amenaza del TTIP
Susan George
Susan George es presidenta de honor de ATTAC Francia y presidenta
del Transnational Institute de Ámsterdam. Comprometida desde hace mucho
tiempo en los combates internacionales contra los efectos devastadores
de la globalización capitalista, es autora de ensayos como “Informe
Lugano I y II”, “El pensamiento secuestrado”, “Otro mundo es posible
si…”, “Sus crisis, nuestras soluciones” y “Los usurpadores”
Espacio Público me ha pedido que presente el debate
sobre el polémico Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP), y
estoy encantada y orgullosa de hacerlo. Este tratado, entre la Unión
Europea y los Estados Unidos, se está negociando desde mediados de 2013
pero mucha gente, tanto en España como en el resto de Europa, nunca ha
oído hablar de él. Por eso este debate es vital: creo que el TTIP es una
de las iniciativas más perniciosas que se hayan planteado jamás en una
mesa de negociación.
Quien espere de esta introducción un punto de vista neutral más vale que deje de leer en este mismo instante. A mi entender, pedir una valoración equitativa del TTIP es como intentar mantener una discusión objetiva sobre los pros y los contras del cáncer o de la guerra nuclear.
Antes de explicar por qué sostengo que el TTIP es un peligro indiscutible para todos nosotros, déjenme señalar que también creo que podemos derrotarlo; y cuando hablo de “nosotros” me refiero a los ciudadanos corrientes, tanto estadounidenses como europeos. La gente corriente es, de hecho, la única que puede decir No con total firmeza, porque cada uno de los 28 gobiernos que conforman la Unión Europea ha delegado en la Comisión Europea para negociar este tratado y todos lo han hecho sin informarnos de ello. Y, al hacerlo, nuestros gobiernos han decidido primar los intereses de las corporaciones internacionales (TNCs), verdaderos arquitectos de este tratado, por encima del bienestar y de la seguridad de sus propios ciudadanos.
Hoy, sin embargo, después de dos años de negociaciones, la gente se está uniendo para luchar, en Europa y en Estados Unidos, y evitar así que el TTIP adquiera categoría de ley. Estoy segura que los dos meses de debate en Público demostrarán que el TTIP perjudicaría los intereses de los ciudadanos europeos y nuestras tradiciones democráticas. La mejor arma de que disponemos para hacerle frente es la información. Como en los casos del cáncer y de la guerra nuclear, la única opción decente, la única alternativa, es que TTIP desaparezca.
Este tratado es una creación de las más grandes y poderosas corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y Europa. Comenzaron a preparar su golpe de Estado hace veinte años cuando, con el conocimiento y el apoyo de sus gobiernos, fundaron en 1995 el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico). El TABD asumió el desarrollo de un acuerdo de libre comercio e inversión de amplio alcance que constituye el gran proyecto para situar los intereses de las multinacionales por encima de la soberanía nacional, del imperio de la ley y de los derechos ciudadanos. Su objetivo es la “integración” y “armonización” de las economías europea y estadounidense según los deseos de las empresas y su eslogan era: “Aprobado una vez [por el TABD], aceptado en todas partes”.
Por tanto, no debe sorprendernos que este Tratado Europa-EEUU, si llega a ser aprobado, promueva gobiernos de, por y para estas mismas multinacionales transatlánticas. El TTIP es una grave amenaza para las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales de todos nuestros gobiernos y pretende reemplazarlas de forma permanente por normativas y procedimientos favorables para las corporaciones.
Las grandes empresas no quieren gobernar directamente –tienen de su parte a los políticos afines para hacerlo– pero, a diferencia del resto de nosotros, pueden seguir las negociaciones paso a paso. El texto del TTIP se mantiene en secreto así que, para conocer su contenido, incluso los parlamentarios europeos de la Comisión de Comercio han de solicitar permiso para entrar en una habitación especial de Bruselas, cerrada a cal y canto, en la que no se les permite hacer copias ni siquiera tomar notas. Recientemente, hasta a los altos funcionarios de los gobiernos de los países miembros se les ha comunicado que también tendrán que pasar por esa misma habitación de Bruselas si quieren echar un vistazo al texto. Los ciudadanos dependen de las publicaciones especializadas y de las filtraciones.
A pesar de su nombre, esta “Asociación de Comercio e Inversión” trata poco sobre comercio. Los aranceles entre Estados Unidos y Europa son ya bajos y, excepto para la agricultura, su media está en torno al 2% o 3%, por lo que no merece la pena mantener largas y complicadas conversaciones para reducirlas más aún. Pero precisemos que si la UE renuncia a los aranceles de protección a la agricultura, gran parte de los 13 millones de familias europeas que aún dependen del campo no podrían competir con las gigantescas granjas industriales norteamericanas de utilización intensiva de capital. Las pequeñas familias de granjeros y agricultores que quedan en Europa serán aniquiladas, exactamente igual que ocurrió con los dos millones y medio de campesinos mejicanos que fueron arruinados por la importación masiva de maíz subvencionado y barato tras el acuerdo de libre comercio firmado hace 20 años entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA). ¿Dónde hallarán estas personas una nueva forma de vida, otro empleo? Lo más probable es que acaben engrosando las filas de los parados europeos.
Las multinacionales no están muy interesadas en reducir los aranceles, pero se están concentrando duramente en lo que se conoce como barreras “no-arancelarias” o “detrás de las fronteras”. Estas pueden ser cualquier cosa de la que una corporación quiera deshacerse. Por ejemplo, “impedimentos para acceder al mercado” como las regulaciones gubernamentales en materia de alimentación, productos farmacéuticos, químicos, medio ambiente, etcétera.
En la actualidad, los europeos disponen de un sistema de regulación mejor que el de Estados Unidos prácticamente en todas las áreas, exceptuando las finanzas. Si el TTIP se aprueba tal como las multinacionales desean, todos los ciudadanos estarán en peligro –por los productos alimenticios, las sustancias tóxicas, los costosos medicamentos no genéricos, los pesticidas y otros muchos productos–. Por tanto, si los europeos se niegan por ejemplo a comer ternera criada con antibióticos y hormonas, o pollos lavados con cloro; si no quieren comer alimentos procesados con organismos modificados genéticamente; si se resisten a usar cosméticos y productos de uso diario en el hogar que contengan elementos químicos hasta ahora prohibidos en Europa, ¿cuál será el escenario?
Los norteamericanos argumentarán que eso “no es científico”
Las agencias de control de calidad de los alimentos europeas y los legisladores han sido obligados hasta ahora a aceptar el “principio de cautela”, porque así consta en los tratados de la fundación de la Unión Europea y afirma que este principio debe aplicarse en aquellos casos en los que “un fenómeno, producto o proceso pueda tener un efecto peligroso” para el medio ambiente, la alimentación o la salud de los humanos, los animales o las plantas. En otras palabras, “si existe un riesgo apreciable de que algo puede ser dañino, no lo permitas”. Si una empresa quiere colocar un producto equis en el mercado, es el fabricante quien debe demostrar que es sano y seguro. Al importador potencial no se le puede exigir que pruebe que no lo es.
Los norteamericanos adoptan el punto de vista opuesto y por eso presionan en las negociaciones del TTIP: si los europeos quieren rechazar sus productos o procesos, deberían ser obligados a proporcionar pruebas cien por cien científicas que demuestren que el producto es peligroso. Especialmente cuando está en juego algo tan complejo como el cuerpo humano, esto puede ser imposible –al menos en cuanto a que satisfaga a los estadounidenses. ¿Cómo puede usted estar seguro al cien por cien de que un ingrediente o producto A tiene un impacto dañino sobre la función B del cuerpo humano? Se pudo demostrar con el amianto porque causa un cáncer poco común en personas que han trabajado o vivido con él, pero no se puede disponer de una prueba irrefutable en cada caso. Los lobbies corporativos son capaces de retrasar una regulación durante años, y provocar así muchas muertes innecesarias. Un ejemplo flagrante es la forma en que el lobby del tabaco fue capaz de postergar durante décadas la prohibición de fumar y la inserción de textos en los paquetes avisando de los perjuicios de este hábito para la salud.
Europa cuenta aproximadamente con tres mil “indicaciones geográficas” sobre gastronomía y vinos –los negociadores norteamericanos del TTIP quieren convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc. en genéricos– de modo que se pueda producir queso Cheshire o feta, champán o rioja, Parma o Jabugo en cualquier sitio… y seguir denominándolos con esos términos.
Una queja de todas estas compañías –estadounidenses o europeas– es la inutilidad y el elevado coste que supone analizar los productos en ambos lugares. De acuerdo. Todos podrían acceder a evitar duplicidades si y sólo si los análisis tanto en Estados Unidos como en Europa fueran exactamente iguales –pero esto no es necesariamente cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una agencia de seguridad del automóvil. Pero General Motors fue obligada recientemente a revisar 12,8 millones de coches porque su sistema de ignición corría riesgo de apagarse y dejar a los conductores sin frenos o sin dirección. ¿Con qué meticulosidad se había llevado a cabo el control de calidad? ¿Y por qué la agencia de “seguridad” tardó más de una década en reconocer que estos coches eran peligrosos, a pesar de los numerosos informes de accidentes con heridos y muertos?
Esto nos lleva a otra de las demandas corporativas: deshacerse de todos los problemáticos “impedimentos para el comercio”, con la cooperación incondicional de sus respectivos gobiernos. Quieren un sistema para lo que la Comisión Europea denomina “Mejor Regulación” o “Cooperación Regulatoria”, en el que las multinacionales se involucren plenamente como “expertos” y que –según denuncia la red medioambiental ciudadana Amigos de la Tierra Europa– levantará “más y más barreras para impedir el establecimiento de nuevos estándares medioambientales, laborales, de salud y seguridad que protejan a los ciudadanos”… y que “amenaza con debilitar los criterios actuales sobre alimentación, productos químicos o biodiversidad”. Es fácil ver que esto es un potencial golpe de Estado, al servicio de los negocios, contra nuestros representantes democráticamente elegidos. Las multinacionales podrán así sentarse a la misma mesa que las instituciones y agencias reguladoras, e influir en sus resoluciones antes de que se adopten.
El TTIP es un tratado de comercio y de inversión, y en nombre de la protección de esa inversión otorga a las empresas la capacidad de demandar a los gobiernos ante tribunales privados de arbitraje cuando entienden que una normativa gubernamental puede perjudicar sus beneficios, tanto ahora como incluso en el futuro. Esto es una característica habitual de los tratados bilaterales de comercio e inversión conocidos como ISDS (de la siglas inglesas de Arbitraje de Diferencias entre Inversor y Estado) y es el aspecto del TTIP que hasta ahora ha sido objeto de mayor rechazo público. “entre Inversor y Estado” o Inversor contra Estado pudo haber sido una propuesta justa en 1959, fecha del primer tratado bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán, cuando nadie podía estar plenamente seguro de la imparcialidad de, digamos, un tribunal paquistaní. Pero en el caso del TTIP estamos hablando de sistemas judiciales maduros, equitativos y comprobados en Estados Unidos y Europa, en los que se da por descontado que garantizarán un juicio justo cuando una empresa recurra porque estime que ha sido expropiada o tratada injustamente por alguna regulación gubernamental.
Hoy en día tenemos ya un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso, y se puede comprobar cómo están siendo utilizados continuamente de forma arbitraria para deshacerse de regulaciones molestas y para obligar a los gobiernos –es decir, a sus contribuyentes– a pagar enormes cantidades de dinero a las compañías. Los gobiernos en Europa, especialmente los de países más pequeños y débiles, se lo pensarán dos veces antes de arriesgarse a aprobar cualquier nueva ley que pueda desagradar a los inversores. Algunos de los casos más conocidos son amenazas evidentes al clima, promovidas por empresas decididas a evitar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el caso de la empresa Lone Paint contra Quebec, demandando una indemnización de 250 millones de dólares porque Quebec impuso una moratoria sobre el fracking y Lone Paint quiere perforar en la cuenca del río San Lorenzo.
O si no, el caso de Occidental Petroleum en Ecuador, que ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida. Otros casos son amenazas directas a la salud pública o al deber de los gobiernos de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Como el de Philip Morris contra Australia y Uruguay por requerir cajetillas sin marcas y avisos ostensibles de los graves peligros del tabaco para la salud. O el caso de Veolia contra Egipto porque el Gobierno egipcio aumentó el salario mínimo.
Yo espero que ustedes ya se estén planteando hacer algo para detener este Tratado que ataca las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de los gobiernos democráticos y para evitar que tanto su Gobierno como la Unión Europea lo lleven adelante. Las negociaciones están empezando a vacilar en varios puntos gracias a las protestas de los ciudadanos –los gobiernos esperaban firmar antes del final de 2015; ahora están hablando, de manera “más realista”, de 2017. La UE ha intentado justificarlo aduciendo que traerá “empleos y crecimiento”, pero sus argumentos han sido desbaratados y se ha mostrado que sus “investigaciones” son en realidad propaganda.
El conocimiento es la mejor arma. Continúen con este debate, aprendan más e informen a todos sus conocidos y allegados. Pueden firmar la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos que, en el momento en que escribo estas líneas, supera ya los dos millones y medio de firmas en 18 países distintos, España incluida. Nuestro objetivo es reunir tres millones de firmas. Pueden ir a https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES. Firmen, pidan y busquen firmas. Pueden unirse a Attac, Amigos de la Tierra u otras campañas de organización contra el TTIP. Pueden presionar a los políticos usando argumentos y frases como “O le dices No al TTIP o te diremos no a ti” (o “Si le dices No al TTIP, te diremos sí a ti”). Los españoles han demostrado que tienen mucha imaginación política. La lucha contra el TTIP puede acabar con una victoria y ustedes pueden ser parte de ella.
Quien espere de esta introducción un punto de vista neutral más vale que deje de leer en este mismo instante. A mi entender, pedir una valoración equitativa del TTIP es como intentar mantener una discusión objetiva sobre los pros y los contras del cáncer o de la guerra nuclear.
Antes de explicar por qué sostengo que el TTIP es un peligro indiscutible para todos nosotros, déjenme señalar que también creo que podemos derrotarlo; y cuando hablo de “nosotros” me refiero a los ciudadanos corrientes, tanto estadounidenses como europeos. La gente corriente es, de hecho, la única que puede decir No con total firmeza, porque cada uno de los 28 gobiernos que conforman la Unión Europea ha delegado en la Comisión Europea para negociar este tratado y todos lo han hecho sin informarnos de ello. Y, al hacerlo, nuestros gobiernos han decidido primar los intereses de las corporaciones internacionales (TNCs), verdaderos arquitectos de este tratado, por encima del bienestar y de la seguridad de sus propios ciudadanos.
Hoy, sin embargo, después de dos años de negociaciones, la gente se está uniendo para luchar, en Europa y en Estados Unidos, y evitar así que el TTIP adquiera categoría de ley. Estoy segura que los dos meses de debate en Público demostrarán que el TTIP perjudicaría los intereses de los ciudadanos europeos y nuestras tradiciones democráticas. La mejor arma de que disponemos para hacerle frente es la información. Como en los casos del cáncer y de la guerra nuclear, la única opción decente, la única alternativa, es que TTIP desaparezca.
Este tratado es una creación de las más grandes y poderosas corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y Europa. Comenzaron a preparar su golpe de Estado hace veinte años cuando, con el conocimiento y el apoyo de sus gobiernos, fundaron en 1995 el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico). El TABD asumió el desarrollo de un acuerdo de libre comercio e inversión de amplio alcance que constituye el gran proyecto para situar los intereses de las multinacionales por encima de la soberanía nacional, del imperio de la ley y de los derechos ciudadanos. Su objetivo es la “integración” y “armonización” de las economías europea y estadounidense según los deseos de las empresas y su eslogan era: “Aprobado una vez [por el TABD], aceptado en todas partes”.
Por tanto, no debe sorprendernos que este Tratado Europa-EEUU, si llega a ser aprobado, promueva gobiernos de, por y para estas mismas multinacionales transatlánticas. El TTIP es una grave amenaza para las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales de todos nuestros gobiernos y pretende reemplazarlas de forma permanente por normativas y procedimientos favorables para las corporaciones.
Las grandes empresas no quieren gobernar directamente –tienen de su parte a los políticos afines para hacerlo– pero, a diferencia del resto de nosotros, pueden seguir las negociaciones paso a paso. El texto del TTIP se mantiene en secreto así que, para conocer su contenido, incluso los parlamentarios europeos de la Comisión de Comercio han de solicitar permiso para entrar en una habitación especial de Bruselas, cerrada a cal y canto, en la que no se les permite hacer copias ni siquiera tomar notas. Recientemente, hasta a los altos funcionarios de los gobiernos de los países miembros se les ha comunicado que también tendrán que pasar por esa misma habitación de Bruselas si quieren echar un vistazo al texto. Los ciudadanos dependen de las publicaciones especializadas y de las filtraciones.
A pesar de su nombre, esta “Asociación de Comercio e Inversión” trata poco sobre comercio. Los aranceles entre Estados Unidos y Europa son ya bajos y, excepto para la agricultura, su media está en torno al 2% o 3%, por lo que no merece la pena mantener largas y complicadas conversaciones para reducirlas más aún. Pero precisemos que si la UE renuncia a los aranceles de protección a la agricultura, gran parte de los 13 millones de familias europeas que aún dependen del campo no podrían competir con las gigantescas granjas industriales norteamericanas de utilización intensiva de capital. Las pequeñas familias de granjeros y agricultores que quedan en Europa serán aniquiladas, exactamente igual que ocurrió con los dos millones y medio de campesinos mejicanos que fueron arruinados por la importación masiva de maíz subvencionado y barato tras el acuerdo de libre comercio firmado hace 20 años entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA). ¿Dónde hallarán estas personas una nueva forma de vida, otro empleo? Lo más probable es que acaben engrosando las filas de los parados europeos.
Las multinacionales no están muy interesadas en reducir los aranceles, pero se están concentrando duramente en lo que se conoce como barreras “no-arancelarias” o “detrás de las fronteras”. Estas pueden ser cualquier cosa de la que una corporación quiera deshacerse. Por ejemplo, “impedimentos para acceder al mercado” como las regulaciones gubernamentales en materia de alimentación, productos farmacéuticos, químicos, medio ambiente, etcétera.
En la actualidad, los europeos disponen de un sistema de regulación mejor que el de Estados Unidos prácticamente en todas las áreas, exceptuando las finanzas. Si el TTIP se aprueba tal como las multinacionales desean, todos los ciudadanos estarán en peligro –por los productos alimenticios, las sustancias tóxicas, los costosos medicamentos no genéricos, los pesticidas y otros muchos productos–. Por tanto, si los europeos se niegan por ejemplo a comer ternera criada con antibióticos y hormonas, o pollos lavados con cloro; si no quieren comer alimentos procesados con organismos modificados genéticamente; si se resisten a usar cosméticos y productos de uso diario en el hogar que contengan elementos químicos hasta ahora prohibidos en Europa, ¿cuál será el escenario?
Los norteamericanos argumentarán que eso “no es científico”
Las agencias de control de calidad de los alimentos europeas y los legisladores han sido obligados hasta ahora a aceptar el “principio de cautela”, porque así consta en los tratados de la fundación de la Unión Europea y afirma que este principio debe aplicarse en aquellos casos en los que “un fenómeno, producto o proceso pueda tener un efecto peligroso” para el medio ambiente, la alimentación o la salud de los humanos, los animales o las plantas. En otras palabras, “si existe un riesgo apreciable de que algo puede ser dañino, no lo permitas”. Si una empresa quiere colocar un producto equis en el mercado, es el fabricante quien debe demostrar que es sano y seguro. Al importador potencial no se le puede exigir que pruebe que no lo es.
Los norteamericanos adoptan el punto de vista opuesto y por eso presionan en las negociaciones del TTIP: si los europeos quieren rechazar sus productos o procesos, deberían ser obligados a proporcionar pruebas cien por cien científicas que demuestren que el producto es peligroso. Especialmente cuando está en juego algo tan complejo como el cuerpo humano, esto puede ser imposible –al menos en cuanto a que satisfaga a los estadounidenses. ¿Cómo puede usted estar seguro al cien por cien de que un ingrediente o producto A tiene un impacto dañino sobre la función B del cuerpo humano? Se pudo demostrar con el amianto porque causa un cáncer poco común en personas que han trabajado o vivido con él, pero no se puede disponer de una prueba irrefutable en cada caso. Los lobbies corporativos son capaces de retrasar una regulación durante años, y provocar así muchas muertes innecesarias. Un ejemplo flagrante es la forma en que el lobby del tabaco fue capaz de postergar durante décadas la prohibición de fumar y la inserción de textos en los paquetes avisando de los perjuicios de este hábito para la salud.
Europa cuenta aproximadamente con tres mil “indicaciones geográficas” sobre gastronomía y vinos –los negociadores norteamericanos del TTIP quieren convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc. en genéricos– de modo que se pueda producir queso Cheshire o feta, champán o rioja, Parma o Jabugo en cualquier sitio… y seguir denominándolos con esos términos.
Una queja de todas estas compañías –estadounidenses o europeas– es la inutilidad y el elevado coste que supone analizar los productos en ambos lugares. De acuerdo. Todos podrían acceder a evitar duplicidades si y sólo si los análisis tanto en Estados Unidos como en Europa fueran exactamente iguales –pero esto no es necesariamente cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una agencia de seguridad del automóvil. Pero General Motors fue obligada recientemente a revisar 12,8 millones de coches porque su sistema de ignición corría riesgo de apagarse y dejar a los conductores sin frenos o sin dirección. ¿Con qué meticulosidad se había llevado a cabo el control de calidad? ¿Y por qué la agencia de “seguridad” tardó más de una década en reconocer que estos coches eran peligrosos, a pesar de los numerosos informes de accidentes con heridos y muertos?
Esto nos lleva a otra de las demandas corporativas: deshacerse de todos los problemáticos “impedimentos para el comercio”, con la cooperación incondicional de sus respectivos gobiernos. Quieren un sistema para lo que la Comisión Europea denomina “Mejor Regulación” o “Cooperación Regulatoria”, en el que las multinacionales se involucren plenamente como “expertos” y que –según denuncia la red medioambiental ciudadana Amigos de la Tierra Europa– levantará “más y más barreras para impedir el establecimiento de nuevos estándares medioambientales, laborales, de salud y seguridad que protejan a los ciudadanos”… y que “amenaza con debilitar los criterios actuales sobre alimentación, productos químicos o biodiversidad”. Es fácil ver que esto es un potencial golpe de Estado, al servicio de los negocios, contra nuestros representantes democráticamente elegidos. Las multinacionales podrán así sentarse a la misma mesa que las instituciones y agencias reguladoras, e influir en sus resoluciones antes de que se adopten.
El TTIP es un tratado de comercio y de inversión, y en nombre de la protección de esa inversión otorga a las empresas la capacidad de demandar a los gobiernos ante tribunales privados de arbitraje cuando entienden que una normativa gubernamental puede perjudicar sus beneficios, tanto ahora como incluso en el futuro. Esto es una característica habitual de los tratados bilaterales de comercio e inversión conocidos como ISDS (de la siglas inglesas de Arbitraje de Diferencias entre Inversor y Estado) y es el aspecto del TTIP que hasta ahora ha sido objeto de mayor rechazo público. “entre Inversor y Estado” o Inversor contra Estado pudo haber sido una propuesta justa en 1959, fecha del primer tratado bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán, cuando nadie podía estar plenamente seguro de la imparcialidad de, digamos, un tribunal paquistaní. Pero en el caso del TTIP estamos hablando de sistemas judiciales maduros, equitativos y comprobados en Estados Unidos y Europa, en los que se da por descontado que garantizarán un juicio justo cuando una empresa recurra porque estime que ha sido expropiada o tratada injustamente por alguna regulación gubernamental.
Hoy en día tenemos ya un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso, y se puede comprobar cómo están siendo utilizados continuamente de forma arbitraria para deshacerse de regulaciones molestas y para obligar a los gobiernos –es decir, a sus contribuyentes– a pagar enormes cantidades de dinero a las compañías. Los gobiernos en Europa, especialmente los de países más pequeños y débiles, se lo pensarán dos veces antes de arriesgarse a aprobar cualquier nueva ley que pueda desagradar a los inversores. Algunos de los casos más conocidos son amenazas evidentes al clima, promovidas por empresas decididas a evitar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el caso de la empresa Lone Paint contra Quebec, demandando una indemnización de 250 millones de dólares porque Quebec impuso una moratoria sobre el fracking y Lone Paint quiere perforar en la cuenca del río San Lorenzo.
O si no, el caso de Occidental Petroleum en Ecuador, que ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida. Otros casos son amenazas directas a la salud pública o al deber de los gobiernos de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Como el de Philip Morris contra Australia y Uruguay por requerir cajetillas sin marcas y avisos ostensibles de los graves peligros del tabaco para la salud. O el caso de Veolia contra Egipto porque el Gobierno egipcio aumentó el salario mínimo.
Yo espero que ustedes ya se estén planteando hacer algo para detener este Tratado que ataca las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de los gobiernos democráticos y para evitar que tanto su Gobierno como la Unión Europea lo lleven adelante. Las negociaciones están empezando a vacilar en varios puntos gracias a las protestas de los ciudadanos –los gobiernos esperaban firmar antes del final de 2015; ahora están hablando, de manera “más realista”, de 2017. La UE ha intentado justificarlo aduciendo que traerá “empleos y crecimiento”, pero sus argumentos han sido desbaratados y se ha mostrado que sus “investigaciones” son en realidad propaganda.
El conocimiento es la mejor arma. Continúen con este debate, aprendan más e informen a todos sus conocidos y allegados. Pueden firmar la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos que, en el momento en que escribo estas líneas, supera ya los dos millones y medio de firmas en 18 países distintos, España incluida. Nuestro objetivo es reunir tres millones de firmas. Pueden ir a https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES. Firmen, pidan y busquen firmas. Pueden unirse a Attac, Amigos de la Tierra u otras campañas de organización contra el TTIP. Pueden presionar a los políticos usando argumentos y frases como “O le dices No al TTIP o te diremos no a ti” (o “Si le dices No al TTIP, te diremos sí a ti”). Los españoles han demostrado que tienen mucha imaginación política. La lucha contra el TTIP puede acabar con una victoria y ustedes pueden ser parte de ella.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada