público-privada con contenidos exclusivamente de marketing y comunicación sin ninguna referencia a técnicas de gestión [13]; privatización de los posgrados de gestión de redes de aguas [14]; convenios de colaboración entre la dominante del oligopolio de las aguas, la fundación AGBAR, con el Consejo General del Poder Judicial [15] para formar a los jueces en materia de aguas; etc.
Por suerte, esta crisis nos ha obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar otras alternativas. Otro relato en el cual una empresa privada no es eficiente prestando un servicio público en condiciones de monopolio, sino que sólo es eficaz maximizando sus beneficios con un amplio menú de técnicas de esquilmado de recursos públicos (Colomer, 2015). Alternativas prácticas donde experimentamos que un servicio remunicipalizado es más económico porque:
• No está sujeto a IVA, a excepción del servicio de abastecimiento de agua: Ahorrando el 10% en residuos, limpieza de la vía pública, parques y jardines, alcantarillado y tratamiento aguas residuales, y transporte; y el 21% en el resto de servicios (alumbrado, cementerio, limpieza edificios públicos, servicio social de atención domiciliaria, etc.).
• No extrae plusvalías para repartir dividendos: Ahorrando beneficios industriales que pueden ir de un mínimo del 6% al 16% [16]. Si existen ingresos superiores a los costes finales se podrán destinar para reinvertir en el servicio o para ahorro.
• No aplica comisiones comerciales en los suministros: La privada o mixta utiliza todas las herramientas posibles para incrementar sus ingresos, lo más habitual es cargar el porcentaje de beneficio industrial y de gastos generales en los materiales o equipos que aporta al servicio, además de aplicar sólo una parte del descuento que obtienen respecto el precio de catálogo por parte de su proveedor. Estos márgenes están entorno al 25%.
• No necesitamos múltiples equipos técnicos: En los servicios privatizados pueden operar hasta tres equipos técnicos relacionados con el servicio: el municipal, el de la empresa y el de la consultora que realiza el control, cada uno con su coste respectivo. Cuando el servicio está municipalizado es suficiente un solo equipo para asegurar la calidad de este.
Además del ahorro económico, pasamos de la dinámica de conflicto de intereses en las privatizaciones (empresa busca beneficios, municipio busca servicio económico), a una dinámica en la que todos ganan por la coincidencia de intereses. Quien encarga el servicio tiene todos los mecanismos de control sobre el servicio y, por lo tanto, todas las decisiones sobre la calidad del mismo. Permite aplicar la máxima transparencia en la gestión del servicio e incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas.
En el marco legal español, para remunicipalizar los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes de cambio de forma de gestión de los servicios. Para la rescisión disponemos de 5 alternativas:
1. Vencimiento del contrato: En el momento de la finalización del contrato, abrir un expediente de cambio de forma de gestión en lugar de preparar una nueva licitación.
2. Rescate del servicio: Cancelación del contrato en cualquier momento por interés público, indemnizando a la parte privada con el beneficio industrial pactado por contrato pendiente de percibir y con el pago de las inversiones realizadas pendientes de amortizar.
3. Resolución por mutuo acuerdo: Se pacta con la empresa los términos de la finalización y se asegura que esta no utilice la vía contenciosa para defender sus intereses. Esta vía no es aplicable si la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales [17].
4. Incoación de expediente sancionador: En el caso de tener documentados los incumplimientos de las obligaciones contractuales, estamos obligados a abrir un expediente sancionador. En caso de faltas muy graves podremos rescindir el contrato sin derecho a indemnización.
5. Renuncia del contrato: En el caso que la empresa no obtenga los beneficios esperados y que el municipio no acepte una aplicación fraudulenta del mantenimiento del equilibrio económico financiero del servicio, la empresa puede renunciar al contrato y a sus derechos.
En los casos donde se deba indemnizar a la parte privada cabrá valorar cual es el tiempo de amortización de esta “inversión” con los ahorros que esperamos obtener con la municipalización.
En los expedientes de cambio de forma de gestión se debe realizar un proyecto con una memoria indicando cuál será la forma mediante la que se prestará la gestión directa. En este sentido, hay cuatro posibilidades de municipalización:
1. La propia entidad local es la que presta el servicio con personal propio.
2. Un organismo autónomo local es el que recibe el encargo y lo presta a partir de una transferencia del presupuesto del ente local al organismo que se auto-organiza con presupuesto y personal propio dentro del marco de la jurisdicción administrativa.
3. Una entidad pública empresarial es quien recibe la encomienda de gestión. Se trata de un organismo público con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio, con autonomía de gestión. Está adscrita a un ente local, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el mercantil en la actividad “empresarial”. Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, y tienen la capacidad de sancionar.
4. Una sociedad mercantil con capital 100% público recibe la encomienda. Se trata de una sociedad mercantil (SL o SA) con capital 100% público, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el derecho mercantil en la actividad “empresarial”. Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, pero no tiene la capacidad de sancionar.
Existen limitaciones para crear nuevos entes en municipios con plan de ajuste, quedando siempre abierta la posibilidad de prestar el servicio con personal propio. Respecto a la prohibición de contratar nuevo personal en el sector público, la ley de presupuestos de 2015 permite la contratación temporal de nuevo personal para la prestación de servicios básicos y para las necesidades urgentes e inaplazables, el caso de los servicios públicos municipales.
Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar.
Referencias
COLOMER, J. (2015), “Remunicipalització. Situació i oportunitats de remunicipalització dels serveis públics”, Conferencia municipalista CUP 2015, http://prezi.com/ertowa5sqo64/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share consultado el 13 de mayo de 2015.
Diputació de Barcelona (2014), “Anàlisi de serveis municipals mitjançant indicadors de gestió. Recull de conclusions dels serveis analitzats en els cercles de comparació intermunicipal. Resultats any 2012”, http://www.diba.cat/documents/446869/545c406a-bfbd-4a98-a6a3-632fdc718272 consultado el 13 de mayo de 2015.
LOBINA, E., KISHIMOTO, S. y PETITJEAN (2015), “Llegó para quedarse: La remunicipalización del agua como tendencia mundial”. Solidaridad Internacional-Andalucía y Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
Tribunal de Cuentas (2013), “Informe nº 1.010 de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011”, http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf, consultado el 13 de mayo de 2015.
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[1] Los únicos servicios que no son privatizables (de momento) son los que reportan ejercicio de autoridad, por ejemplo las policías municipales.
[2] Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (2014), 2 de diciembre, “Coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales”, http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/CosteServicios.aspx [13 de mayo de 2015].
[3] Seguridad, tráfico y vías públicas, vivienda y urbanismo, agua y alcantarillado, residuos, cementerio y alumbrado.
[4] Pensiones no de la seguridad social, servicios sociales, fomento del empleo.
[5] Sanidad, educación, cultura, deportes.
[6] Gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluyen también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.
[7] Según comunicación verbal del gerente de AEOPAS, el porcentaje de gestión privada del agua en el Estado Español está en el 53%, llegando en Catalunya hasta un 84% de la población, según dato de la plataforma “Aigua és vida”, “Gestió de l’aigua per municipis”, http://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#poblacio_gestio [13 de mayo de 2015].
[8] Unidad Editorial Conferencias y Formación (2011), “IV Encuentro Agua en Cataluña. Conozca la nueva política del agua y las infraestrucuras previstas”, https://plataformaaiguaesvida.files.wordpress.com/2011/11/programa-negocio-del-agua.pdf [13 de mayo de 2015].
[9] http://www.diba.cat/menugovernlocal/cci [13 de mayo de 2015].
[1o] No se evalúa el servicio de distribución de agua y en los servicios de atención domiciliaria no se recogen los datos de gestión directa/indirecta.
[11] Sobrecoste de la gestión privada del agua (Tribunal de Cuentas, 2013), donde además, las privadas, tienen un 30% más de pérdidas de red y un 15,5% menos de inversión.
[12] Sobrecoste de la gestión privada del agua en la región metropolitana de Barcelona respecto el coste de las empresas públicas que operan en la zona, http://www.aiguaesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#territori_preu [13 de mayo de 2015].
[13] http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_fxSSGDnKJVmHONf6iLM8g7yk0Y9ZIfJJDRl_c0KYT44 [13 de mayo de 2015].
[14] http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/09/agbar-la-universidad-politecnica-de-madrid-y-la-universitat-politecnica-de-catalunya-impulsan-proyectos-de-formacion/ [13 de mayo de 2015].
[15] http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Canal_Judicial/CGPJ/CGPJ_y_Fundacion_AGBAR_suscriben_convenio_para_formar_y_debatir_sobre_el_derecho_de_aguas [13 de mayo de 2015].
[16] En la práctica son mayores al recortar en gastos formalmente comprometidos, o incrementar ingresos previstos.
[17] Que es lo más habitual. Lo que no es tan habitual es que se haya realizado seguimiento, y menos aún, que se hayan documentado los incumplimientos.
dijous, 29 d’octubre del 2015
Suecia, camino de ser el primer país sin dinero en efectivo
Publicat a Tendencias 21
Las transacciones electrónicas sustituyen a las materiales, pero pueden dejar atrás a mayores y pobres
La popularidad de los servicios electrónicos de pago en Suecia va
camino de acabar con el papel y las monedas, según algunos expertos.
Asimismo, una prueba en Estados Unidos demuestra que el dinero
electrónico reduce el número de delitos. Sin embargo, acabar
definitivamente con los sistemas de pago materiales podría dejar atrás a
las personas mayores y a los pobres. Por Carlos Gómez Abajo.
Carlos Gómez Abajo , redactor de Tendencias21, es máster en periodismo (El País-UAM), Experto en... Saber más del autor
Suecia está en camino de convertirse en la primera sociedad sin
dinero del mundo, gracias a la pasión del país por las tecnologías,
según un estudio del KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo.
Niklas Arvidsson, investigador en economía industrial y gestión en KTH, dice que el abrazo generalizado y creciente del sistema de pago por móvil Swish, está ayudando a acercar el día en que Suecia reemplace el efectivo por completo.
"El efectivo es todavía un importante medio de pago en los mercados de muchos países, pero ya no es así en Suecia", dice Arvidsson en la información de KTH. "Nuestro uso del efectivo es pequeño, y está disminuyendo rápidamente."
En un país donde las tarjetas bancarias se utilizan habitualmente, incluso para las compras más pequeñas, hay menos de 80 millones de coronas suecas en circulación (aproximadamente 8 millones de euros), un fuerte descenso respecto a hace apenas seis años, cuando el total en circulación era de 106 millones de coronas.
"Y de esa cantidad, solamente entre el 40 y el 60 por ciento está en realidad en circulación regular", dice. El resto está apartado en los hogares y cajas de seguridad bancaria sde la gente, o circulando en la economía sumergida.
Resultado de la colaboración entre los principales bancos suecos y daneses, Swish es una aplicación de pago directo que se utiliza para las transacciones entre particulares, en tiempo real.
Pero si Swish comienza a ser utilizado a una escala más grande y crece para incluir transacciones al por menor y el comercio electrónico, Arvidsson dice que es probable que toda la infraestructura del sistema de pagos del país tenga que ser renovada.
Eso puede no ser tan prohibitivo como parece. Arvidsson dice que Swish ya está revolucionando el sistema bancario, que no es ajeno a los proyectos digitales audaces.
Con los sistemas de cheques digitales, servicios de pago electrónico temprano y otros avances en servicios financieros en línea, los bancos suecos han sido los primeros en adoptar sistemas avanzados de TI, dice.
"Combinado con un fuerte sector de TI, eso ha llevado a servicios financieros más competitivos en Suecia. El éxito también se basa en la tradición de los consumidores suecos de dar la bienvenida a los servicios de pago electrónico."
Sucursales 'digitales'
Además de la simplicidad y los menores costes, los pagos digitales también añaden transparencia al sistema de pagos de la nación. Varios bancos de Suecia ya tienen sucursales 100 por 100 digitalizada, que simplemente no aceptan dinero en efectivo.
"En las oficinas que sí manejan billetes y monedas, el cliente debe explicar de dónde viene el dinero, de acuerdo con las normas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo", dice. El personal del banco está obligado a presentar informes a la policía en caso de transacciones en efectivo sospechosas.
Niklas Arvidsson, investigador en economía industrial y gestión en KTH, dice que el abrazo generalizado y creciente del sistema de pago por móvil Swish, está ayudando a acercar el día en que Suecia reemplace el efectivo por completo.
"El efectivo es todavía un importante medio de pago en los mercados de muchos países, pero ya no es así en Suecia", dice Arvidsson en la información de KTH. "Nuestro uso del efectivo es pequeño, y está disminuyendo rápidamente."
En un país donde las tarjetas bancarias se utilizan habitualmente, incluso para las compras más pequeñas, hay menos de 80 millones de coronas suecas en circulación (aproximadamente 8 millones de euros), un fuerte descenso respecto a hace apenas seis años, cuando el total en circulación era de 106 millones de coronas.
"Y de esa cantidad, solamente entre el 40 y el 60 por ciento está en realidad en circulación regular", dice. El resto está apartado en los hogares y cajas de seguridad bancaria sde la gente, o circulando en la economía sumergida.
Resultado de la colaboración entre los principales bancos suecos y daneses, Swish es una aplicación de pago directo que se utiliza para las transacciones entre particulares, en tiempo real.
Pero si Swish comienza a ser utilizado a una escala más grande y crece para incluir transacciones al por menor y el comercio electrónico, Arvidsson dice que es probable que toda la infraestructura del sistema de pagos del país tenga que ser renovada.
Eso puede no ser tan prohibitivo como parece. Arvidsson dice que Swish ya está revolucionando el sistema bancario, que no es ajeno a los proyectos digitales audaces.
Con los sistemas de cheques digitales, servicios de pago electrónico temprano y otros avances en servicios financieros en línea, los bancos suecos han sido los primeros en adoptar sistemas avanzados de TI, dice.
"Combinado con un fuerte sector de TI, eso ha llevado a servicios financieros más competitivos en Suecia. El éxito también se basa en la tradición de los consumidores suecos de dar la bienvenida a los servicios de pago electrónico."
Sucursales 'digitales'
Además de la simplicidad y los menores costes, los pagos digitales también añaden transparencia al sistema de pagos de la nación. Varios bancos de Suecia ya tienen sucursales 100 por 100 digitalizada, que simplemente no aceptan dinero en efectivo.
"En las oficinas que sí manejan billetes y monedas, el cliente debe explicar de dónde viene el dinero, de acuerdo con las normas sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo", dice. El personal del banco está obligado a presentar informes a la policía en caso de transacciones en efectivo sospechosas.
Para todos
A pesar de su popularidad, Suecia todavía tendrá que asegurarse de que todas las personas sean capaces de participar en el nuevo sistema de pago, dice Arvidsson. La transformación presentaría serios desafíos para aquellos que no están familiarizados con los ordenadores y los teléfonos móviles -principalmente las personas mayores que viven en zonas rurales.
Otros segmentos de la población que pueden sentir el impacto son los inmigrantes sin hogar y en situación irregular. En una sociedad sin billetes y monedas, estarán aún más a merced de los sistemas del Gobierno para sobrevivir.
Que las sociedades sin efectivo se extiendan más allá de Suecia es otra cuestión. "Swish es una idea brillante, pero introducirla a nivel internacional es un reto, sobre todo porque se necesita mucho tiempo para cambiar los sistemas bancarios de otros países partiendo de cero. Pero no es imposible que una revolución bancaria basada en Swish también ocurra en el extranjero", dice Arvidsson.
Menos delitos en la calle
Un estudio publicado en 2014 por el Gobierno estadounidense demostró que cambiar el sistema de ayudas públicas de los cheques de papel a tarjetas de débito redujo el número de delitos callejeros, gracias a que se redujo el nivel de anonimato propio de las transacciones en efectivo.
"Nuestros resultados indican que la aplicación del programa se asocia con una reducción del 9,8 por ciento en la tasa global de delitos, incluidos robos y asaltos a casas", dice el coautor del estudio Volkan Topalli, profesor de criminología en la Universidad Estatal de Georgia (Atlanta, EE.UU.), en la nota de prensa de ésta. "También encontramos un menor número de arrestos por delitos no-de-drogas en las zonas donde se implementaron los pagos electrónicos."
"Nuestro estudio muestra que incluso una pequeña reducción de dinero en efectivo tiene un efecto positivo en la reducción de la delincuencia callejera," dice Topalli. "Eso es bueno. Pero la pregunta es: ¿cuál será el impacto de un futuro con aún más transacciones sin efectivo en los pobres, que hasta ahora han dependido en enorme medida del efectivo?"
A pesar de su popularidad, Suecia todavía tendrá que asegurarse de que todas las personas sean capaces de participar en el nuevo sistema de pago, dice Arvidsson. La transformación presentaría serios desafíos para aquellos que no están familiarizados con los ordenadores y los teléfonos móviles -principalmente las personas mayores que viven en zonas rurales.
Otros segmentos de la población que pueden sentir el impacto son los inmigrantes sin hogar y en situación irregular. En una sociedad sin billetes y monedas, estarán aún más a merced de los sistemas del Gobierno para sobrevivir.
Que las sociedades sin efectivo se extiendan más allá de Suecia es otra cuestión. "Swish es una idea brillante, pero introducirla a nivel internacional es un reto, sobre todo porque se necesita mucho tiempo para cambiar los sistemas bancarios de otros países partiendo de cero. Pero no es imposible que una revolución bancaria basada en Swish también ocurra en el extranjero", dice Arvidsson.
Menos delitos en la calle
Un estudio publicado en 2014 por el Gobierno estadounidense demostró que cambiar el sistema de ayudas públicas de los cheques de papel a tarjetas de débito redujo el número de delitos callejeros, gracias a que se redujo el nivel de anonimato propio de las transacciones en efectivo.
"Nuestros resultados indican que la aplicación del programa se asocia con una reducción del 9,8 por ciento en la tasa global de delitos, incluidos robos y asaltos a casas", dice el coautor del estudio Volkan Topalli, profesor de criminología en la Universidad Estatal de Georgia (Atlanta, EE.UU.), en la nota de prensa de ésta. "También encontramos un menor número de arrestos por delitos no-de-drogas en las zonas donde se implementaron los pagos electrónicos."
"Nuestro estudio muestra que incluso una pequeña reducción de dinero en efectivo tiene un efecto positivo en la reducción de la delincuencia callejera," dice Topalli. "Eso es bueno. Pero la pregunta es: ¿cuál será el impacto de un futuro con aún más transacciones sin efectivo en los pobres, que hasta ahora han dependido en enorme medida del efectivo?"
dimecres, 28 d’octubre del 2015
Cambio tecnológico y consumo de recursos de los hogares . El efecto rebote
Article de Jaume Freire publicat a les pg. 208-212 del informe Cambio Global en España 2020-2050
Jaume Freire González.
Doctor en Economía Aplicada por la UAB. Trabaja como investigador y consultor
en áreas relacionadas con la economía ecológica y la economía ambiental, así
como la modelización económico-ambiental. Actualmente es consultor sénior en ENT
Environment and Management.
Desde diversas disciplinas se argumenta que un crecimiento
económico ilimitado resulta insostenible y choca con los límites biofísicos del
planeta. Frente a estas argumentaciones, el desarrollo del progreso tecnológico
ha sido considerado, por parte de determinados sectores, como la solución a
este problema, justificando así la perpetuación de este modelo basado en un
crecimiento continuo de la producción. Esta visión considera que el desarrollo
de nuevas tecnologías ahorradoras de recursos posibilitaría un menor uso de
recursos naturales para sostener los mismos niveles de bienestar material, ya
que mejoraría la productividad de los factores, recursos y procesos,
incrementando la eficiencia en su uso.
A pesar de que ésta es una proposición irrefutable en un
marco matemático-ingenieril, existen dudas sobre su validez a otros niveles de
análisis, como sería un nivel socioeconómico. Existe suficiente evidencia del
hecho de que, a pesar del gran desarrollo tecnológico experimentado y de que
las mejoras en eficiencia en el uso de recursos han sido constantes desde el
incipiente pre-capitalismo, el consumo global de recursos no ha parado de
crecer desde entonces.
Un destacado estudio de Fouquet y Pearson muestra la
evolución de la demanda de energía para iluminación y el progreso que ha
seguido su tecnología a lo largo de siete siglos.1 Este estudio muestra cómo
cada introducción de una nueva tecnología (candelabros medievales, lámparas de
aceite, lámparas de gas, lámparas eléctricas…) mejoraba la eficiencia
energética, pero a la vez el consumo global de energía se incrementaba de
manera espectacular. A pesar de que las luces eléctricas actuales son unas 700
veces más eficientes que las lámparas de aceite del siglo XVIII, el consumo medido
en lúmenes-hora per cápita es unas 6.500 veces mayor.
Ante la constatación de un consumo cada vez mayor de
recursos, cabe preguntarse cuál es el papel que juega el progreso tecnológico
sobre las presiones que la sociedad, mediante el consumo, ejerce sobre el medio
ambiente.
Son diversos los aspectos a considerar para entender la
inefectividad del desarrollo tecnológico para reducir el consumo de recursos. A
continuación se analizan las principales causas sugeridas por la literatura.
Las paradojas de la
tecnología y el consumo de recursos
En lo referente a las medidas tecnológicas y el consumo de
energía, los estados han implementado políticas de mejora de la eficiencia
energética para reducir su consumo e impactos, en términos de agotamiento de
recursos (o dependencia energética) y emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, el consumo energético no ha parado de crecer.
Hay que considerar diversos factores para comprender este
hecho. Éstos pueden agruparse, como mínimo, en dos paradojas: la Paradoja de la
eficiencia energética y la Paradoja de Jevons.
La Paradoja de la
eficiencia energética
Esta paradoja se refiere al hecho de que, a pesar de las
supuestas ventajas en términos económicos y ambientales de las medidas de
ahorro y la eficiencia energética, los niveles de inversión en ellas no llegan
al nivel que correspondería por los beneficios potenciales que conllevan. Es
decir, existen barreras prácticas a la extensión e introducción de muchas
medidas tecnológicas de eficiencia y ahorro energético. Linares y Labandeira
argumentan cómo las posibles causas de esta paradoja podrían estar tanto en los
fallos del mercado como en la falta de consideración de los aspectos
relacionados con el comportamiento humano y social.2 Las causas que citan son
las siguientes:
- Falta de rentabilidad por los precios: los precios de las tecnologías y energías convencionales no suelen reflejar muchos de sus costes (es el caso de las externalidades ambientales y sociales ignoradas por los mecanismos de mercado o de las infraestructuras subvencionadas estatalmente), frenando la inversión en medidas de ahorro y eficiencia por falta de rentabilidad.
- Costes de inversión más elevados de lo esperado. En este aspecto, también hay costes “ocultos” (menor nivel o calidad del servicio energético).
- Incertidumbre e irreversibilidad de las inversiones: la incertidumbre de los precios energéticos dificulta las decisiones de inversión y, además, las inversiones en eficiencia energética a menudo resultan difíciles de recuperar, si éstas finalmente resultan innecesarias o no rentables.3
- Fallos de información (incluida la información asimétrica, imperfecta o miope): la falta de información o la disponibilidad de información sesgada provoca que los consumidores no puedan tomar siempre las decisiones más racionales.
- Racionalidad limitada: incluso con la mejor información disponible, los consumidores no pueden (o no están interesados en) realizar todos los cálculos necesarios para tomar la mejor decisión.
- Lentitud de la difusión tecnológica: los procesos de difusión tecnológica son lentos, en parte debido a la incertidumbre y la heterogeneidad de los consumidores.4
- Problema del agente-principal: sucede cuando el agente que paga la inversión no recibe los beneficios derivados de ella. Por ejemplo, para las inversiones en aislamiento térmico de los hogares esto sucedería si el inversor (propietario) no es el mismo que paga la factura de electricidad (inquilino).5
- Imperfecciones de los mercados de capital: en determinados casos, y para algunos segmentos de la población, existe una dificultad de acceso a una adecuada financiación de este tipo de medidas.
- Heterogeneidad de los consumidores: algunas medidas que para determinados consumidores pueden resultar rentables no lo resultan para otros, si no hacen el mismo uso de éstas.6
- Divergencia entre las tasas sociales de descuento y las privadas: esto también sucede con otro tipo de inversiones y haría que, a pesar de que socialmente las medidas fueran muy beneficiosas, no se considerara así a nivel privado.
La Paradoja de Jevons
Esta paradoja está relacionada con la eficacia real que
tienen las medidas tecnológicas ahorradoras de recursos. Es un hecho empírico
que las nuevas tecnologías ahorradoras de energía no producen el ahorro
energético que inicialmente habían previsto los cálculos ingenieriles. Incluso,
en determinados casos, el consumo de energía una vez implementada la medida
podría resultar mayor que el consumo inicial.7
Efecto rebote es el término utilizado para describir el
conjunto de mecanismos que hacen que una mejora de la eficiencia energética no
reduzca el consumo de energía como se esperaba, o incluso acabe
incrementándolo, ya sea de manera individual o agregada.8 Esto es debido al
comportamiento de los consumidores ante el menor coste de proveer un servicio
energético que supone una mejora de la eficiencia energética. El efecto se
traduce en más horas de utilización del servicio energético, más consumidores
utilizándolo o en una mayor calidad del mismo. Cuando el consumo final de
energía resulta mayor que el inicial, se cumpliría el Postulado de
Khazzoom–Brookes8c o la Paradoja de Jevons.
Para el caso del aislamiento térmico en los hogares, una vez
instalada la medida los consumidores detectarían una reducción de la factura
energética, obteniendo el mismo confort térmico. Esto provocaría que
determinados hogares decidieran incrementar la superficie o número de
habitaciones con calefacción/refrigeración, las horas de utilización del
servicio, o acceder a un servicio de mayor calidad, al que anteriormente no
podían acceder por cuestiones económicas, compensando parte o toda la reducción
de consumo energético. El efecto sobre la demanda del propio servicio
energético es conocido como efecto rebote directo. En la tabla siguiente se
muestra el efecto rebote directo que podría producirse sobre diversos servicios
energéticos en los hogares tras la instalación de un aislamiento térmico.
Por otra parte, aunque los usuarios/as decidieran no
incrementar el uso del servicio energético mejorado, la mejora provocaría un
ahorro monetario neto, el cual se destinaría a consumir nuevos bienes y
servicios, cuya producción a su vez requeriría más consumo de energía,
incrementando de manera indirecta el consumo energético global.9 Esto es
conocido como efecto rebote indirecto. La energía utilizada en el proceso de
fabricación e implementación de las medidas (conocido como contenido energético
de las medidas) también formaría parte del efecto rebote indirecto.
Estimaciones del
efecto rebote directo por usos finales del sector doméstico en los EEUU
 |
El porcentaje
representa la parte de ahorro de energía esperado (por aplicación de una mejora
de la eficiencia) que no se haría efectivo. Fuente: Greening, L.
A. et al (2000): “Energy efficiency and consumption - The rebound effect - A
survey”, Energy Policy 28.
|
Respecto a estos efectos indirectos, diversos estudios
muestran, dentro de rangos dispares, un peso importante en el consumo
energético total en edificios.10 Una revisión de literatura de 60 casos de
estudio mostró que la proporción del contenido energético en el ciclo de vida
de los materiales empleados en su construcción, respecto al consumo total de
energía en edificios a lo largo de su vida útil, era de entre un 9% y un 46%
para aquellos de bajo consumo energético, y de entre un 2% y un 38% para
edificios convencionales.11 Otros estudios similares muestran datos dispares de
tiempo de recuperación de las inversiones en términos energéticos, desde
inferiores a un año12 hasta 15 años aproximadamente.13 Por otro lado, a nivel
de la UE, un estudio muestra cómo ni en 100 años de vida útil podría
recuperarse el contenido energético de las medidas aplicadas a los edificios de
bajo consumo, a partir de los ahorros energéticos operacionales obtenidos.14
Las implicaciones del
efecto rebote
Más a largo plazo, una mejora de la eficiencia energética
produciría ajustes en precios, cantidades, salarios y otras variables
macroeconómicas que llevaría a una nueva situación de equilibrio a toda la
economía, con otro consumo agregado de energía, que podría ser mayor o menor
que el inicial, en función de multitud de factores. Esto se conoce en la
literatura como economy-wide effects (efectos sobre toda la economía).
A pesar de que para este ámbito todavía hay cierta escasez
de literatura empírica, por las mayores dificultades metodológicas que supone
estimar los efectos sobre toda la economía, algunos estudios sugieren que las
mejoras podrían llevar a un incremento en el consumo de energía (a mayor
productividad de la energía, más crecimiento económico, propiciando una
economía “mayor”, y por lo tanto mayores necesidades energéticas globales).15
La existencia del efecto rebote es ampliamente aceptada por
los economistas que tratan temas de energía, y la evidencia empírica existente
así lo corrobora. La principal controversia radica en el tamaño real del mismo
y la identificación de las fuentes que lo provocan.9c,e Algunos sostienen que
el efecto rebote es menor del 100%, produciendo un ahorro neto de energía
(aunque menor del esperado), mientras que otros sostienen que es mayor del
100%, produciéndose lo que se denomina backfire y cumpliéndose la Paradoja de
Jevons, es decir, que el consumo de energía se incrementa ante una mejora de la
eficiencia energética.
A pesar de la controversia y la poca evidencia existente,
diversos estudios9c,e han concluido que, en general, el efecto rebote directo
sería más elevado para aquellos servicios energéticos que están lejos de ser
saciados, es decir, donde hay más margen de incremento de su consumo. También
lo sería para aquellos países menos industrializados y para aquellos segmentos
de población con menor renta, ya que aprovecharían la reducción del coste de
los servicios para incrementar su consumo, mejorando su bienestar personal.
En el caso español, sólo existen estimaciones del efecto
rebote producido por las mejoras de eficiencia energética en los hogares para
Cataluña. El efecto rebote directo en el caso del uso de electricidad en los
hogares se estima que sería del 36%-49%,16 mientras el efecto rebote directo e
indirecto estáticos podrían llegar al 56%-65%;17 tendría que considerarse la
posibilidad de un efecto rebote mayor en un contexto dinámico y de mayor
productividad energética a largo plazo, con la posibilidad de backfire.
Políticas de
eficiencia, crecimiento económico y desmitificación del cambio tecnológico
A pesar de que el progreso tecnológico mediante la
eficiencia energética puede contribuir a reducir el consumo de recursos
naturales y las emisiones contaminantes y a luchar contra el cambio climático,
resulta conveniente una mayor comprensión de las complejas relaciones
existentes entre el desarrollo tecnológico, los sistemas socioeconómicos y las
presiones medioambientales.
Por una parte, hay barreras a la introducción de las medidas
que mejoran la eficiencia, a las que hay que hacer frente, pero adicionalmente,
como se ha mostrado, determinadas tecnologías ahorradoras de recursos tienen
potenciales efectos adversos, en particular a causa del efecto rebote. Este
efecto rebote es raramente tenido en cuenta en los análisis oficiales sobre los
ahorros energéticos potenciales de las mejoras de la eficiencia energética y en
las decisiones políticas. Una excepción es la política del Reino Unido para
mejorar el aislamiento térmico de los hogares,18 la cual incluye un 15% de
reducción de los ahorros energéticos esperados de las medidas de aislamiento en
los edificios para contabilizar el efecto rebote directo.
No considerar el efecto rebote hace que las políticas de
mejora de eficiencia pierdan efectividad. Sería necesario, en la concepción e
implementación de la política energética, que estas fueran acompañadas de
medidas complementarias que evitaran el efecto rebote. Estas serían una mezcla
de medidas de sensibilización, normativas específicas y medidas de fiscalidad
ambiental orientadas a compensar la reducción de coste que supone la mejora de
eficiencia. Dado que el efecto rebote indirecto en los hogares supone una
propagación hacia el sistema productivo, también sería necesario actuar sobre
sus consumos energéticos. Todas estas medidas irían destinadas a la regulación
sobre los estilos de vida, un factor clave para la limitación del efecto
rebote. Finalmente, cabría preguntarse si es posible, en este contexto,
mantener un crecimiento económico ilimitado.
1. Fouquet,
R. y Pearson, P. (2006): “Seven centuries of energy service: the price and use
of light in the United Kingdom (1300–2000)”, The Energy Journal 27 (1).
2. Linares,
P. y Labandeira, X. (2010): “Energy efficiency: economics and policy”, Journal
of Economic Surveys 24 (3).
3. Metcalf,
G.E. (1994): “Economics and rational conservation policy”, Energy Policy 22.
4. Jaffe,
A.B. y Stavins, R.N. (1994): “The energy paradox and the diffusion of
conservation technology”, Resource and Energy Economics 16.
5. Según varios autores, este factor afecta a alrededor de
un tercio de la demanda residencial energética en EEUU (Murtishaw, S. y
Sathaye, J. (2006): “Quantifying the effect of the principal–agent problem on
US residential energy use”, LBNL-59773 Rev).
6. Hausman,
J.A. (1979): “Individual discount rates and the purchase and utilization of
energyusing durables”, Bell Journal of Economics 10.
7. a)
Jevons, W. S. (1865): “The coal question”, Macmillan and Co; b) Brookes, L. G.
(1979): “A low energy strategy for the UK”, en Leach, G. et al.: “A review and
reply”, Atom 269; c) Saunders, H. (1992): “The Khazzoom-Brookes Postulate and
neoclassical growth”, Energy Journal 13 (4).
8. a)
Brookes, L. G. (1978): “Energy policy, the energy price fallacy and the role of
nuclear energy in the UK”, Energy Policy 6; b) Khazzoom, J. D. (1980):
“Economic Implications of mandated efficiency standards for household
appliances”, Energy Journal 1; c) Greening, L. A. et al (2000): “Energy efficiency
and consumption - The rebound effect - A survey”, Energy Policy 28; d)
Binswanger, M. (2001): “Technological progress and sustainable development:
what about the rebound effect?”, Ecological Economics 36 (1); e) Sorrell, S.
(2007): “The rebound effect: an assessment of the evidence for economy-wide
energy savings from improved energy efficiency”. UK Energy Research
Centre, october 2007.
9. Los usuarios también podrían incrementar el consumo de
los productos que ya consumían, o ahorrar más, lo cual incrementaría el
consumo, aunque lo podría dilatar en el espacio o en el tiempo, a través de los
productos financieros.
10. La disparidad de los resultados mostrados es debida a la
diferencia de los ámbitos analizados, los materiales empleados, las
metodologías de estimación y la poca evidencia empírica existente en el área de
análisis.
11.
Sartori, I. y Hestnes, A. G. (2007): “Energy use in the life-cycle of
conventional and low-energy buildings: a review article”, Energy and Buildings
39.
12. Feist,
W. (1996): “Life-cycle energy balances compared: low energy house, passive
house, selfsufficient house”, Proceedings of the International Symposium of CIB
W67; Winther, B. N. y Hestnes, A. G.. (1999): “Solar versus Green: the analysis
of a Norwegian row house”, Solar Energy 66(6).
13. Royal
Commission on Environmental Pollution (2007): “The Urban Environment”, London.
14. Casals,
X. G. (2006): “Analysis of building energy regulation and certification in
Europe: their role, limitations and differences”, Energy and Buildings 38.
15.
Semboja, H.H.H. (1994): “The effects of an increase in energy efficiency on the
Kenyan economy”, Energy Policy March 1994; Glomsrød, S. y Taojuan, W. (2005):
“Coal cleaning: a viable strategy for reduced carbon emissions and improved
environment in China?”, Energy Policy 33; Hanley, N.D. et al (2006): “The
impact of a stimulus to energy efficiency on the economy and the environment: a
regional computable general equilibrium analysis”, Renewable Energy 31.
16.
Freire-González, J. (2010): “Empirical evidence of direct rebound effect in
Catalonia”, Energy Policy 38.
17.
Freire-González, J. (2011): “Methods to empirically estimate direct and
indirect rebound effect of energy-saving technological changes in households”,
Ecological Modelling 223.
18. Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales del Reino Unido (2007): “Consultation document: energy, cost and carbon
savings for the draft EEC 2008 - 11 illustrative mix”.
diumenge, 25 d’octubre del 2015
Nobel de Economía 2015: “Las crisis están creadas para beneficiar a los ricos” (ENTREVISTA)
Entrevista publicada a r-evolucion.es
Este economista es la voz más respetada del mundo en algo mucho más fácil de entender, y más próximo, que la prima de riesgo: cómo va a afectar la crisis al bienestar del ciudadano de a pie. Mientras media europa mira con temor el futuro, nos citamos con el reciente premio fundación bbva para charlar del euro, los recortes y, por qué no, de si de verdad el dinero da la felicidad.
Angus Deaton ha sido galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas de 2015 por sus trabajos sobre desigualdad. Hace apenas tres años, XL Semanal publicaba una entrevista con Deaton en la que exponía sus ideas.
En tiempos de crisis, ejércitos enteros de economistas y gurús de las finanzas se afanan en descifrar las claves del déficit, la ciencia detrás de la prima de riesgo o los daños colaterales de las políticas de austeridad. Mientras sus colegas se detienen en los grandes números, el economista británico Angus Deaton se ha convertido, desde su cátedra en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey), en la voz más respetada del mundo sobre los efectos que la crisis tendrá en algo más sencillo, pero probablemente más importante: el bienestar. Su método no consiste en escudriñar los mercados en busca de respuestas encriptadas, sino en hacer preguntas sencillas: «¿Cómo te va la vida? ¿Experimentaste tristeza o alegría ayer?». De las respuestas nació un estudio, firmado junto al premio Nobel Daniel Kahneman, que en 2010 cifró en 75.00o dólares anuales el salario perfecto para alcanzar la felicidad. A partir de esa cifra, cree Deaton, este estado de ánimo no crece de forma exponencial. Dicho de otro modo, por si a alguien le consuela, las astronómicas remuneraciones de ciertos ejecutivos no les hacen mucho más felices, por mucha satisfacción y otras sensaciones positivas que estas les proporcionen. Eminencia mundial en la medición del bienestar y la pobreza, Angus Deaton atendió a XLSemanal en su casa victoriana de Princeton para hablar de la crisis, el futuro del euro, cómo combatir el desempleo y de sí, también la felicidad.
XLSemanal. ¿España va a salir del euro?
Angus Deaton. Los países periféricos, como España y Grecia, estarían en una situación mejor si el euro nunca hubiese existido. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer, las consecuencias serían terribles y nadie quiere eso. En Grecia, por ejemplo, la mayoría no quiere abandonar el europorque garantiza cierta estabilidad política, pero al mismo tiempo no quieren que la señora Merkel les diga lo que deben hacer. Por otro lado, es difícil imaginar la zona euro sin España. La pregunta del millón, de la que nadie tiene la respuesta, es si puedes coger un país grande como España y sacarlo del euro sin que el resto se derrumbe. Cualquier intento de romper la moneda única sería muy destructivo y haría parecer lo que está pasando ahora como una fiesta. Podría generar una depresión en toda Europa.
XL.Vivimos en la era de la austeridad. ¿Abrocharse el cinturón es la única manera de salir de la crisis?
A.D. Mi instinto siempre ha sido estar en contra de la austeridad, pero ya no estoy tan convencido. Cuando era joven y Margaret Thatcher era primera ministra del Reino Unido, su programa de austeridad nos pareció terrible, pero está claro que a largo plazo funcionó. Por un lado, la austeridad está empeorando la situación, pero teniendo en cuenta que países como España o Grecia están encerrados en el euro no sé si hay otra salida.
XL.Las medidas de austeridad, en todo caso, no parecen apaciguar a los mercados, más bien al contrario. ¿Por qué?
A.D. Es difícil saberlo. Lo que la mayoría de la gente dice sobre el funcionamiento de los mercados no tiene sentido. Decir que la Bolsa ha subido hoy porque ha sucedido tal cosa es un cuento chino. Al día siguiente ocurre lo mismo y se hunde. Y hay buenas razones para que así sea. Si los mercados fueran predecibles, sería más fácil hacerse rico.
XL. ¿Hay alguna buena noticia en la situación actual?
A.D. Sí, pero a largo plazo. En el futuro se tendrá más cuidado con las soluciones tecnocráticas. En el Reino Unido, y sé que en Francia es igual, los altos funcionarios del Estado son los mejores y los más listos del país. Pero acumulan mucho poder porque, cuando un gobierno se va y entra otro ellos se quedan. En cierta forma, son quienes gobiernan el país. Conozco a muchos porque coincidí con ellos en Cambridge y ahora son todos lord o sir. El problema es que esa gente no es escogida democráticamente y pueden acumular un poder enorme que les permite gestionar el mercado común o construir el euro. La democracia debe estar por delante.
XL. ¿Poner un tecnócrata al frente del Gobierno, como sucede en Italia, puede ser una solución de emergencia?
A.D. Es una situación terrible, pero a veces no hay otra opción. Es irónico, porque los países periféricos, como España o Grecia, estarían en una situación mejor si el euro nunca hubiese existido, pero para ser justos hay que decir que fueron ellos los que más interés, por razones políticas, tenían en entrar en el euro.
XL. Liberalizar el mercado laboral y flexibilizar el despido son las recetas que nos venden para salir de la crisis. ¿De verdad se puede combatir así el paro?
A.D. La historia nos enseña que a los mercados les gustan ese tipo de medidas porque estimulan el crecimiento. En Estados Unidos es muy fácil despedir a alguien y, como resultado, el mercado laboral produce muchos puestos de trabajo. La pregunta es si es mejor un país cuyas tasas de desempleo oscilan entre el 15 y el 20 por ciento pero en donde los que trabajan tienen un puesto seguro, o un país con un 5 por ciento de paro en el que los trabajos no sean tan seguros. Yo apostaría por el modelo americano.
XL. La pregunta del millón: ¿cuándo saldremos de esta?
A.D. Históricamente, la salida de las crisis es muy lenta. Y no sé si los legisladores pueden acelerar ese proceso. Por otra parte, habrá una recuperación. El mundo no está derivando a una situación de depresión permanente. Puede que empeore más antes de mejorar, pero hay que ser optimistas. Hemos estado aquí antes, hemos vivido etapas de austeridad y, al de un tiempo, la gente se olvida y el mundo se recupera. En 2016 estaremos mucho mejor y en 2020 la crisis será un episodio histórico más.
XL.¿Y volveremos a vivir como vivíamos en 2008?
A.D. Eso creo. Aunque desde la II Guerra Mundial el crecimiento en los países ricos ha disminuido década tras década. Cuando yo era pequeño, vivíamos mejor que nuestros padres, mientras que para los jóvenes esa regla ya no se cumple. Lo más preocupante es la distribución entre la clase media, porque ahí es donde ha habido menos crecimiento en los últimos 40 años. Las familias tienen más ingresos porque las mujeres también llevan dinero a casa. Pero ¿qué significa eso? Que las ganancias han crecido, pero trabajamos mucho más para vivir igual.
XL. ¿Qué lección deberíamos aprender de esta crisis?
XL. ¿Quién saldrá ganando de esta crisis?
A.D. Las crisis están diseñadas para beneficiar a los ricos ya que gracias a ellas les resulta más fácil reescribir las normas. Por eso, en EE.UU. la reforma educativa no avanza, porque sus hijos van a universidades privadas. Lo mismo con la sanidad. En crisis estas cosas siempre van a peor.
XL. Ya que lo menciona, ¿es sostenible la sanidad pública?
A.D. La gente no es consciente de lo que cuesta una sanidad pública universal. El copago es una buena idea. Sin él los médicos pueden acabar convertidos en trabajadores sociales: si estás triste, vas a la consulta a que te escuchen. No se trata de dejarla en manos del mercado, pero quizá tampoco sea viable hacer un trasplante de corazón a una persona de 96 años. XL. Como experto en microeconómica, ¿qué recetaría para sobrevivir a la crisis?
A.D. Es una época ideal para retomar estudios, mejorar conocimientos o cambiar de carrera y explorar aquel oficio que siempre te interesó. También es una gran oportunidad para nuevas ideas y la gente que apuesta por ellas. Otra opción es trabajar para una ONG en un país pobre o viajar. El éxito material va a ser un bien escaso por un tiempo, por eso hay que concentrarse en cosas como hacer amigos o las relaciones personales. Hay más cosas en la vida que el triunfo material.
A.D. Que no podemos dejar que los banqueros se autorregulen. La desregularización de las instituciones financieras que se llevó a cabo durante la era Clinton fue un gran error. Todos pensamos que era una buena idea [se ríe]. Eso ilustra lo poco que sabemos. Larry Summers, el precursor de la abolición de la Ley Glass-Steagall [que separaba las actividades de la banca comercial y la de inversión], es uno de los economistas más respetados y uno de los hombres más inteligentes que conozco. Lo hizo porque, como el 99 por ciento de los economistas, pensó que era lo correcto. Pero estábamos equivocados.
XL. Movimientos como el 15-M u Occupy Wall Street afirman que el capitalismo es un sistema fallido. ¿Qué dice a eso?
A.D. ¿Cuál es la alternativa? ¿El comunismo? El problema siempre es el mismo: alcanzar el grado óptimo de interferencia del Estado en la economía. En cierta forma, Occupy Wall Street y el Tea Party son dos respuestas polarizadas al mismo problema. Ambos grupos se sienten atacados por el sistema, aunque sus soluciones son muy diferentes. En todo caso, es una buena noticia que la ciudadanía se movilice, porque eso es lo contrario a que los millonarios arreglen las cosas entre si en la trastienda.
XL. Una frase suya: «Como economista tiendo a pensar que el dinero es bueno para las personas y me alegra encontrar una evidencia de que así es». ¿Temía que no la hubiera?
A.D. Todo el mundo está de acuerdo en que, si eres muy pobre, el dinero importa. La duda surge cuando tienes suficiente para sobrevivir. La versión macroeconómica de «el dinero es bueno para las personas» es el crecimiento, pero la cuestión es: ¿mejora nuestra vida o está matando el planeta y haciendo que la gente compita para vivir mejor que su vecino? Los economistas creemos que el dinero es bueno y que, cuanto más ganas, mejor vives. No encontramos un límite a esa regla. Además, sería muy arrogante pensar que vivimos mejor que nuestros padres, pero que, por alguna razón, eso debería cambiar para nuestros hijos.
XL. Sin límites, ¿el crecimiento puede ser sostenible?
A.D. En el pasado hubo muchas predicciones pesimistas sobre el crecimiento poblacional. Cuando había 3000 millones en el planeta, se decía que cuando alcanzáramos los 5000 sería un desastre. La gente que predicó aquello se equivocó. El mundo se ha adaptado. Cuanta más gente haya, más buenas ideas habrá para mejorar el mundo. No creo que sea accidental que los países que han tenido más éxito en los últimos 30 años sean también los más grandes: China, la India, Brasil…
XL. Decía que hay evidencias sobre que el dinero es bueno para las personas…
A.D. Sí, cuando le pides a alguien que evalúe su vida de cero a diez y comparas el resultado con sus ingresos, ves que la gente que más gana está más arriba en esa escala.
XL. También sostiene que el consumo es clave para el bienestar. ¿Por qué?
A.D. El bienestar puede tener muchas traducciones: una es la cantidad de cosas que tienes o lo que gastas. Eso cubre el aspecto material. Luego están la salud, la política, la participación social y cómo te sientes. Un debate interesante es saber hasta qué punto deberían los legisladores preocuparse por estos asuntos. Por ejemplo, ¿deberían los políticos en España estar preocupados por si sus ciudadanos son felices?
XL. ¿Y cuál es la respuesta?
A.D. Bueno, es lo que piensa David Cameron, quien dice que se debe mirar más allá del dinero o las tasas de paro y reparar más en el bienestar. Sarkozy opinaba lo mismo.
XL. ¿Y no lo dirán porque es época de apretarse el cinturón?
A.D. Suena sospechoso predicar la austeridad y, al mismo tiempo, decir: «El dinero no lo es todo». Pero hay un argumento válido detrás. La cuestión es decidir si la felicidad es todo lo que importa. Hay quien afirma que es así, pero no tiene sentido. Está bien ser feliz, pero no a cualquier precio.
XL. Algunos de sus estudios sugieren que el dinero compra la felicidad. ¿Es así?
A.D. No compra la felicidad, sino la evaluación vital. Si te pido que valores tu vida, pensarás en tu educación, tu trabajo o tu estatus social. Podrías estar muy triste y, aun así, dar una respuesta positiva. Pero si te pregunto si ayer fuiste feliz, esa es una emoción diferente. Ese tipo de felicidad no es sensible al dinero, a menos que vivas en la miseria.
XL. Sostiene que el 85 por ciento de las personas a las que se les pregunta si fueron felices el día anterior dicen que sí. ¿Vivimos en una sociedad feliz?
A.D. Tenemos una población feliz, sí. Y cuando vas a los países más pobres, esos números son parecidos.
XL. Afirma que la cooperación puede causar más perjuicios que beneficios a los países pobres. ¿Por qué?
A.D. En muchos países de África, gran parte de las arcas públicas están financiadas por la ayuda exterior. Los gobiernos viven de eso y no se esfuerzan por recaudar impuestos. La responsabilidad con los ciudadanos se anula. Eso jamás dará lugar a crecimiento económico o a la reducción de la pobreza a largo plazo.
XL. Es un experto en mediciones de pobreza. ¿Cómo se establece si una persona es pobre o no?
A.D. Decidir si vivir con un dólar al día es pobreza es algo muy arbitrario. Una leve variación y, de un plumazo, 300 millones de personas dejan de ser pobres. La cantidad de gente que vive en situación de pobreza es menos relevante que si esa cifra sube o baja. Y está bajando muy rápido por el empuje de la India y China.
XL. ¿La idea de erradicar la pobreza es real o una mera entelequia?
A.D. No acepto la premisa de la pregunta. La pobreza ha sido erradicada en muchos países. No hay nadie en EE.UU. o España que viva con un dólar al día.
XL. Eso no quiere decir que no sean pobres…
A.D. Pero no es el tipo de pobreza de un dólar al día. Ese tipo de miseria es más difícil de eliminar; significa estrechar la distribución de la riqueza. En todo caso, el crecimiento ha permitido sacar a gran parte del mundo de la indigencia. Esa es la respuesta; si es que existe una. Lo ha sido históricamente.
Nobel de Economía 2015: “Las crisis están creadas para beneficiar a los ricos”
divendres, 23 d’octubre del 2015
Barcelona empieza a perfilar su polémica moneda local
Article publicat a La vanguardia
El Ayuntamiento de Barcelona se ha fijado el próximo medio año para llevar a cabo los trabajos de divulgación y diseño de la futuramoneda local para Barcelona, que podría quedar definida en primavera. Una controvertida herramienta –que cuenta con la oposición del Banco de España, que hace unos meses la calificó de "imposible además de indeseable"– cuyo objetivo principal será la promoción económica de los pequeños y medianos comercios y en cuyo borrador de contenidos parece que están trabajando especialistas de la Universitat Pompeu Fabra. De entrada, se trabaja con un concepto de moneda digital, más operativo y menos caro que la moneda papel que, entre otras funciones, sirva a ciudadanos y comerciantes para comprar y vender y que el dinero se quede en la ciudad.
Actualmente existen multitud de modelos de monedas locales en el mundo, aunque el Ayuntamiento barcelonés se ha fijado en proyectos de éxito como el de Bristol (Inglaterra), Nantes (Francia) o Cerdeña (Italia), cada uno con su idiosincrasia, como punto de partida para la elaboración de un modelo propio. Sin embargo, son conscientes de que antes de hablar de modelo a los comerciantes, los principales implicados, habrá que explicarles en qué consiste y qué ventajas les aportará. "Vamos a abrir un proceso pedagógico en Barcelona para ver qué modalidad se puede implantar, explicar las propuestas que hay funcionando en estos momentos y crear el contexto para que pueda prosperar. Es un proceso a medio plazo que la sociedad tiene que hacer- se suyo y la administración dar su apoyo", explica el comisionado de Comercio, Miquel Ortega, consciente de que todavía no cuentan con el favor del sector comercial, muy ajeno a este tipo de iniciativas. Fuentes consultadas de Hacienda y el Banco de España no quisieron ayer efectuar comentarios ayer sobre la iniciativa. La falta de concreción de la propuesta la sitúa en una suerte de limbo legal. La ausencia de intermediarios de tipo financiero en el proyecto y la incertidumbre sobre su alcance hacen inicialmente difícil su abordaje.
Ajeno a esta situación, el Ayuntamiento continúa trabajando en su moneda –cuyo nombre se elegirá mediante un proceso participativo– será digital y se operará a través de tarjetas tipo monedero electrónico o dispositivos móviles. La moneda física sólo se prevé desde un punto de vista simbólico e incluso como souvenir para los turistas, a los que no se descarta como futuros usuarios. "Se trataría de hacerlos entrar en el circuito de una forma sencilla y que les supusiera un atractivo añadido; que el ir de compras por Barcelona con la moneda local fuera un elemento más de identidad de la ciudad", explica Ortega. Como el resto de las monedas locales en funcionamiento, su valor probablemente será equiparable al del euro y se podrá cambiar de nuevo a la moneda oficial en cualquier momento. Con ella se podrán pagar las compras en los comercios asociados –todo el proyecto tiene carácter voluntario–. En consecuencia, las ventas se producirán localmente impulsando la actividad económica interna y evitando que el nuevo dinero acabe abandonando el territorio, como ocurre frecuentemente con el dinero oficial. Pero para que compense su uso al ciudadano también se debe crear un sistema de ventajas y bonificaciones en los comercios.
La clave del éxito de la implantación de toda moneda local es que sea un proyecto de ciudad. "No puede ser sólo el plan de una alcaldesa, porque cuando se vaya, la propuesta se irá con ella. Y aquí hay suficiente masa crítica para que prospere", dice Andreu Honzawa, experto en diversidad monetaria y representante en España de la fundación holandesa Social Trade Organization (STRO), la primera organización que se especializó en monedas locales, hace ya más de veinte años. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando ahora en la elaboración de materiales pedagógicos y guías específicas para comerciantes y vecinos, además de jornadas y talleres que se irán realizando en los próximos meses. También se estudia la viabilidad de pagar determinadas subvenciones a través de la moneda, así como determinados impuestos y servicios como el transporte público. El objetivo es que la ciudadanía confíe en este nuevo dinero y lo use. Una moneda que, en ningún caso viene, a sustituir a la oficial. De hecho, y a pesar de los comentarios del Banco de España y Hacienda los expertos alertan de que siempre que no se cree una nueva moneda que amenace el monopolio del Banco Central Europeo no habrá ningún impedimento legal, especialmente si las experiencias tienen lugar en territorios de reducida dimensión.
Mientras Barcelona inicia ahora su andadura hacia la moneda local propia, Santa Coloma de Gramenet ha cogido la delantera y con toda probabilidad será el primer municipio de España en instaurarla. Una moneda con la que podrá canalizar parte del gasto privado hacia el flujo de comercio local. Según un estudio, el 75% de las compras de sus vecinos se realizan en otras ciudades. Con la nueva moneda digital "se fidelizará el gasto", apunta la alcaldesa, Núria Parlón, que prevé que la iniciativa esté en pleno funcionamiento el primer semestre del 2016, una vez se modifiquen las ordenanzas públicas a finales de año y concluya el proceso de participación para escoger el nombre.
El de Santa Coloma es también un modelo digital que incorporará una identificación tipo tarjeta de crédito recargable y permitirá a los que se adhieran operar en la ciudad con un sistema de pago por internet y a través de dispositivos móviles. Incluso los trabajadores municipales podrán percibir un máximo del 30% de su salario en moneda local. Las subvenciones a entidades sociales y culturales también se podrán pagar con ella. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Digipay, a través del cual el Consistorio ha recibido una subvención de fondos de 132.000 euros. La moneda digital permitirá el pago de algunos impuestos, como el IBI, a aquellos comercios que se sumen a la iniciativa. Para más adelante quedan otras propuestas como obtener microcréditos o préstamos, que por ahora no se prevén, "puesto que no hay ninguna entidad bancaria" que participe, desvela la alcaldesa. Comerciantes y restauradores ven con buenos ojos la iniciativa.
El Ayuntamiento de Barcelona se ha fijado el próximo medio año para llevar a cabo los trabajos de divulgación y diseño de la futuramoneda local para Barcelona, que podría quedar definida en primavera. Una controvertida herramienta –que cuenta con la oposición del Banco de España, que hace unos meses la calificó de "imposible además de indeseable"– cuyo objetivo principal será la promoción económica de los pequeños y medianos comercios y en cuyo borrador de contenidos parece que están trabajando especialistas de la Universitat Pompeu Fabra. De entrada, se trabaja con un concepto de moneda digital, más operativo y menos caro que la moneda papel que, entre otras funciones, sirva a ciudadanos y comerciantes para comprar y vender y que el dinero se quede en la ciudad.
Actualmente existen multitud de modelos de monedas locales en el mundo, aunque el Ayuntamiento barcelonés se ha fijado en proyectos de éxito como el de Bristol (Inglaterra), Nantes (Francia) o Cerdeña (Italia), cada uno con su idiosincrasia, como punto de partida para la elaboración de un modelo propio. Sin embargo, son conscientes de que antes de hablar de modelo a los comerciantes, los principales implicados, habrá que explicarles en qué consiste y qué ventajas les aportará. "Vamos a abrir un proceso pedagógico en Barcelona para ver qué modalidad se puede implantar, explicar las propuestas que hay funcionando en estos momentos y crear el contexto para que pueda prosperar. Es un proceso a medio plazo que la sociedad tiene que hacer- se suyo y la administración dar su apoyo", explica el comisionado de Comercio, Miquel Ortega, consciente de que todavía no cuentan con el favor del sector comercial, muy ajeno a este tipo de iniciativas. Fuentes consultadas de Hacienda y el Banco de España no quisieron ayer efectuar comentarios ayer sobre la iniciativa. La falta de concreción de la propuesta la sitúa en una suerte de limbo legal. La ausencia de intermediarios de tipo financiero en el proyecto y la incertidumbre sobre su alcance hacen inicialmente difícil su abordaje.
Ajeno a esta situación, el Ayuntamiento continúa trabajando en su moneda –cuyo nombre se elegirá mediante un proceso participativo– será digital y se operará a través de tarjetas tipo monedero electrónico o dispositivos móviles. La moneda física sólo se prevé desde un punto de vista simbólico e incluso como souvenir para los turistas, a los que no se descarta como futuros usuarios. "Se trataría de hacerlos entrar en el circuito de una forma sencilla y que les supusiera un atractivo añadido; que el ir de compras por Barcelona con la moneda local fuera un elemento más de identidad de la ciudad", explica Ortega. Como el resto de las monedas locales en funcionamiento, su valor probablemente será equiparable al del euro y se podrá cambiar de nuevo a la moneda oficial en cualquier momento. Con ella se podrán pagar las compras en los comercios asociados –todo el proyecto tiene carácter voluntario–. En consecuencia, las ventas se producirán localmente impulsando la actividad económica interna y evitando que el nuevo dinero acabe abandonando el territorio, como ocurre frecuentemente con el dinero oficial. Pero para que compense su uso al ciudadano también se debe crear un sistema de ventajas y bonificaciones en los comercios.
La clave del éxito de la implantación de toda moneda local es que sea un proyecto de ciudad. "No puede ser sólo el plan de una alcaldesa, porque cuando se vaya, la propuesta se irá con ella. Y aquí hay suficiente masa crítica para que prospere", dice Andreu Honzawa, experto en diversidad monetaria y representante en España de la fundación holandesa Social Trade Organization (STRO), la primera organización que se especializó en monedas locales, hace ya más de veinte años. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando ahora en la elaboración de materiales pedagógicos y guías específicas para comerciantes y vecinos, además de jornadas y talleres que se irán realizando en los próximos meses. También se estudia la viabilidad de pagar determinadas subvenciones a través de la moneda, así como determinados impuestos y servicios como el transporte público. El objetivo es que la ciudadanía confíe en este nuevo dinero y lo use. Una moneda que, en ningún caso viene, a sustituir a la oficial. De hecho, y a pesar de los comentarios del Banco de España y Hacienda los expertos alertan de que siempre que no se cree una nueva moneda que amenace el monopolio del Banco Central Europeo no habrá ningún impedimento legal, especialmente si las experiencias tienen lugar en territorios de reducida dimensión.
Mientras Barcelona inicia ahora su andadura hacia la moneda local propia, Santa Coloma de Gramenet ha cogido la delantera y con toda probabilidad será el primer municipio de España en instaurarla. Una moneda con la que podrá canalizar parte del gasto privado hacia el flujo de comercio local. Según un estudio, el 75% de las compras de sus vecinos se realizan en otras ciudades. Con la nueva moneda digital "se fidelizará el gasto", apunta la alcaldesa, Núria Parlón, que prevé que la iniciativa esté en pleno funcionamiento el primer semestre del 2016, una vez se modifiquen las ordenanzas públicas a finales de año y concluya el proceso de participación para escoger el nombre.
El de Santa Coloma es también un modelo digital que incorporará una identificación tipo tarjeta de crédito recargable y permitirá a los que se adhieran operar en la ciudad con un sistema de pago por internet y a través de dispositivos móviles. Incluso los trabajadores municipales podrán percibir un máximo del 30% de su salario en moneda local. Las subvenciones a entidades sociales y culturales también se podrán pagar con ella. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Digipay, a través del cual el Consistorio ha recibido una subvención de fondos de 132.000 euros. La moneda digital permitirá el pago de algunos impuestos, como el IBI, a aquellos comercios que se sumen a la iniciativa. Para más adelante quedan otras propuestas como obtener microcréditos o préstamos, que por ahora no se prevén, "puesto que no hay ninguna entidad bancaria" que participe, desvela la alcaldesa. Comerciantes y restauradores ven con buenos ojos la iniciativa.
Toulouse, Nantes, Estrasburgo, y pronto Lyon
El
establecimiento de monedas locales paralelas comenzó en Francia en el
2010, ante el comportamiento del sector financiero y como alternativa a
las falsas contabilidades del crecimiento. La ciudad pionera fue
Toulouse, donde el sol-violette inició su andadura en el 2011. Cuatro
años después, Jean-Louis Ortiz, presidente de la asociación de
comerciantes del Faubourg Bonnefoy, que agrupa a 80 comercios de esa
zona de la ciudad, confiesa desconocer por completo la moneda local:
"Ninguno de mis asociados la maneja, pero me parece interesante, sobre
todo para pequeños pueblos". En Toulouse hay unos 200 comercios
implicados en la red del sol-violette; charcuterías, librerías,
imprentas, profesionales de la salud… "El 70% de la actividad en la
moneda local se realiza en el ámbito alimentario y hay 40.000 euros en
esa moneda", explica la activista Camille Pascual. El sentido es
potenciar el comercio local, una economía respetuosa de las personas y
la naturaleza, y resistir la asfixia ocasionada por las grandes
superficies, dice. Una moneda, en definitiva, con un valor añadido al
mero valor de cambio. Florian Belmonte, un fontanero tolosano, ha
entrado en el circuito de la moneda local que la mayoría de los
habitantes ignora o desconoce. Belmonte admite que tiene algunos
"problemas contables" y dice que no tiene mucho impacto en su actividad,
pero ha abrazado la iniciativa. Sus primeras monedas locales las ha
recibido como propina. El objetivo a corto plazo es salir del círculo de
los "convencidos", consolidar un soporte digital paralelo al papel para
facilitar los intercambios e introducirse en el sector servicios;
museos, transportes, piscinas municipales, etcétera.
El ejemplo de Toulouse se ha exportado a otras ciudades. Nantes introdujo en abril su moneda, el sonantes, una tarjeta roja que se lanzó con 150 comercios adheridos y se propone llegar a 3.000 comercios y empresas y 10.000 personas, el 10% de la ciudad, en cuatro años. En Estrasburgo acaba de nacer el stück, con 50 comercios adheridos desde principios de mes. En Lyon, donde el grupo impulsor comenzó su actividad en el 2010, inspirado por Toulouse, la moneda local, la gonette, se lanzará el próximo 7 de noviembre. Rafael Poch
El ejemplo de Toulouse se ha exportado a otras ciudades. Nantes introdujo en abril su moneda, el sonantes, una tarjeta roja que se lanzó con 150 comercios adheridos y se propone llegar a 3.000 comercios y empresas y 10.000 personas, el 10% de la ciudad, en cuatro años. En Estrasburgo acaba de nacer el stück, con 50 comercios adheridos desde principios de mes. En Lyon, donde el grupo impulsor comenzó su actividad en el 2010, inspirado por Toulouse, la moneda local, la gonette, se lanzará el próximo 7 de noviembre. Rafael Poch
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