Los expertos vaticinan que los cambios en el mercado laboral por la cuarta revolución industrial también afectarán al instituto público
La Seguridad Social se encamina en 2016 hacia otro déficit récord. Encadenará cuatro, lo que unido al consecuente agotamiento del Fondo de Reserva ha puesto en la agenda política la necesidad de hablar sobre los ingresos del sistema público de pensiones. La mejora del empleo vista hasta ahora no basta. Es el turno de las ideas. Y ahí el todavía reciente secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado la atención proponiendo “que los robots coticen a la Seguridad Social”. La idea no es nueva y no aparece en una novela de Isaac Asimov. Con otras palabras, se puede leer en un proyecto de informe del Parlamento Europeo con recomendaciones para la Comisión sobre robótica y Derecho Civil: “[…] debería examinarse la necesidad de exigir a las empresas que informen acerca de en qué medida y proporción la robótica y la inteligencia artificial contribuyen a sus resultados económicos, a efectos de fiscalidad y del cálculo de las cotizaciones a la seguridad social […]”.
El punto de partida de la idea se encuentra en la revolución digital, el desarrollo de la robótica o de la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el empleo. Si se atiende al pronóstico del Foro Económico Mundial lanzado a comienzos de año, conocido como Davos, entre 2015 y 2020, desaparecerán 5,1 millones de puestos de trabajo. Una proyección más antigua (2013) calculada por Michael Osborne y Carl Frey, de la Universidad de Oxford, sobre el mercado laboral de Estados Unidos, situaba en el 47% los empleos que están bajo amenaza por la cuarta revolución industrial. Partiendo de ese cálculo, Jeremy Bowles, del Instituto Brueguel, hizo en 2014 los números para Europa y en España llegó al 55%.
“Creo que muchos de esos cálculos son exagerados”, apunta Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro) y del departamento de investigación de la Organización Internacional del Trabajo. También hay cifras que respaldan esta frase. La OCDE ha divultado este mismo año un estudio que reduce mucho el pesimismo. En España sitúa en el 12% el empleo en riesgo. No obstante, aunque las diferencias son grandes en función de quien haya hecho los números, la dirección es la misma. Y eso se traduce en menos ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social.
Torres continúa con las consecuencias del fenómeno: “En todos los sitios se preguntan lo mismo. Quién va a pagar las pensiones. Es una cuestión real”. No obstante, él no pone tanto énfasis en la desaparición de empleo como en su transformación. “Habrá más trabajo autónomo e independiente”. Y eso en países como España, con un sistema de pensiones cuya base está en el empleo asalariado (la recaudación por cotizaciones de este colectivo supera el 82% en lo que va de año), tiene grandes posibilidades de traducirse en menos ingresos.
Salvador del Rey, presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Florentino Felgueroso, investigador de la Fedea, y Máximo Blanco, de CC OO, coinciden en el vaticinio con Torres. “Es evidente que a corto plazo puede tener efectos negativos”, señala Del Rey, que afirma que “hay que tener una implantación responsable de la tecnología”. A continuación, señala al incremento de freelances que la revolución digital puede provocar, para señalar: “Hasta ahora el régimen de autónomos era residual. Esa tendencia ya no se produce. Hay que incentivar el incremento de la cotización del trabajo autónomo con un mecanismo diferente”.
Desde Fedea, Felgueroso reclama que este tema entre en el debate público. Sus reflexiones no caminan tanto hacia la cotización sino al impacto en el mercado laboral. En ellas aparecen fenómenos todavía más propios del mercado estadounidense como la “uberización del trabajo”, concepto que habla de la mayor facilidad de contratar por horas o, casi mejor, facturar gracias a aplicaciones digitales. Él rechaza la idea literal de que los robots coticen, “cotizar genera derechos”. “Otra cosa es que digas que hay que compensar”, abunda.
En la misma línea se expresa Torres, de Funcas. “El impuesto al robot está en el impuesto de sociedades”, señala. Sin embargo, sí que reclama que se diversifique la financiación de la protección social: “un pilar más”. Y lo resume así: “Impuestos para los elementos de la protección social que son redistributivos”.
Pero este debate todavía es incipiente. Las consecuencias en el mercado laboral del desarrollo de la robótica no están claras. “Es más lo que se cree que va a pasar”, señala José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad Complutense con una larga trayectoria de investigación sobre pensiones. “Está por ver si habrá más empleo o menos”, apunta, una observación que parte de cómo los incrementos de productividad de los anteriores avances industriales han generado más trabajos, pese a que también se lanzaban admoniciones.
Blanco, de CC OO, que ha elaborado recientemente un estudio sobre las consecuencias en la industria, señala que "hay mucha incertidumbre". "No es un problema solo en la Seguridad Social. Afecta a todos los ámbitos laborales", incide.
La discusión está tan en pañales que hay quien, consciente de las potenciales consecuencias, se plantea quien debe ser el propietario del robot. No hablan de pensiones, sino de crecimiento y desigualdad, pero tres investigadores del FMI (Andrew Berg, Edward F. Buffie y Luis-Felipe Zanna) acaban un artículo publicado en la revista del organismo Finanzas y desarrollo con esta frase: “Nuestro análisis lleva ineludiblemente a preguntarse quién será el dueño de los robots”.
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