Un informe del 'think tank' destaca la debilidad de la red de protección para los más pobres
Centro de Asistencia Pinar de San José del Samur Social de Madrid. / Bernardo Pérez
Más de 10 millones de españoles viven con una renta que les sitúan por debajo del umbral de la pobreza
(el 60% del ingreso mediano en el país), lo que supone ingresar menos
de 8.000 euros al año en un hogar unipersonal, o menos de 17.000 euros
en un hogar con dos adultos y dos menores. La red de protección final
para muchos de ellos, cuando agotan el resto de subsidios, está formada
por una malla de rentas mínimas autonómicas que se ha revelado muy
insuficiente. "Es un sistema que causa altos niveles de desigualdad
entre territorios y que se caracteriza porque en determinadas
comunidades las cuantías ofrecidas son muy bajas", apunta el catedrático
Luis Ayala, en el segundo informe sobre desigualdad en España publicado
por la Fundación Alternativas este miércoles. Un informe en el que el también catedrático Juan Gimeno concluye que el diseño de una renta básica de ciudadanía es "viable y sostenible".
El informe de la Fundación Alternativas explora la posibilidad de establecer una renta universal equivalente a la pensión mínima no contributiva (396 euros al mes, 4.775 euros al año), con un 30% adicional por hijo no emancipado, que “sería percibida por todo ciudadano mayor de edad con residencia permanente”. “La cifra no es quizás la deseable idealmente, pero para una familia de dos adultos con dos hijos supondría 12.365 euros al año”, explica Gimeno en su estudio. Para ese mismo supuesto, el INE sitúa el umbral de la pobreza (60% del ingreso mediano) en unos 17.000 euros.
La red de rentas mínimas autonómicas ha sido incapaz de contener el aumento de la pobreza en España. Más de 10 millones de personas están bajo ese umbral de la pobreza (22% de la población residente en España) y las ayudas autonómicas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos, en los que viven 1,8 millones de personas. Una situación que ha llevado a las principales formaciones políticas, salvo el PP, a realizar propuestas para reforzar los ingresos de los más pobres, aunque ninguna asume la idea de una renta universal.
Así, Gimeno plantea que esta renta básica y universal “absorba todas las prestaciones no contributivas” existentes y los primeros 400 euros de las prestaciones contributivas. También, las deducciones personales y familiares en el IRPF (26.000 millones) y otras por deducciones por maternidad o nacimiento. Además, la simplificación conllevaría menos gastos administrativos.
En suma, quedaría por financiar el 40% de esos 163.000 millones. El estudio ofrece aquí dos alternativas: incorporar un recargo progresivo en el IRPF a los que declaran más ingresos, lo que implicaría la “devolución total o parcial” de la renta básica. O aplicar nuevas figuras tributarias sobre las rentas de origen financiero para que toda la carga no recaiga en rentas del trabajo.
El informe de la Fundación Alternativas explora la posibilidad de establecer una renta universal equivalente a la pensión mínima no contributiva (396 euros al mes, 4.775 euros al año), con un 30% adicional por hijo no emancipado, que “sería percibida por todo ciudadano mayor de edad con residencia permanente”. “La cifra no es quizás la deseable idealmente, pero para una familia de dos adultos con dos hijos supondría 12.365 euros al año”, explica Gimeno en su estudio. Para ese mismo supuesto, el INE sitúa el umbral de la pobreza (60% del ingreso mediano) en unos 17.000 euros.
La red de rentas mínimas autonómicas ha sido incapaz de contener el aumento de la pobreza en España. Más de 10 millones de personas están bajo ese umbral de la pobreza (22% de la población residente en España) y las ayudas autonómicas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos, en los que viven 1,8 millones de personas. Una situación que ha llevado a las principales formaciones políticas, salvo el PP, a realizar propuestas para reforzar los ingresos de los más pobres, aunque ninguna asume la idea de una renta universal.
163.000 millones
“La crítica más radical es la que señala la inviabilidad financiera de la renta básica garantizada para todos los ciudadanos, porque exija un montante de recursos inabordable, que pueda poner en peligro otros programas del Estado del bienestar”, señala Gimeno. Con datos de 2010, el catedrático de la UNED estima que su propuesta tendría un “coste bruto teórico de 163.000 millones”, aunque buena parte se vería financiado por los ahorros de gasto que implicaría la implantación de esta medida.Así, Gimeno plantea que esta renta básica y universal “absorba todas las prestaciones no contributivas” existentes y los primeros 400 euros de las prestaciones contributivas. También, las deducciones personales y familiares en el IRPF (26.000 millones) y otras por deducciones por maternidad o nacimiento. Además, la simplificación conllevaría menos gastos administrativos.
En suma, quedaría por financiar el 40% de esos 163.000 millones. El estudio ofrece aquí dos alternativas: incorporar un recargo progresivo en el IRPF a los que declaran más ingresos, lo que implicaría la “devolución total o parcial” de la renta básica. O aplicar nuevas figuras tributarias sobre las rentas de origen financiero para que toda la carga no recaiga en rentas del trabajo.
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