Guillem López Casasnovas es Economista y consejero del Banco de España, cree que los ciudadanos están cabreados porque el Estado del bienestar es, en realidad, del malestar
Guillem López Casasnovas, consejero del Banco de España / Luis Sevillano
Guillem López Casasnovas
(Ciudadela de Menorca, 1955) ha escrito cientos de artículos y trabajos
sobre el problema del gasto social en las cuentas públicas. Catedrático
de Economía por la Universidad Pompeu Fabra desde hace 22 años, y
doctor en Economía por la Universidad de Nueva York, lleva diez años en
el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de CiU, por lo
que ha visto de cerca toda la crisis financiera. En su último libro no
habla de bancos, sino de “El bienestar desigual. Qué queda de los derechos y beneficios sociales tras la crisis”, (Editorial Península).
Pregunta. ¿Cómo están los ciudadanos que siguen sin ver el final de la crisis?
Respuesta. Están cabreados porque el Estado del bienestar es, en realidad, de malestar. Hay muchas promesas incumplidas y expectativas no satisfechas. La sociedad percibe que nada es gratis y que hay que priorizar el gasto, lo que es incómodo para políticos y gestores. Es necesario que la sociedad conozca lo que cuesta demandar más y mejores servicios. Trasladar su financiación a la deuda, a través del déficit, a las futuras generaciones es hoy muy insolidario.
P. ¿En el futuro será imposible mantener las prestaciones sociales con los actuales niveles?
R. Es necesario ajustar el gasto a los ingresos reales. Los que dicen que defienden que se extienda el Estado de bienestar sin preocuparse de su financiación son, en realidad, sus mayores enemigos. Además, si no se controla con precisión el gasto se pueden acabar financiando con dinero público, por ejemplo, medicamentos de bajo valor terapéutico a deleite privado. El esfuerzo debe centrarse donde existen bolsas concretas de pobreza y desigualdad, no destinar recursos a supuestos problemas genéricos.
P. ¿La crisis ha generado más desigualdad?
R. Este problema se puede analizar desde la óptica de ricos y pobres. Pero también desde el punto de vista de las diferentes generaciones. La política social actual se ha centrado en nuestros mayores, que vivieron la guerra y otras privaciones, asumiendo que los jóvenes veían compensado su mejor capital humano por el mercado de trabajo. Pero eso no es hoy cierto y la situación insostenible. Con la escasa financiación actual, el Estado dedica demasiados recursos a los mayores, de manera poco selectiva, mientras deja sin atender otros problemas, como la formación de jóvenes, la enseñanza de idiomas, el abandono escolar…La solución al problema de la educación se deja de lado porque no se nota a corto plazo, pero erosiona gravemente el futuro. O se aumenta la financiación o se rehacen los balances generacionales
P. ¿Eso quiere decir que no habría que revalorizar las pensiones de forma automática?
R. Se debería hacer sin que se rompa el equilibrio intergeneracional de las cuentas públicas. En las crisis, también los mayores deben ver ajustada su pensión y no trasladar su coste a espaldas de cotizaciones más altas. Y en bonanza, la actualización debiera ser a PIB nominal y no solo según inflación. Ser una persona mayor no significa hoy afortunadamente ser pobre. Sin embargo, entre este colectivo hay bolsas de pobreza insuficientemente atendidas
P. Pero en la crisis, los abuelos han ayudado a los jóvenes parados o con precariedad laboral…
R. Pero ese no es el camino. Esta precariedad provoca baja natalidad, malos salarios, imposibilidad de emancipación de los jóvenes…una generación que no podrá financiar su Estado de bienestar ni su jubilación. Eso no es justo.
P. Es decir, el Estado es injusto en su reparto del gasto…
R. Sí. Justicia requiere identificar necesidades y responsabilidades; no colectivizar respuestas universales generales Y con ello pasar de la macroeconomía del gasto social a la micro del bienestar residual de las personas manteniendo la perspectiva generacional. Así por ejemplo, hablando de cosas concretas, en lugar de subvencionar el Imserso se debería ayudar a los viajes en Interrail de los jóvenes, que necesitan saber idiomas, conocer otros países…eso es fundamental para su formación. El que exista futuro para ellos es lo que ha de mantener el presente sostenible para nosotros.
P. ¿Los políticos sobreprotegen a los jubilados porque son ocho millones de votos?
R. Creo que sí, pero hay que llamar la atención sobre el desequilibrio generacional que se está produciendo con esta política social y la escasa aportación al bienestar de los jóvenes procedente del mercado de trabajo. Y ya no digamos de los aún no nacidos, que deberán asumir nuestras deudas y que por supuesto hoy no votan
P. ¿El problema de fondo no es la escasa recaudación fiscal de España en proporción al PIB?
R. Sin duda se puede ver como un problema de escasa recaudación fiscal, que es donde empieza todo. La decisión de eficiencia de tamaño de presión fiscal global es de los parlamentos. Pero quizás hoy por justicia fiscal su composición ha de variar. Creo que hay que cargar las plusvalías no reinvertidas con unos impuestos muy altos, digamos del 70%, y revitalizar el impuesto de sucesiones y el del patrimonio no vinculado a la creación de riqueza. Yo no castigaría tanto la renta como aquella riqueza inmovilizada en manos de unos pocos. Las rentas no ganadas por herederos desincentivan el trabajo, van contra la meritocracia y todo ello limita la prosperidad de un país.
P. ¿El Estado puede financiar la dependencia?
R. Yo postulo afectar la recaudación del impuesto de sucesiones a su financiación, o que recupere el Estado, contra la herencia que deje el dependiente, el gasto que ha provocado la persona fallecida. Esto ya se hace en el Reino Unido. No tiene sentido que el Estado salve patrimonios a beneficio de herederos desresponsabilizados de sus ancestros.
P. ¿Coincide con los planteamientos básicos de la Economía del Bien Común, que pretende desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa a los mercados financieros?
R. Tiene aspectos muy positivos, aunque tampoco sostengo que si el mercado no funciona en algún tema, cualquier sistema público que implantemos vaya a ser mejor. Lo que es cierto es que el aumento del PIB no se debe confundir con el bienestar de la población. Se debe tomar como referencia a las personas en su condición de beneficiarias y contribuyentes a lo largo de su vida.
P. Sobre la cuestión sanitaria, ¿cree que se han gestionado mal los recortes en la sanidad?
R. Creo que si la Administración pone los recortes salariales en el centro de su política en lugar de buscar la mejora de la actividad asistencial, a largo plazo crece el gasto. Los menores sueldos acaban en menos productividad y, cuando se alivia la presión económica, la Administración mejora los salarios a plantillas más hinchadas: al final se gasta más a cambio de igual o peores resultados asistenciales.
P. ¿Los recortes presupuestarios han sido tan dramáticos como dijeron los médicos?
R. No. Aquello de que “los recortes matan”, es un mal reclamo, porque cuestionaría de hecho la propia ética de los profesionales. La marea verde fue un movimiento de defensa corporativa de los médicos, que reivindicaban mejoras para ellos, lo cual es comprensible, pero no aceptable que alguien haya utilizado el paciente como rehén.
P. ¿Se puede dar más calidad sanitaria gastando lo mismo o menos?
R. Creo que hay que priorizar lo que se atiende, revisar los protocolos que se aplican y, por lo tanto, no gastando más sino mejor. En cuanto a aumentar los ingresos, en Cataluña existen hospitales públicos que atienden demanda privada por las tardes con profesionales sanitarios públicos. El centro público recibe mayores ingresos que le permiten cuadrar sus cuentas, los médicos cobran una retribución extra y las listas de espera se reducen. Con una buena regulación, se puede mantener así una mínima lealtad del profesional con la institución. No hay mayor deslealtad y privatización que la del médico en la sanidad pública ofreciendo su tarjeta de práctica en una sanidad privada compatible. Otra vía es ofrecer servicios que están fuera de la lista básica, como algunos aspectos de la podología u odontología, por los que el centro público puede cobrar y al ciudadano salirle más barato que las consultas privadas.
P. ¿Es partidario de la gestión privada, al estilo del Hospital de Alcira?
R. No, ya que el ánimo de lucro privado estricto en sanidad me genera dudas. Lo que propongo es más gestión pública. Ello alcanza la concertación sanitaria con excedentes reinvertidos en la atención médica pública. En las concesiones el excedente empresarial fluye a fondos externos y a reparto de dividendos ajenos al sistema. De ahí mis dudas.
P. ¿El copago es evitable?
R. Estoy a favor de la asistencia gratuita financiada con el esfuerzo colectivo pero siempre que la prestación sea coste-efectiva y se atiendan los servicios que el sistema público puede contemplar con la financiación otorgada y lo haga con productividad. Por ejemplo, creo que cuando alguien usa indebidamente el sistema de salud (como puede ocurrir con las urgencias, entre otros servicios), se le podría hacer copagar a través de la declaración de la renta incorporando el coste del mal uso como beneficio en especie en la base imposible y tributando a tipo progresivo.
Pregunta. ¿Cómo están los ciudadanos que siguen sin ver el final de la crisis?
Respuesta. Están cabreados porque el Estado del bienestar es, en realidad, de malestar. Hay muchas promesas incumplidas y expectativas no satisfechas. La sociedad percibe que nada es gratis y que hay que priorizar el gasto, lo que es incómodo para políticos y gestores. Es necesario que la sociedad conozca lo que cuesta demandar más y mejores servicios. Trasladar su financiación a la deuda, a través del déficit, a las futuras generaciones es hoy muy insolidario.
P. ¿En el futuro será imposible mantener las prestaciones sociales con los actuales niveles?
R. Es necesario ajustar el gasto a los ingresos reales. Los que dicen que defienden que se extienda el Estado de bienestar sin preocuparse de su financiación son, en realidad, sus mayores enemigos. Además, si no se controla con precisión el gasto se pueden acabar financiando con dinero público, por ejemplo, medicamentos de bajo valor terapéutico a deleite privado. El esfuerzo debe centrarse donde existen bolsas concretas de pobreza y desigualdad, no destinar recursos a supuestos problemas genéricos.
P. ¿La crisis ha generado más desigualdad?
R. Este problema se puede analizar desde la óptica de ricos y pobres. Pero también desde el punto de vista de las diferentes generaciones. La política social actual se ha centrado en nuestros mayores, que vivieron la guerra y otras privaciones, asumiendo que los jóvenes veían compensado su mejor capital humano por el mercado de trabajo. Pero eso no es hoy cierto y la situación insostenible. Con la escasa financiación actual, el Estado dedica demasiados recursos a los mayores, de manera poco selectiva, mientras deja sin atender otros problemas, como la formación de jóvenes, la enseñanza de idiomas, el abandono escolar…La solución al problema de la educación se deja de lado porque no se nota a corto plazo, pero erosiona gravemente el futuro. O se aumenta la financiación o se rehacen los balances generacionales
P. ¿Eso quiere decir que no habría que revalorizar las pensiones de forma automática?
R. Se debería hacer sin que se rompa el equilibrio intergeneracional de las cuentas públicas. En las crisis, también los mayores deben ver ajustada su pensión y no trasladar su coste a espaldas de cotizaciones más altas. Y en bonanza, la actualización debiera ser a PIB nominal y no solo según inflación. Ser una persona mayor no significa hoy afortunadamente ser pobre. Sin embargo, entre este colectivo hay bolsas de pobreza insuficientemente atendidas
P. Pero en la crisis, los abuelos han ayudado a los jóvenes parados o con precariedad laboral…
R. Pero ese no es el camino. Esta precariedad provoca baja natalidad, malos salarios, imposibilidad de emancipación de los jóvenes…una generación que no podrá financiar su Estado de bienestar ni su jubilación. Eso no es justo.
P. Es decir, el Estado es injusto en su reparto del gasto…
R. Sí. Justicia requiere identificar necesidades y responsabilidades; no colectivizar respuestas universales generales Y con ello pasar de la macroeconomía del gasto social a la micro del bienestar residual de las personas manteniendo la perspectiva generacional. Así por ejemplo, hablando de cosas concretas, en lugar de subvencionar el Imserso se debería ayudar a los viajes en Interrail de los jóvenes, que necesitan saber idiomas, conocer otros países…eso es fundamental para su formación. El que exista futuro para ellos es lo que ha de mantener el presente sostenible para nosotros.
P. ¿Los políticos sobreprotegen a los jubilados porque son ocho millones de votos?
R. Creo que sí, pero hay que llamar la atención sobre el desequilibrio generacional que se está produciendo con esta política social y la escasa aportación al bienestar de los jóvenes procedente del mercado de trabajo. Y ya no digamos de los aún no nacidos, que deberán asumir nuestras deudas y que por supuesto hoy no votan
P. ¿El problema de fondo no es la escasa recaudación fiscal de España en proporción al PIB?
R. Sin duda se puede ver como un problema de escasa recaudación fiscal, que es donde empieza todo. La decisión de eficiencia de tamaño de presión fiscal global es de los parlamentos. Pero quizás hoy por justicia fiscal su composición ha de variar. Creo que hay que cargar las plusvalías no reinvertidas con unos impuestos muy altos, digamos del 70%, y revitalizar el impuesto de sucesiones y el del patrimonio no vinculado a la creación de riqueza. Yo no castigaría tanto la renta como aquella riqueza inmovilizada en manos de unos pocos. Las rentas no ganadas por herederos desincentivan el trabajo, van contra la meritocracia y todo ello limita la prosperidad de un país.
P. ¿El Estado puede financiar la dependencia?
R. Yo postulo afectar la recaudación del impuesto de sucesiones a su financiación, o que recupere el Estado, contra la herencia que deje el dependiente, el gasto que ha provocado la persona fallecida. Esto ya se hace en el Reino Unido. No tiene sentido que el Estado salve patrimonios a beneficio de herederos desresponsabilizados de sus ancestros.
P. ¿Coincide con los planteamientos básicos de la Economía del Bien Común, que pretende desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa a los mercados financieros?
R. Tiene aspectos muy positivos, aunque tampoco sostengo que si el mercado no funciona en algún tema, cualquier sistema público que implantemos vaya a ser mejor. Lo que es cierto es que el aumento del PIB no se debe confundir con el bienestar de la población. Se debe tomar como referencia a las personas en su condición de beneficiarias y contribuyentes a lo largo de su vida.
P. Sobre la cuestión sanitaria, ¿cree que se han gestionado mal los recortes en la sanidad?
R. Creo que si la Administración pone los recortes salariales en el centro de su política en lugar de buscar la mejora de la actividad asistencial, a largo plazo crece el gasto. Los menores sueldos acaban en menos productividad y, cuando se alivia la presión económica, la Administración mejora los salarios a plantillas más hinchadas: al final se gasta más a cambio de igual o peores resultados asistenciales.
P. ¿Los recortes presupuestarios han sido tan dramáticos como dijeron los médicos?
R. No. Aquello de que “los recortes matan”, es un mal reclamo, porque cuestionaría de hecho la propia ética de los profesionales. La marea verde fue un movimiento de defensa corporativa de los médicos, que reivindicaban mejoras para ellos, lo cual es comprensible, pero no aceptable que alguien haya utilizado el paciente como rehén.
P. ¿Se puede dar más calidad sanitaria gastando lo mismo o menos?
R. Creo que hay que priorizar lo que se atiende, revisar los protocolos que se aplican y, por lo tanto, no gastando más sino mejor. En cuanto a aumentar los ingresos, en Cataluña existen hospitales públicos que atienden demanda privada por las tardes con profesionales sanitarios públicos. El centro público recibe mayores ingresos que le permiten cuadrar sus cuentas, los médicos cobran una retribución extra y las listas de espera se reducen. Con una buena regulación, se puede mantener así una mínima lealtad del profesional con la institución. No hay mayor deslealtad y privatización que la del médico en la sanidad pública ofreciendo su tarjeta de práctica en una sanidad privada compatible. Otra vía es ofrecer servicios que están fuera de la lista básica, como algunos aspectos de la podología u odontología, por los que el centro público puede cobrar y al ciudadano salirle más barato que las consultas privadas.
P. ¿Es partidario de la gestión privada, al estilo del Hospital de Alcira?
R. No, ya que el ánimo de lucro privado estricto en sanidad me genera dudas. Lo que propongo es más gestión pública. Ello alcanza la concertación sanitaria con excedentes reinvertidos en la atención médica pública. En las concesiones el excedente empresarial fluye a fondos externos y a reparto de dividendos ajenos al sistema. De ahí mis dudas.
P. ¿El copago es evitable?
R. Estoy a favor de la asistencia gratuita financiada con el esfuerzo colectivo pero siempre que la prestación sea coste-efectiva y se atiendan los servicios que el sistema público puede contemplar con la financiación otorgada y lo haga con productividad. Por ejemplo, creo que cuando alguien usa indebidamente el sistema de salud (como puede ocurrir con las urgencias, entre otros servicios), se le podría hacer copagar a través de la declaración de la renta incorporando el coste del mal uso como beneficio en especie en la base imposible y tributando a tipo progresivo.
