El Gobierno del millonario Juha Sipilä está dispuesto a implantar en pruebas piloto en zonas muy deprimidas una renta básica universal incondicional próxima a los 1.000 euros mensuales
La creciente exclusión social que incluye la pobreza laboral obliga a pensar en la renta mínima. Holanda ha introducido planes piloto en Utrecht y los suizos quieren un referendum
El PSOE sigue la estela de Podemos, partido que incluyó la renta mínima en el programa de las elecciones europeas
El incremento de la pobreza en el mundo desarrollado
alarma a la sociedad e infunde temor a las élites, que ven la eclosión
de partidos dispuestos a tomar medidas radicales para frenar la
creciente desigualdad económica y la destrucción de la clase media. La
clase política finlandesa se caracteriza como suele ser la norma entre
los nórdicos por su valentía y audacia en la toma de decisiones
políticas. El gobierno de centroderecha ha decidido dar un paso que en
otros países es reclamado por la izquierda radical, que no es otro que
el de la instauración de una renta mínima universal,
un sueldo mensual para todos los ciudadanos, que el Primer Ministro, el
millonario Juha Sipilä, ha insinuado que será en torno a los 1.000
euros.
Aunque el proyecto de ley que pretende el Gobierno no se conoce al detalle, sí se sabe la razón, que no es otra que la lucha contra la pobreza, y que la renta mínima universal, sin distinción de ningún tipo, se introducirá a modo de prueba en una zona muy castigada por el paro. La renta se concedería sin contrapartida alguna, pero conllevará la retirada de las ayudas sociales vigentes, como es el caso de las de vivienda, educación y desempleo, y por supuesto la pensión. Quien quiera ganar más obviamente deberá trabajar. Finlandia se puede permitir una medida de este tipo ya que es el país de la zona euro con más renta por habitante, por delante de Alemania, con más de 42.000 euros.
Los finlandeses apoyan mayoritariamente la introducción de una renta básica. Un estudio de opinión reciente patrocinado por e2, un think tank del Partido de Centro llegó a la conclusión de que el 79% de los ciudadanos aprobaban una política que introdujera la renta básica si con ello “se garantiza un mínimo nivel de subsistencia, se reduce la democracia y se fomenta el trabajo y el emprendimiento”. Finlandia es un país perfecto para realizar pruebas socioeconómicas del calado de una renta básica universal ya que es rico, cuenta con pocos habitantes, menos de 6 millones, y el desempleo está en un nivel histórico muy alto, superando el 10%.
Con casi el 25% de la población de la Unión Europea, lo que supone más de 120 millones de personas, en riesgo de pobreza y exclusión social (29% en España), es creciente la popularidad de la renta básica en Europa, que ya se ve factible, un cambio de opinión como en su momento ocurrió con las vacaciones pagadas implantadas en Francia por el gobierno del Frente Popular en 1936. Una persona en riesgo de pobreza en la Unión Europea es aquel que vive en un hogar con una renta equivalente por debajo del 60% de la mediana de la renta disponible nacional.
Además de los finlandeses, en Suiza se prepara un referéndum sobre este asunto para el próximo año, aunque la presión para que no tenga lugar el refrendo es enorme. En Irlanda, el mayor partido de la oposición, Fianna Fail, incluirá en su programa de cara a las elecciones del próximo año un compromiso de Renta Básica de 230 euros a la semana. En Holanda, hay 30 municipios y ciudades con planes de inserción de este tipo de renta, destacando el de Utrecht. A partir de enero de 2016, esta ciudad holandés creará varios modelos, sobre los que ha trabajado asociada con la Universidad de Utrecht, para ir probando la renta básica. Un grupo de personas que ya reciben ayudas de bienestar obtendrán 900 euros por adulto y 1.300 euros por pareja o familia al mes. Esta medida se probará con 300 personas. Habrá otra prueba con 50 personas que recibirán esa renta incondicionalmente al margen de que encuentren un trabajo. En Francia, la región de Aquitania también aprobó la introducción de renta básica en pruebas, una moción presentada por los verdes.
Además del debate sobre la validez y viabilidad de este instrumento para erradicar la pobreza, hay una gran presión sobre las grandes empresas para que eleven el salario mínimo hasta niveles que permitan a los trabajadores menos cualificados salir de la pobreza. Cuatro años después de que el movimiento Occupy Wall Street iniciara la protesta contra la desigualdad, un comité creado por el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, recomendaba el pasado miércoles elevar el salario mínimo de 8,75 dólares a 15 dólares en el sector de restaurantes de comida rápida, McDonald’s, Burger King, etcétera. Una subida del 74%, algo inconcebible sin la presión de los ciudadanos. También en Europa, el encargado de la Economía de Reino Unido, George Osborne, se ha comprometido a convertir el salario mínimo de 6,5 libras en salario digno de 9 libras para dentro de tres años. El peso de la opinión pública ha forzado a numerosas empresas, la última Ikea, a llevar a cabo ese incremento a partir de 2016.
Aunque el proyecto de ley que pretende el Gobierno no se conoce al detalle, sí se sabe la razón, que no es otra que la lucha contra la pobreza, y que la renta mínima universal, sin distinción de ningún tipo, se introducirá a modo de prueba en una zona muy castigada por el paro. La renta se concedería sin contrapartida alguna, pero conllevará la retirada de las ayudas sociales vigentes, como es el caso de las de vivienda, educación y desempleo, y por supuesto la pensión. Quien quiera ganar más obviamente deberá trabajar. Finlandia se puede permitir una medida de este tipo ya que es el país de la zona euro con más renta por habitante, por delante de Alemania, con más de 42.000 euros.
Los finlandeses apoyan mayoritariamente la introducción de una renta básica. Un estudio de opinión reciente patrocinado por e2, un think tank del Partido de Centro llegó a la conclusión de que el 79% de los ciudadanos aprobaban una política que introdujera la renta básica si con ello “se garantiza un mínimo nivel de subsistencia, se reduce la democracia y se fomenta el trabajo y el emprendimiento”. Finlandia es un país perfecto para realizar pruebas socioeconómicas del calado de una renta básica universal ya que es rico, cuenta con pocos habitantes, menos de 6 millones, y el desempleo está en un nivel histórico muy alto, superando el 10%.
Con casi el 25% de la población de la Unión Europea, lo que supone más de 120 millones de personas, en riesgo de pobreza y exclusión social (29% en España), es creciente la popularidad de la renta básica en Europa, que ya se ve factible, un cambio de opinión como en su momento ocurrió con las vacaciones pagadas implantadas en Francia por el gobierno del Frente Popular en 1936. Una persona en riesgo de pobreza en la Unión Europea es aquel que vive en un hogar con una renta equivalente por debajo del 60% de la mediana de la renta disponible nacional.
Además de los finlandeses, en Suiza se prepara un referéndum sobre este asunto para el próximo año, aunque la presión para que no tenga lugar el refrendo es enorme. En Irlanda, el mayor partido de la oposición, Fianna Fail, incluirá en su programa de cara a las elecciones del próximo año un compromiso de Renta Básica de 230 euros a la semana. En Holanda, hay 30 municipios y ciudades con planes de inserción de este tipo de renta, destacando el de Utrecht. A partir de enero de 2016, esta ciudad holandés creará varios modelos, sobre los que ha trabajado asociada con la Universidad de Utrecht, para ir probando la renta básica. Un grupo de personas que ya reciben ayudas de bienestar obtendrán 900 euros por adulto y 1.300 euros por pareja o familia al mes. Esta medida se probará con 300 personas. Habrá otra prueba con 50 personas que recibirán esa renta incondicionalmente al margen de que encuentren un trabajo. En Francia, la región de Aquitania también aprobó la introducción de renta básica en pruebas, una moción presentada por los verdes.
Nueva York, cuatro años después del Occupy Wall Street, eleva el salario mínimo un 72% en las cadenas de fast food
Podemos, en España, también incluirá una renta básica en el programa electoral, y el PSOE acaba de anunciar un ‘ingreso mínimo vital’ para las familias en riesgo de pobreza, con un coste estimado de 6.000 millones de euros anuales y beneficiando a 1,8 millones de personas. El ingreso mínimo partiría de 426 euros para ir subiendo en familias con hijos. La dinámica generada en favor de este modelo de economía solidaria, propulsada en parte por la creciente pobreza laboral, trabajos con salarios que impiden vivir con dignidad, es muy posible que permita alcanzar antes de tiempo los objetivos fijados por organizaciones europeas como Unconditional Basic Income Europe, que al menos un país de la UE haya implantado para 2020 la renta básica universal sin condiciones y que el tema sea centro de debate en la mayoría de los países.Además del debate sobre la validez y viabilidad de este instrumento para erradicar la pobreza, hay una gran presión sobre las grandes empresas para que eleven el salario mínimo hasta niveles que permitan a los trabajadores menos cualificados salir de la pobreza. Cuatro años después de que el movimiento Occupy Wall Street iniciara la protesta contra la desigualdad, un comité creado por el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, recomendaba el pasado miércoles elevar el salario mínimo de 8,75 dólares a 15 dólares en el sector de restaurantes de comida rápida, McDonald’s, Burger King, etcétera. Una subida del 74%, algo inconcebible sin la presión de los ciudadanos. También en Europa, el encargado de la Economía de Reino Unido, George Osborne, se ha comprometido a convertir el salario mínimo de 6,5 libras en salario digno de 9 libras para dentro de tres años. El peso de la opinión pública ha forzado a numerosas empresas, la última Ikea, a llevar a cabo ese incremento a partir de 2016.
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