JOSÉ LUIS REY PÉREZ
21-08-2015 22:51
La crisis económica ha cuestionado hasta qué punto nuestro Estado de bienestar resulta sostenible y se han hecho reformas encaminadas a convertirlo en un sistema puramente asistencial para aquellos que menos tienen. Sin embargo, creo que el mismo hecho de la crisis es el mejor argumento para defender no solo la necesidad moral que tenemos de las instituciones de bienestar, sino también su viabilidad en el medio plazo siempre que se hagan las modificaciones necesarias. Y digo en el medio plazo, porque las decisiones políticas están marcadas por la cita, cada cuatro años, en las urnas, y no son capaces de ver que el reforzamiento de nuestro Estado social es una tarea que solo se puede lograr en 10 o 15 años.
Nuestra economía enfrenta grandes problemas: un desempleo muy elevado con un alto componente estructural, unas tasas de pobreza y de desigualdad que han ido al alza, una cifra de pobreza infantil alarmante, un empleo cada vez más precario… Son problemas viejos que adoptan formas nuevas y que necesitan de respuestas originales, de una discusión amplia sobre esas soluciones que debe darse entre los partidos políticos, los agentes y movimientos sociales y la ciudadanía. Con la intención de contribuir a ese debate voy a apuntar algunas posibles soluciones.
Sin duda la mejor política social es la creación de empleo. Pero habría que añadir, no de cualquier tipo de empleo. Los trabajos que se están creando son precarios. Necesitamos empleo de calidad que dé a las personas los recursos suficientes para llevar una vida digna y que eso se traduzca en una mayor recaudación de impuestos. En los años de crecimiento se crearon en España cerca de ocho millones de empleos, pero la mayoría de ellos escasamente cualificados. Eso explica la rápida destrucción que se produjo cuando estalló la crisis. Para crear empleo de calidad es necesario mirar en el medio plazo qué sectores de la economía van a ser fundamentales, sectores de innovación, y ofrecer a los desempleados una formación de calidad competitiva en ellos, unir las políticas de empleo con las políticas educativas a lo largo de la vida. Esto es algo que no tendrá una respuesta inmediata, pero que en el medio plazo construirá un mercado laboral sólido. Además, sería necesario elevar el salario mínimo para evitar el triste fenómeno de la pobreza laboral. Yo apostaría por volver a un salario mínimo diferenciado por edades, menor para los jóvenes menores de 28 años que tienen dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y mayor del que tenemos para los que tienen más edad. Y en tanto el desempleo no se redujera habría que pensar en reducir la jornada laboral, incentivando para ello a los empresarios, para así lograr un reparto del empleo y del trabajo, que no es empleo que, como sabemos, suele recaer sobre los hombros de la mujer.
Nuestro Estado de bienestar debe desarrollar políticas que den respuesta a la pobreza. Hoy, respecto a la infantil, hacen más las pensiones de los abuelos que los programas de los distintos gobiernos. Habría que ser valientes y apostar por el derecho que cada niño tiene a un ingreso universal e incondicional. ¿Por qué universal e incondicional? Porque no es un derecho que sea de los progenitores, sino que el niño es el titular, ya que no es responsable de la suerte de sus padres. Las asignaciones universales por hijo existen en algunos países de nuestro entorno, como Francia, que cuando sucesivos gobiernos han intentado convertirlas en prestaciones selectivas o focalizadas se han encontrado con una fuerte reacción por parte de la ciudadanía. También en relación con la pobreza, sería necesario ordenar nuestro sistema de garantía de ingresos fuertemente fraccionado entre prestaciones no contributivas de la seguridad social y rentas de inserción de las comunidades autónomas. Tendríamos que revisar todo el sistema no contributivo pensado para una sociedad muy distinta a la nuestra orientándolo a garantizar un ingreso a todo adulto que esté en situación de necesidad, donde los correspondientes a las Comunidades Autónomas podrían seguir existiendo pero centrados en aspectos cualitativos.
El futuro de los Estados de bienestar, que siempre se han construido sobre las clases medias, pasa por ofrecer servicios públicos universales y de calidad, no en hacerlos cada vez más focalizados. Se me podrá decir que eso supone incrementar los gastos, pero creo que el esfuerzo de focalización debe hacerse en el ámbito de los ingresos. Normalmente estos dos elementos se suelen separar como si fueran cosas distintas, como si por un lado fueran las políticas fiscales y por otra las de gasto. Un Estado de bienestar será justo y eficiente si consigue recaudar de forma progresiva y distribuir lo recaudado reduciendo las desigualdades. Nuestro Estado de bienestar, cuyo gasto en transferencias es fundamentalmente en pensiones y prestaciones de desempleo, es escasamente redistributivo. Yo apostaría por extender las prestaciones e irlas convirtiendo en universales y, al mismo tiempo, reformar nuestro sistema fiscal para revertir la situación de la creciente regresividad que se ha producido en todos los tributos: acabar con la estructura dual del IRPF; eliminar deducciones que son claramente regresivas; revisar los productos que están en los tipos reducidos del IVA para que respondan a bienes de primera necesidad; recargar el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) cuando se tienen varias viviendas y rebajarlo cuando se es titular de una única vivienda (y más si está sometida a deudas); luchar porque las grandes compañías paguen proporcionalmente más que lo que pagan las pymes... El Estado de bienestar es sostenible. Se trata de voluntad política y de originalidad y valentía a la hora de proponer soluciones adaptadas a un momento nuevo en el que las políticas sociales son más necesarias que nunca.
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