La Asamblea Nacional aprueba la ambiciosa ley del Gobierno socialista que promociona las fuentes renovables, el transporte limpio y la edificación sostenible
La ministra Segolene Royal, tras la sesión plenaria. / CHARLES PLATIAU (REUTERS)
“Somos el primer país con una legislación global contra el cambio
climático”. Así ha cerrado este martes la ministra de Ecología francesa
Ségolène Royal la sesión de la Asamblea Nacional que ha aprobado la Ley
de Transición Energética. Con el apoyo de los ecologistas, el Gobierno
de François Hollande se ha equipado de una ambiciosa normativa para
cambiar el modelo energético promoviendo las fuentes renovables, el
transporte limpio y la edificación sostenible. Francia, que limita de
paso su potente energía nuclear, busca así reducir su factura energética
y ponerse a la cabeza de Europa en reducción de gases de efecto
invernadero. El Gobierno, que presentó su proyecto en julio pasado, confía en que la nueva ley genere un nuevo mercado tecnológico con más empleo y mayor competitividad.
El Gobierno de Hollande quiere llegar a la próxima Cumbre del Clima, a celebrar en París en diciembre próximo, como el alumno más aventajado. Aunque el presidente de la República se ha mostrado pesimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo global en dicha cumbre, apuesta firmemente por esta revolución energética.
La ley ha obtenido 308 votos a favor y 217 en contra. El principal partido de la oposición, la derechista UMP (Unión por un Movimiento Popular) ha rechazado la norma por considerar que será necesario cerrar 24 reactores nucleares en diez años. El diputado socialista Christophe Bouillon ha asegurado que esta no es una "ley antinuclear". Con ella, el Gobierno socialista pretende reducir en un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí a 2030 y dividirlas por cuatro en 2050, que las energías renovables generen el 32% del total del consumo a finales de 2030 y dividir por dos el consumo de la energía final en 2050. En el país más nuclearizado del mundo (en proporción al número de habitantes), la potencia actual de la energía nuclear queda congelada y no deberá suponer más del 50 % de la producción de electricidad en 2025.
El plan de acción es importante y cuenta con un presupuesto de 10.000 millones en tres años. Cada año se renovarán 500.000 edificios. En una enmienda de última hora, todas las viviendas francesas deberán renovarse antes de 2030 para consumir menos energía. Se ha establecido un techo de consumo por metro cuadrado y año. Se simplificarán los papeleos para las licencias de obras. Toda nueva obra deberá tener en cuenta las normas medioambientales y los inmuebles públicos serán de energía positiva (generarán más de lo que gastan).
Las administraciones públicas darán ejemplo con la elección de sus flotas de vehículos, pero también los taxis y las empresas de alquiler de vehículos deberán disponer de un 10% de coches limpios en 2020. Se instalarán siete millones de puntos de recarga eléctrica en todo el país. Los privados tendrán importantes ayudas para cambiar un diésel por uno limpio. Se prohíben las bolsas de plástico de un solo uso y los supermercados no podrán tirar a la basura los alimentos no vendidos. Esta última norma es la enmienda más reciente incorporada a la ley en su trámite parlamentario.
El Gobierno de Hollande quiere llegar a la próxima Cumbre del Clima, a celebrar en París en diciembre próximo, como el alumno más aventajado. Aunque el presidente de la República se ha mostrado pesimista sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo global en dicha cumbre, apuesta firmemente por esta revolución energética.
La ley ha obtenido 308 votos a favor y 217 en contra. El principal partido de la oposición, la derechista UMP (Unión por un Movimiento Popular) ha rechazado la norma por considerar que será necesario cerrar 24 reactores nucleares en diez años. El diputado socialista Christophe Bouillon ha asegurado que esta no es una "ley antinuclear". Con ella, el Gobierno socialista pretende reducir en un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero de aquí a 2030 y dividirlas por cuatro en 2050, que las energías renovables generen el 32% del total del consumo a finales de 2030 y dividir por dos el consumo de la energía final en 2050. En el país más nuclearizado del mundo (en proporción al número de habitantes), la potencia actual de la energía nuclear queda congelada y no deberá suponer más del 50 % de la producción de electricidad en 2025.
El plan de acción es importante y cuenta con un presupuesto de 10.000 millones en tres años. Cada año se renovarán 500.000 edificios. En una enmienda de última hora, todas las viviendas francesas deberán renovarse antes de 2030 para consumir menos energía. Se ha establecido un techo de consumo por metro cuadrado y año. Se simplificarán los papeleos para las licencias de obras. Toda nueva obra deberá tener en cuenta las normas medioambientales y los inmuebles públicos serán de energía positiva (generarán más de lo que gastan).
Las administraciones públicas darán ejemplo con la elección de sus flotas de vehículos, pero también los taxis y las empresas de alquiler de vehículos deberán disponer de un 10% de coches limpios en 2020. Se instalarán siete millones de puntos de recarga eléctrica en todo el país. Los privados tendrán importantes ayudas para cambiar un diésel por uno limpio. Se prohíben las bolsas de plástico de un solo uso y los supermercados no podrán tirar a la basura los alimentos no vendidos. Esta última norma es la enmienda más reciente incorporada a la ley en su trámite parlamentario.
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