Robert Skidelsky
Robert Skidelsky, Professor Emeritus of Political Economy at Warwick University and a fellow of the British Academy in history and economics, is a member of the British House of Lords. The author of a three-volume biography of John Maynard Keynes, he began his political career in the Labour party, b… read more
LONDRES – En la mayoría de los países ricos, ahora hay millones de “pobres que trabajan”: personas cuyos empleos no pagan suficiente para mantenerlos por encima de la línea de pobreza y que necesitan, además de sus salarios, subsidios del Estado, que adoptan la forma de créditos fiscales.
La idea es muy antigua. Durante las Guerras Napoleónicas, Inglaterra implementó un esquema de ayuda para compensar el encarecimiento del pan. Fue creado en 1795 por las autoridades de Speenhamland (un pueblo del condado de Berkshire) y consistía en una escala móvil de suplementos salariales dependiente de los medios de las familias receptoras, la cantidad de hijos y el precio del pan.
Pero el esquema fue blanco de críticas, por permitir a los empleadores pagar salarios por debajo del de subsistencia, ya que los contribuyentes compensarían la diferencia. En 1834, el sistema de Speenhamland fue sustituido por la Nueva Ley de Pobres, que confinaba las ayudas al interior de asilos denominados workhouses, con condiciones tan detestables que forzaban a sus receptores a volver al mercado laboral.
En el siglo XX, el principio rector del sistema de Speenhamland tuvo un renacer, por obra ni más ni menos que del pensador liberal de libre mercado Milton Friedman. En 1962, Friedman propuso un “impuesto negativo sobre la renta” por el que las personas que ganaran menos de cierto mínimo recibirían ingresos complementarios del Estado, en vez de pagarle impuestos. La idea era sacar a las personas del paro y ponerlas de nuevo a trabajar. Esto se implementó como Earned Income Tax Credit (crédito fiscal por ingresos obtenidos) en Estados Unidos y como Working Families Tax Credit (crédito fiscal a familias trabajadoras) en el Reino Unido.
Al mismo tiempo, hubo intentos de aumentar los ingresos de los trabajadores mediante leyes de salario mínimo. Pero como este nunca llegó al nivel mínimo fijado para el “ingreso vital”, no logró reducir apreciablemente el costo de los subsidios salariales.
En 2008, unos 5,5 millones de familias trabajadoras en el Reino Unido recibieron créditos fiscales, entre subsidios salariales, asignaciones por hijos, ayudas para vivienda y exenciones de impuestos locales. Las políticas de austeridad redujeron esta cifra a 4,3 millones. Puesto que en 2012 había 11,4 millones de familias trabajadoras en el Reino Unido, esto implica que nada menos que un 38% no recibió un “salario vital”. O por decirlo de otro modo: el salario de equilibrio del mercado no proveyó un ingreso vital al 38% de las familias trabajadoras. Estos son los “pobres que trabajan”.
El 8 de julio de este año y como parte de un plan de reducción del déficit, el ministro de economía británico, George Osborne, propuso un recorte de programas sociales equivalente a 12 000 millones de libras (18 600 millones de dólares), de los que 9 000 millones de libras saldrían de reducir los subsidios fiscales para familias trabajadoras.
Para compensarlo, Osborne propuso subir el salario mínimo de 6,50 libras por hora a 9 libras por hora a lo largo del mismo período. Como el incremento caerá sobre los empleadores (no el erario público), la reducción de créditos fiscales y beneficios es una ganancia neta para el Tesoro de Su Majestad. Un análisis del Instituto de Estudios Fiscales (IFS) determinó que si bien el Tesoro se ahorrará 12 000 millones de libras, el aumento en bruto que recibirán los trabajadores por la suba del salario mínimo sólo asciende a 4 000 millones. Tal como señala Paul Johnson, jefe del IFS: “Simplemente, la cantidad de dinero que irá al nuevo salario mínimo no es suficiente para compensarle a la gente, en contante, la pérdida de créditos fiscales”.
Pero incluso si el salario mínimo se subiera lo suficiente para compensar dicha pérdida, transferir más costo laboral de los contribuyentes a los empleadores sería una estrategia errada. La razón es que para muchas personas (tal vez, la mayoría), el trabajo va camino de ser una fuente de ingresos cada vez menor.
Al fin y al cabo, está casi descontado que la automatización avanzará cada vez más sobre el trabajo humano. Hasta el 50% de los empleos actuales puede estar en riesgo en los próximos 20 años. Y es por lo menos discutible que puedan hallarse suficientes empleos nuevos para reemplazarlos, o incluso que sea deseable seguir produciendo más y más bienes sólo para dar a las personas empleo a salarios cada vez menores.
Conforme los robots reemplacen cada vez más mano de obra, las personas necesitarán ingresos que reemplacen el salario. Mientras los créditos fiscales apuntan en la dirección de sustituir ingresos, elevar el salario mínimo apunta en la dirección opuesta, al hacer los ingresos más dependientes del empleo. De hecho, es casi seguro que una estrategia centrada en el salario mínimo acelerará el proceso de automatización. Si bien la evidencia previa indica que las leyes de salario mínimo no reducen la demanda de mano de obra, puede no ser aplicable ahora que el costo de automatizar la producción de bienes y servicios está en franca disminución.
En síntesis, si Osborne realmente está decidido a ofrecer un “ingreso vital” universal, debería pensar en un ingreso “básico” o “ciudadano”, independiente del mercado laboral. Una solución sencilla sería dar a todos los ciudadanos un crédito fiscal sin condiciones, que pueda acumularse gradualmente conforme disminuyan los ingresos del trabajo.
Tanto pensadores de libre mercado como socialistas llevan largo tiempo propugnando un esquema de ingresos básicos. Pero la idea siempre fue blanco de dos objeciones: que las sociedades son demasiado pobres para afrontarlo y que desincentivaría el trabajo.
Es evidente que la primera objeción ya no vale para las economías avanzadas, y la segunda es irrelevante, porque el objetivo no es reforzar el incentivo a trabajar, sino que la gente no dependa del trabajo para vivir. Un ingreso básico incondicional permitiría trabajar media jornada a muchos que ahora tienen que hacerlo a tiempo completo por salarios menores al mínimo vital. Y todos los trabajadores comenzarían a tener la libertad de hacer las mismas elecciones respecto de cuánto trabajar y en qué condiciones que hoy sólo tienen los dueños de un capital sustancial.
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