Muchos países de nuestro entorno han aplicado ambiciosas reformas fiscales verdes desde los años noventa. España no, al margen de incursiones autonómicas recaudatorias
Los decisores políticos españoles no han sido proclives al uso de la fiscalidad ambiental, salvo en las limitadas y poco afortunadas incursiones autonómicas con objetivos puramente recaudatorios. Esto contrasta con el apoyo sin apenas fisuras que han prestado los economistas académicos a un instrumento que permite reducir la contaminación al mínimo coste y que ha llevado a muchos países de nuestro entorno a aplicar ambiciosas reformas fiscales verdes desde los años noventa. Que, por ejemplo, la imposición sobre carburantes de automoción —la partida más relevante dentro de estos tributos y con un nivel por debajo del observado en la mayoría de nuestros socios europeos— sea prácticamente la única figura fiscal que no se ha tocado (al alza) durante los últimos siete años en nuestro país, refleja ciertamente una situación anómala. Situación muy criticada por expertos españoles e instituciones internacionales desde hace años porque no olvidemos que a mayores impuestos ambientales más incentivos a contaminar menos (a nivel local y global), a desarrollar tecnologías verdes, a ahorrar energía, y a reducir nuestra dependencia energética.
El inicio de una nueva legislatura en la que la imposición ambiental aparece en buena parte de los programas políticos puede ser el momento para reflexionar qué se puede hacer en este ámbito. Quizá un primer paso sea incrementar y reajustar la fiscalidad de los carburantes de locomoción, eliminando el trato favorable que recibe un producto, el diésel, que tanto contribuye a la contaminación local de nuestras ciudades. Algo que, por otra parte, ya figura en las propuestas europeas sobre fiscalidad energética. Un segundo paso ha de llevar a aplicar el principio de que el que contamina paga a todos los productos energéticos y no solo a aquellos donde la actuación fiscal ha sido tradicionalmente intensa. Muy relevante también es estar abiertos a la innovación en el ámbito fiscal: la creciente información disponible para la administración tributaria en este campo y los cambios profundos que se están produciendo en el mundo energético aconsejan explorar nuevas figuras impositivas, desde los tributos que fomenten la rehabilitación energética de las viviendas a los imprescindibles impuestos que graven el uso real de los vehículos.
Tampoco se deben olvidar sectores no energéticos, donde la minimización del uso de recursos y la reducción del volumen de residuos pueden ser también gestionadas por la imposición ambiental. Por último, pero no por ello menos importante, es necesario pensar en términos sistémicos, es decir, en reformas fiscales que permitan reducir otros impuestos que gravan cosas positivas (como el trabajo), que fomenten el desarrollo de tecnologías verdes o que puedan ayudar a compensar a sectores en dificultades o a los pobres energéticos.
Nosotros apuntábamos ya en 2014 buena parte de estas cuestiones en el informe de Economics for Energy sobre fiscalidad energético-ambiental en España. Esperamos que los detallados cálculos económicos y distributivos que planteábamos entonces puedan servir para el tan necesario debate sobre este importante asunto.
Xavier Labandeira es Catedrático de Economía en la Universidade de Vigo, y director de Economics for Energy.
Los decisores políticos españoles no han sido proclives al uso de la fiscalidad ambiental, salvo en las limitadas y poco afortunadas incursiones autonómicas con objetivos puramente recaudatorios. Esto contrasta con el apoyo sin apenas fisuras que han prestado los economistas académicos a un instrumento que permite reducir la contaminación al mínimo coste y que ha llevado a muchos países de nuestro entorno a aplicar ambiciosas reformas fiscales verdes desde los años noventa. Que, por ejemplo, la imposición sobre carburantes de automoción —la partida más relevante dentro de estos tributos y con un nivel por debajo del observado en la mayoría de nuestros socios europeos— sea prácticamente la única figura fiscal que no se ha tocado (al alza) durante los últimos siete años en nuestro país, refleja ciertamente una situación anómala. Situación muy criticada por expertos españoles e instituciones internacionales desde hace años porque no olvidemos que a mayores impuestos ambientales más incentivos a contaminar menos (a nivel local y global), a desarrollar tecnologías verdes, a ahorrar energía, y a reducir nuestra dependencia energética.
El inicio de una nueva legislatura en la que la imposición ambiental aparece en buena parte de los programas políticos puede ser el momento para reflexionar qué se puede hacer en este ámbito. Quizá un primer paso sea incrementar y reajustar la fiscalidad de los carburantes de locomoción, eliminando el trato favorable que recibe un producto, el diésel, que tanto contribuye a la contaminación local de nuestras ciudades. Algo que, por otra parte, ya figura en las propuestas europeas sobre fiscalidad energética. Un segundo paso ha de llevar a aplicar el principio de que el que contamina paga a todos los productos energéticos y no solo a aquellos donde la actuación fiscal ha sido tradicionalmente intensa. Muy relevante también es estar abiertos a la innovación en el ámbito fiscal: la creciente información disponible para la administración tributaria en este campo y los cambios profundos que se están produciendo en el mundo energético aconsejan explorar nuevas figuras impositivas, desde los tributos que fomenten la rehabilitación energética de las viviendas a los imprescindibles impuestos que graven el uso real de los vehículos.
Tampoco se deben olvidar sectores no energéticos, donde la minimización del uso de recursos y la reducción del volumen de residuos pueden ser también gestionadas por la imposición ambiental. Por último, pero no por ello menos importante, es necesario pensar en términos sistémicos, es decir, en reformas fiscales que permitan reducir otros impuestos que gravan cosas positivas (como el trabajo), que fomenten el desarrollo de tecnologías verdes o que puedan ayudar a compensar a sectores en dificultades o a los pobres energéticos.
Nosotros apuntábamos ya en 2014 buena parte de estas cuestiones en el informe de Economics for Energy sobre fiscalidad energético-ambiental en España. Esperamos que los detallados cálculos económicos y distributivos que planteábamos entonces puedan servir para el tan necesario debate sobre este importante asunto.
Xavier Labandeira es Catedrático de Economía en la Universidade de Vigo, y director de Economics for Energy.