La disolución del Parlamento en abril por la convocatoria de
elecciones provocó que se diese por cerrado el grupo de trabajo que
analiza su puesta en marcha sin elaborar el informe pertinente, como le
obligaba el reglamento de la Cámara.
CCOO, UGT y formaciones políticas como Podemos o Partido Andalucista critican duramente que el Gobierno andaluz rechace iniciativas populares y municipales y anuncie su propio anteproyecto de ley para dentro de un año.
La Junta ha rechazado tramitar sus propuestas "por implicar aumento de los créditos presupuestarios".
CCOO, UGT y formaciones políticas como Podemos o Partido Andalucista critican duramente que el Gobierno andaluz rechace iniciativas populares y municipales y anuncie su propio anteproyecto de ley para dentro de un año.
La Junta ha rechazado tramitar sus propuestas "por implicar aumento de los créditos presupuestarios".
La pobreza empuja cada vez a más personas a buscar restos útiles entre la basura / Luis Serrano
El Grupo de Trabajo en materia de renta básica de
ciudadanía de la IX Legislatura era, valga la redundancia, de la novena
legislatura. Es decir, murió con ella el pasado abril. Su objetivo era
"analizar la legislación autonómica e internacional en materia de renta
básica al objeto de poder fijar el alcance de una ley que pudiera
regular en Andalucía de una manera progresiva la incorporación de este
derecho". Lo dijo en su primera sesión (20 mayo 2014) la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. El derecho lo establece el artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en vigor desde marzo de 2007.
El pasado 10 de diciembre de 2014, tras consumir dos periodos de sesiones, se aprobó la concesión de una nueva prórroga del plazo para la realización del cometido del grupo antes de acabar el siguiente periodo.
Era la segunda y última prórroga. Fueron los únicos dos acuerdos a los
que llegó el grupo, que recogió básicamente la opinión al respecto de
agentes sociales y universitarios a lo largo de 15 sesiones y 11 meses,
desde febrero de 2014, cuando oficialmente se constituyó el grupo. Dada
la densidad de las comparecencias, no fue realmente un ritmo bajo de
reuniones, según fuentes consultadas.
Pero no hubo siguiente período de sesiones en la
legislatura. Tan solo dio tiempo a que el 15 de enero de 2015 se
reuniera de nuevo el grupo de trabajo para programar próximos encuentros
que nunca llegaron a producirse. Con la disolución del Parlamento, se
dio por cerrado el grupo sin que se elaborara un informe, pese a que el
artículo 54 del Reglamento del Parlamento
dice que estos grupos "elaborarán un informe que habrá de ser debatido
por la Comisión junto con los votos particulares que presenten los
grupos parlamentarios". Garantizar por ley una prestación económica
sustitutoria del actual salario social, en tanto el Ejecutivo central
regula la renta básica como derecho para todo el país, tendría que
esperar.
Fuentes parlamentarias confirman que el
grupo de trabajo no llegó a elaborar ningún informe debido a la
disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones. No se elaboró
informe, no dio tiempo, "no se pudo concluir el trabajo", señalan
igualmente desde la propia Consejería de Igualdad y Politicas Sociales,
encargada de elaborar el anteproyecto de ley. La única documentación
oficial que consta que se haya elaborado en el Parlamento son los diarios de sesiones del grupo de trabajo (sólo las comparecencias de agentes sociales, el resto de sesiones no se transcribe).
Rechazo a las propuesta de renta básica
Si en 2014 la renta básica volvió a la agenda política y social, 2015 puede ser año de tránsito sin resultados concretos. El pasado martes 14 de julio, el Consejo de Gobierno rechazó
de una tacada la tramitación de la Iniciativa Legislativa Municipal
(ILM) Proposición de Ley de Renta Social Básica, presentada por varios
ayuntamientos de Andalucía, con el apoyo del Partido Andalucista, y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, promovida por la plataforma 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía',
ambas admitidas a trámite por el Parlamento a finales de 2014. Las
rechazaba, en ambos casos, "por implicar aumento de los créditos
presupuestarios", según se recoge en ambos acuerdos.
El Ejecutivo andaluz, que argumentó que ya está trabajando en la
elaboración del anteproyecto de ley sobre esa materia, anunció que
enviaría su texto al Parlamento antes de que finalice el periodo de
sesiones de 2016 (junio del próximo año) para establecer "medidas para
asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas en riesgo de
exclusión social". Según se argumenta en los acuerdos, "el Gobierno de
Andalucía está trabajando en la línea de las conclusiones provisionales"
a las que llegó el grupo de trabajo, donde se configuraron "las líneas
maestras de una futura ley".
Entre los argumentos
para rechazar las propuestas, el Consejo de Gobierno de la Junta indicó
que "los sistemas públicos de educación, sanidad, servicios sociales,
vivienda y empleo tienen un insustituible papel en la prevención de la
exclusión social y en la promoción de la inclusión social y laboral", y
que "se trata de una norma de gran complejidad técnica pues debe
garantizar que los recursos disponibles lleguen efectivamente a aquellos
colectivos más vulnerables y castigados por la crisis y, a tales
efectos, deberá acompañarse de los correspondientes informes técnicos y
jurídicos que garantizarán la legalidad de la decisión".
Sindicatos, plataformas y partidos, indignados
El secretario general de CCOO-A,
Francisco Carbonero, al conocer el criterio contrario de la Junta a
tramitar las propuestas hechas llegar vía parlamentaria, criticó el
"desprecio a la gente más necesitada" por parte de la Administración,
lamentando que "ese nuevo tiempo del que hablan empieza por obviar el
escaño 110 del que tanto ha presumido el Gobierno andaluz".
El dirigente del sindicato, que forma parte de la plataforma cuya ILP
ha sido rechazada, afirmaba en un comunicado sentir una "gran
indignación" ante la "poca sensibilidad de un Gobierno que se supone de
izquierda y progresista al despreciar tan alegremente la opinión de
miles de personas". "Se han pasado tres pueblos", aseveró
contundentemente, porque la Junta "desprecia alegremente un proyecto que
busca dar salida a la situación de extrema necesidad en la que se
encuentran más de 800.000 andaluces", ha añadido.
El
rechazo "no llega con nocturnidad porque la decisión se tomó de día,
pero sí con alevosía y sin decir nada a nadie, y argumentando solo que
la Junta lo llevará como proyecto de Ley para 2016", algo que significa
que, en opinión de Carbonero, "no se va a hacer". "Los trabajadores, los
pensionistas y Andalucía ya no pueden esperar más y urge sacarlos de
esa situación de desesperanza", añadía.
Por su parte, el secretario general del Partido Andalucista,
Antonio Ruiz, reclamó al Consejo de Gobierno de la Junta que
"rectifique" en su rechazo a la Iniciativa Legislativa Municipal
Proposición de Ley sobre Renta Social Básica promovida por los
andalucistas, asegurando que van a "seguir peleando" en cumplimiento de
lo que establece el Estatuto de Autonomía.
En rueda
de prensa en Cádiz al día siguiente del Consejo de Gobierno, Ruiz
calificó de "total falta de vergüenza política y falta de respeto a los
andaluces" la decisión del Consejo de Gobierno, indicando que "ya se
creó en la anterior legislatura una comisión con la encomienda de
trabajar por la renta básica, pero fue un año perdido que no sirvió para
nada". "Defendemos que es un instrumento ligado a un plan de empleo y a
mecanismo de inserción social y laboral, contando con autónomos, pymes y
cooperativas y que no se debe perder un minuto más", dijo.
Por su parte, la secretaria general de Podemos
en Andalucía, Teresa Rodríguez, también se refirió públicamente al
asunto y lamentó la "falta de respeto enorme" de la la Junta. "Hay
costumbre en Andalucía de que el Gobierno legisle" y que "no reconozca,
aunque está reconocido en la normativa, la capacidad legislativa, por un
lado de grupos parlamentarios, y por otro, más grave aún si cabe, de la
ciudadanía".
La dirigente del partido a nivel regional recordó la posibilidad de que la ciudadanía tiene reconocida por ley de poder presentar iniciativas legislativas pero el Gobierno autonómico "ahora plantea que la ciudadanía no lo va a hacer, sino que lo harán ellos, como llevan prometiendo desde la pasada legislatura sobre Ley de Renta Básica". "Me parece una falta de respeto a la ciudadanía y al ordenamiento jurídico que reconoce a la ciudadanía la capacidad de presentar estas iniciativas", ha subrayado Teresa Rodríguez.
La dirigente del partido a nivel regional recordó la posibilidad de que la ciudadanía tiene reconocida por ley de poder presentar iniciativas legislativas pero el Gobierno autonómico "ahora plantea que la ciudadanía no lo va a hacer, sino que lo harán ellos, como llevan prometiendo desde la pasada legislatura sobre Ley de Renta Básica". "Me parece una falta de respeto a la ciudadanía y al ordenamiento jurídico que reconoce a la ciudadanía la capacidad de presentar estas iniciativas", ha subrayado Teresa Rodríguez.
Nuevo intento: 40.000 firmas para una nueva ILP de Renta Básica
Por su parte, la plataforma ciudadana por una renta básica en Andalucía
lamentó el "veto" del Gobierno andaluz a la participación después del
comentado rechazo a las ILM e ILP y pidió al Ejecutivo andaluz que
permitiera que todos los grupos parlamentarios puedan exponer su
criterio y opinión al respecto, presentando el pasado 16 de julio al
efecto en el Parlamento la ILP de Renta Básica para la Inclusión Social
en Andalucía para su puesta en marcha.
Se trata de un
nuevo intento para "dar una respuesta a la situación de necesidad de
una parte de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas que se encuentran en
situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con
recursos económicos y patrimoniales suficientes para abordar los gastos
mínimos que les garanticen una vida digna, y que no pueden acceder a un
empleo que les permita vivir con dignidad".
Según
Soledad Ruiz, presidenta de la comisión promotora que presentó en el
Parlamento las más de 40.000 firmas recogidas para poner en marcha la
ILP de Renta Básica para la Inclusión Social en Andalucía,"esta
iniciativa tiene por objeto dar una respuesta a la situación de
necesidad de una parte de los ciudadanos que se encuentran en
situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con
recursos económicos". A su juicio, "no podemos esperar más tiempo para
resolver esta situación", como se recoge en este vídeo de UGT Andalucía,
que forma parte de la plataforma:
La ILP, avalada por más de 40.000 firmas y apoyada por la plataforma
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y por la Red Andaluza de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ambas compuestas por
numerosas organizaciones sociales y sindicatos de ámbito andaluz, cumple
con todos los requisitos que la legislación establece para ser admitida
por el Parlamento andaluz, según la plataforma, que lamenta que el
Gobierno andaluz se escude en que ya está trabajando en la elaboración
de otro anteproyecto de ley sobre esta misma materia "y ningunee de esta
manera el trabajo ya realizado por la plataforma en defensa de las
familias más afectadas por la crisis".
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