LA PEOR MEJOR SOLUCIÓN, SEGÚN CIVE PÉREZEl libro afirma que hay razones poderosas para defender un ingreso mínimo, pero también para que los dirigentes y empresarios prefieran que no se plantee seriamente dicha posibilidad
HÉCTOR G. BARNÉS 30/9/15
Aunque fue la ahora abandonada propuesta de Podemos lo que la ha vuelto a introducir en el panorama político español, el debate sobre la renta básica universal se remonta a décadas atrás, cuando no siglos. Ya el revolucionario estadounidense Thomas Paine señalaba, por ejemplo, que todo ciudadano debía percibir una renta como compensación por la explotación privada de los recursos naturales, que pertenecen a todos. Hoy en día, esta renta se entiende como un ingreso garantizado e incondicional no sujeto a condicionantes de trabajo ni de nivel de renta, lo que lo distingue de otras rentas de inserción y subsidios por desempleo.
Hay multitud de razones para defender dicha propuesta, de la erradicación de la pobreza al fin de la estigmatización del subsidiado, que debe cumplir unos requisitos determinados para recibirla, pasando por el fortalecimiento de la posición del trabajador en la negociación con su empresa. Cive Pérez, escritor y miembro del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid, sugiere en 'Renta básica universal. La peor de las soluciones (a excepción de las demás)' (Clave Intelectual) una más: el mercado laboral no va a producir empleo, por lo que de algo tendrá que vivir toda esa creciente masa de ciudadanos que no tengan acceso a un puesto digno.
“Se suele defender la renta básica desde el punto de vista de la libertad personal, pero hay otro cambio radical en el sistema que conocen las élites dirigentes, pero no más abajo”, explica a El Confidencial. “Nos encaminamos hacia la sociedad 80/20, cuyo funcionamiento estaría garantizado por un 20% de la población, compuesto por trabajadores cualificados, y el resto serían desempleados o tendrían empleos de bajísima cualificación. Es obvio que las cúpulas dirigentes lo sabeny que tarde o temprano deberán implantar un sistema de rentas garantizadas mucho más amplio”.
Basta con echar un vistazo al panorama español para comprobar cómo este sistema ya está aquí. En 2005, antes de la crisis, el 19,9% de la población vivía con ingresos por debajo del umbral de pobreza relativa. Actualmente, casi 13 millones de españoles se encuentran en riesgo de exclusión, 730.000 hogares no tienen ingresos y 2,5 millones de trabajadores son pobres a pesar de tener un sueldo, uno de los puntos más importantes de la argumentación de Pérez: “Desde el siglo XIX se dice que el virtuoso tiene ganas de trabajar y el vago no, y que no había nada mejor que el trabajo para salir de la pobreza. La paradoja es que hoy uno trabaja para ser pobre, para no poder emanciparse y no poder llegar a final de mes. Además de triste es del género tonto”.
Pros y contras de la renta básica
Pérez desmonta una por una todas las reservas que se han manifestado en contra de la renta básica universal, también conocida de manera despectiva como “paguita”. Por una parte, la de que proporcionar un dinero garantizado empujaría a la población a la holgazanería. “La gente mira dentro de sí y se pregunta '¿recibir dinero me convertiría en un vago? En absoluto'”. Una buena comparación es con aquellos que han ganado un pequeño premio en la Lotería, equivalente a una renta mínima para toda la vida. “Seguirían trabajando, pero con ese dinero, podrían permitirse algún capricho”. Pérez recuerda que en España ya hay 9 millones de pensionistas que tienen su propia renta “garantizada”, y que ello no provoca que se limiten a sentarse viendo la vida pasar.
La gente no dejará de trabajar, porque la renta no da para mantener bienes como una casa o un coche
Otra de las críticas más habituales viene de aquellos que consideran que se trata de una medida inasumible. Pérez recuerda que, aparte de experimentos como el que se ha llevado a cabo en Dauphin (Canadá) o pronto en Utrecht, en España ya existen estudios que demuestra su viabilidad, ya sea a partir de unareforma fiscal bastante radical, como el de Arcarons, Raventós y Torrens, o a partir de la autofinanciación de la renta, como el del catedrático de la UNED Juan Gimeno Ullastres.
Algunas de las críticas provienen, paradójicamente, de aquellos que más se verían beneficiados por la medida, que son al mismo tiempo las clases con menos formación y más expuestas a “la propaganda más o menos encubierta de los núcleos dirigentes, que hacen que se sigan escribiendo artículos y libros contra la renta. Me habrían pagado más dinero por un libro contra la renta básica que el que puedo ganar con este”. Pérez recuerda que, en 1935, la implantación del proyecto de Seguridad Social de EEUU que daba forma a un sistema federal de pensiones, fue recibido con los mismos pronósticos apocalípticos, pero que su implantación no causó ninguno de los incidentes que vaticinó. Más bien, mejoró sensiblemente las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Por lo general, las críticas más fuertes provienen de los estamentos de poder, a pesar de que, en muchos casos, la implantación de una renta básica tendría sentido desde un punto de vista liberal, e incluso gente tan poco sospechosa de pertenecer a la extrema izquierda como Richard Nixon o Milton Friedman han defendido propuestas similares: “En su caso, era un ingreso sustitutivo del resto de prestaciones del Estado, en plan 'yo le doy 40 duros y viva como quiera'. Era un neoliberalismo llevado al extremo, pero la renta básica no sustituye ni la educación ni los hospitales”.
Sin embargo, se trata de una apuesta interesante desde el punto de vista del consumo: “El incentivo para seguir trabajando no es sólo consumista, sino también depende del sistema de producción actual, que ha hecho imprescindibles bienes como el automóvil o la vivienda, que no se pueden mantener sólo con una renta básica”. De esa manera, la renta básica fomentaría que se dedicase más dinero al consumo y a otras industrias: “Mucha gente diría 'yo con esto puedo sobrevivir, ya no tengo que humillarme, pero es que quiero una moto, y trabajo por ella'. El sistema actual de mercado tiene suficientes señuelos para hacernos trabajar”. ¿Por qué, por lo tanto, tantas resistencias?
Para Pérez, la respuesta es ideológica: “Haría perder poder a los dueños del cotarro, por lo que prefieren no incentivar el consumo para que eso no ocurra”. Entre otras cosas, el poder de imponer sueldos, horarios y condiciones laborales a gusto del empresario, que ocupa una posición favorable en la negociación con el trabajador, que perdería si este tuviese su propio ingreso básico: “Si tuvieran este respaldo mínimo ya no tendrían que aceptar esas condiciones precarias”. Además, la renta garantizada tiene un sospechoso carácter emancipador: “Las actuales rentas de indigencia o los subsidios de desempleo suponen que la gente tenga que ir a pedirlos, y eso provoca que las instituciones tengan poder. Si esto se extendiera, significaría cierto empoderamiento de la mayoría social: lo que unos ganan, lo pierden otros. Ahí está el quid de la cuestión”.
El futuro de la renta básica
Pérez lo tiene claro: tarde o temprano, los distintos estados deberán adoptar medidas semejantes a la de la renta básica si quieren hacer frente a la desaparición del mercado laboral tal y como lo conocemos. La propuesta inicial de Podemos, por mucho que se haya desestimado posteriormente, ha provocado que el debate vuelva a estar en boca de todos. También ha dado lugar a que se propongan medidas semejantes, como la renta mínima vital del PSOE, destinada a las familias sin ningún tipo de ingreso, o la renta complementaria de Ciudadanos y Luis Garicano, que intenta ayudar a los trabajadores precarios. Algo que para el autor es un signo de que “las élites empiezan a reconocer que no hay trabajo para todo el mundo, salvo empleos residuales”, aunque en su caso sea una mera reforma (por lo tanto, revocable) y no el reconocimiento de un derecho universal.
La implantación de la renta básica universal debería ser gradual, y empezar por algunos grupos de edad como jóvenes y mayores que no encuentran trabajo
Podemos tiene en sus manos llevar el debate al congreso, y Pérez cree que si no apuesta por dicha medida puede ser una oportunidad perdida: “Yo comprendo que un partido como el PSOE, que quiere atrapar votos en el centro, no quiera llevar una propuesta como esta porque es innovadora y la oposición los atacaría. Ahora, un partido que quiere romper con lo establecido debe correr ciertos riesgos”. Ignorar la renta “retrasará unos años la implantación yperpetuará estas situaciones de pobreza”.
Obviamente, ningún partido político puede llevar a cabo una medida así de la noche a la mañana. Pérez tiene claro que debería ser algo “gradual”, sobre todo porque implicaría una profunda reforma fiscal que no necesariamente pasa por plantear nuevos impuestos sino por repartir de otra manera lo recaudado, para no crear una inflación añadida. “Por ejemplo, podría plantearse por franjas de edad: nosotros en el Observatorio siempre hemos dicho que mayores y niños primero; es el caso de aquellos mayores que ya no van a encontrar trabajo”, añade.
Pero se trata de un escenario muy lejano. Por ahora, lo que está claro es que la renta básica universal vuelve a estar en boca de todos y a entrar en ciertas agendas políticas. Pérez, por su parte, tal y como señala en una entrada de sublog, se considera un firme defensor de un estatuto de autonomía personal, frente a otras reivindicaciones identitarias: “La política y la economía no serán actividades dignas mientras no sitúen a la persona como medida de todas las cosas. Representar a la persona por encima del territorio debería ser, por tanto, la gran prioridad de un Estado democrático, cuyos gobernantes son, no se olvide, elegidos por personas. Una Renta Básica de Ciudadanía, universal e incondicional, es el primer paso en la senda que conduce a un estatuto de Autonomía Personal para todos los habitantes de la España plural. Para ello, es preciso que los movimientos sociales que luchan contra la pobreza y contra la precariedad laboral exijan que los gobernantes aborden con valentía, sin complejos neoliberales ni gazmoñerías identitarias, la tarea civil de aumentar el grado de libertad real de las personas poniendo fin a las situaciones de pobreza dentro de su territorio”.
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