MODELOS DE CIUDAD: Barcelona en Comú / 4
El discurso de Barcelona en Comú alude abiertamente a las experiencias de Curitiba, Porto Alegre, Hamburgo o Seattle, ciudades de referencia del desarrollo sostenible
Obras en la zona de la Sagrera. / ALBERT GARCIA
Algo se nos ha ido de las manos en Barcelona después de los Juegos
Olímpicos, eso le dicen a Ada Colau los arquitectos que apoyan su
candidatura. Este “algo”, que explicaría una ciudad de heridas
urbanísticas y desigualdades sociales, es la política elitista de los
últimos consistorios, practicada desde el despotismo ilustrado. Para
combatir esta desviación, Barcelona en Comú propone un urbanismo
reparador, basado en la planificación democrática, los mapas de la
realidad y la participación ciudadana. Su voluntad es retomar el hilo de
la manera de hacer preolímpica, en un intento de reencontrar también
aquella energía ciudadana. Ahora, según los cánones del derecho a la
vida urbana fijados por el sociólogo Hery Lefèbvre. En traducción de la
candidata: la ciudad de los derechos humanos.
El discurso de esta plataforma alude abiertamente a las experiencias
de Curitiba, Porto Alegre, Hamburgo o Seattle, ciudades de referencia
del desarrollo sostenible, a partir de una movilidad sustentada en el
transporte público y un urbanismo definido como inclusivo,
redistributivo y distribuido. Muchas pequeñas obras muy repartidas, de
eso se trata; de buscar no sólo la repartición geográfica sino también
una mayor distribución del trabajo profesional y de la inversión por
barrios. Lo llaman un urbanismo blando, no como contraposición a las
plazas duras, sino como expresión de una entrada suave entre los vecinos
de unos proyectos planificados y acordados por ellos mismos. Una ciudad
de códigos abiertos.
A diez años vista, quisieran haber completado la rehabilitación
energética de la ciudad, construido el corredor verde perimetral de
Barcelona (un anillo que conecte con los diferentes ejes verdes
interiores de la ciudad y con los parques metropolitanos) y disponer de
una oferta suficiente de vivienda social. Estas apuestas prioritarias
habrán generado ocupación (10.000 puestos de trabajo es su objetivo para
el mandato) y acabado con la pobreza energética del 10% de las
familias. Lo más urgente, incrementar los pisos de alquiler con la
construcción o rehabilitación de 4.000 viviendas y la recuperación de
otras 4.000, actualmente en manos privadas y entidades bancarias,
mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte del
consistorio; además, el ayuntamiento debería crear una agencia de
alquiler social.
Lo que no representa ninguna prioridad para ellos son las vías
rápidas, la ampliación de la ronda del Litoral en el Morrot, la
cobertura parcial de la de Dalt o los túneles urbanos, porque su
aspiración es la primacía del transporte público de superficie. En este
sentido, ampliarían la red octogonal de autobuses de Barcelona,
extendiéndola a escala metropolitana y asociada a una red de park and ride
para disuadir a conductores privados. Después, abordarían la
pacificación de la circulación en el mayor número de calles posible, al
estilo de Gràcia, ganando espacio para peatones y ciclistas. Son
partidarios acérrimos del tranvía y están decididos a unir los dos
tramos existentes por la Diagonal; empezando por enlazar Glòries con
paseo de Sant Joan, por su cercanía con Sagrada Familia y para paliar el
conflicto de los buses turísticos.
La única de las obras faraónicas sobre la que muestran interés es la
Sagrera. Porque es una herida urbana de dimensión descomunal y porque en
la finalización del proyecto ven una oportunidad emblemática para poner
a prueba su urbanismo amable y pactado. En aquel espacio, podría crecer
significativamente la oferta de vivienda social, se impulsará la
movilidad sostenible con la gran estación central de tren, metro y
autobuses y allí se visualizaría el encaje de los ejes verdes interiores
con el perímetro verde de Barcelona, a su paso por el Besòs, gracias al
gran parque urbano previsto. Saben que no hay dinero para financiar
todo esto pero confían en la creación de un Instituto Municipal de
Crédito para buscar soluciones.
Respecto a la que ya se ha ido de las manos, según su diagnóstico, se
proponen revisar algunas licencias urbanísticas; volver a abrir la
ciudad al mar, matizando la utilización privada de muelles y marinas con
la recuperación de espacios públicos; frenar las privatizaciones
encubiertas de hospitales, como el Clínic o Sant Pau, y de guarderías;
no descartan la municipalización del servicio de agua, como París o
Berlín; se plantean una moratoria turística para abrir una reflexión
sobre el fenómeno y quieren repensar el modelo de los grandes congresos y
ferias, que califican de porciolista, para obtener un mejor
aprovechamiento social. En esta batalla han comprobado el efecto
diabólico de los titulares: aseguran no estar contra el Mobile World
Congress, simplemente creen que además de promocionar estratégicamente
Barcelona, debería servir para romper la brecha digital ya existente
entre los barrios.
La ciudad que imaginan necesita de un liderazgo público, con reglas
claras de participación para todos, también para el sector privado, y
debe tener una proyección a escala metropolitana. También en este ámbito
son partidarios de repensar el modelo, por opaco y escasamente
representativo. Sin embargo, no apuestan por la elección directa de una
autoridad o un alcalde metropolitano sino por la creación de una
asamblea metropolitana elegida por los ciudadanos. Intuyen que esta
legitimidad democrática reforzaría la aplicación de las políticas de
esta nueva corporación y de sus instrumentos de coordinación y
regulación, como el Plan Director Urbanístico.
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