¿Cobrar solo por existir?
Una iniciativa legislativa popular (ILP) reclama una renta mínima garantizada
Navarra y País Vasco son las únicas comunidades que podrían financiarlo
Suiza tiene recursos suficientes para pagarla, pero sus ciudadanos se opondrían
El 21,6% de la población española está en riesgo de caer en la pobreza. / SAMUEL SÁNCHEZ
La idea, que empezó a analizarse con detalle en círculos académicos a mediados de los años ochenta, dio un gran paso en 1986, cuando se creó la red mundial Basic Income Earth Network, que agrupa a economistas, políticos y activistas de decenas de países. En España está viva desde 2001 y trabaja con el nombre de Red Renta Básica (RRB). Y en Europa diversas organizaciones se han propuesto recoger un millón de firmas para pedir a la Comisión Europea que elabore un estudio de viabilidad. Sus defensores sostienen que es factible y que sería la mejor manera de desterrar la pobreza. En el otro extremo, los detractores de la medida cuestionan no solo que sea posible financiarla sino, además, que resulte deseable desde el punto de vista económico, social e, incluso, moral.
La RRB define esta renta básica como un ingreso que paga el Estado a cada ciudadano de pleno derecho. Se abonaría con carácter universal, independientemente de los ingresos, ahorros o propiedades del ciudadano. Y no supondría la supresión de otras prestaciones públicas. Un modelo que, a priori, solo podrían implementar las sociedades más ricas.
En un país como Suiza se calcula que implantar una renta básica de 2.500 francos (unos 2.000 euros) costaría en torno a 200.000 millones de euros (un tercio de la riqueza nacional). Es decir, que podría llegar a financiarse. Sin embargo, además de dinero hace falta voluntad política y ciudadana. Y ambas cosas están ausentes. Según Samuel Bendahan, economista de la Universidad de Lausanne (Suiza), “en caso de que hubiera un referéndum es muy improbable que los suizos aceptaran, porque temen que esta medida arruine la economía del país [al detraer muchos recursos para este fin]”. “El miedo es un factor muy presente en los suizos cuando tienen que tomar decisiones políticas”, señala Bendahan, quien defiende la viabilidad de la renta básica, “aunque sea en cuantías pequeñas”.
Katja Kipping, presidenta del partido alemán Die Linke (La Izquierda), también es una firme defensora de esta propuesta en el Parlamento germano. En su opinión, “la renta básica universal es una utopía real”. Y debe ser “uno de los pilares para una nueva Europa social y democrática”.
Sus detractores la critican por razones morales, además de financieras. La implementación de un ingreso universal de este tipo tendría
enormes implicaciones en el tejido económico de un país. La más obvia a
la que los expertos apuntan es que mucha gente optaría por dejar su
actual puesto de trabajo. Bendahan lo reconoce, y asegura que es algo
positivo: “Si hubiera una renta básica que cubriera lo esencial, la
gente no tendría que optar por trabajos que detesta”. Un mal de muchos
que el economista define como “una forma moderna de esclavitud”. En su
opinión, esto transformaría radicalmente el mercado laboral porque los
empleos más desagradables y que nadie desea pasarían a estar muy bien
remunerados. Además, se podría pedir a los ciudadanos que, en aras del
bien común, ejerciesen algunas labores especialmente difíciles, como
algunas relativas a la defensa o la seguridad.
Barbara R. Bergmann, profesora emérita en Economía de la Universidad de Maryland, anota otra derivada que considera positiva: “Los países ricos necesitamos frenar el crecimiento económico para tener derecho a pedir a las naciones más pobres que limiten sus emisiones (contaminantes). La renta básica universal puede funcionar como una forma de compensar la caída de ingresos de los ciudadanos en los países desarrollados”.
En opinión del escritor y activista leonés Ramiro Pinto “la renta básica sería a la economía lo que el voto es a la democracia”. Pronunciamientos teóricos que probablemente apoyarían muchos ciudadanos, pero que son difíciles de aterrizar en un modelo económico concreto.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (agrupados en el colectivo Gestha, que reúne a 8.000 profesionales y que en la práctica funciona como un gabinete de estudios fiscales) ha echado cuentas para intentar averiguar si la idea sería sostenible vía impuestos en España. Y no parece fácil. Según explica José María Mollinedo, secretario de Gestha, “la renta básica universal debería evitar la pobreza material y proporcionar la oportunidad de participar en la sociedad. Esto significa que tendría que estar, como mínimo, al nivel del riesgo de pobreza según los estándares de la Unión Europea”. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que el umbral de la pobreza el año pasado se situaba en 7.508,6 euros. Esa sería, pues, la cantidad anual que debería garantizar el Estado a todos los habitantes. ¿Una quimera?
Con la actual arquitectura impositiva del país, los números no salen. Al menos a Gestha. Financiar esos 7.508,6 euros para todos costaría a las arcas públicas 353.351 millones, una cantidad muy por encima de los ingresos vía impuestos (210.712 millones) recaudados por el Estado y las comunidades autónomas. ¿Y si fuese una renta básica limitada solo a quienes están por debajo del umbral de la pobreza? Los técnicos de Hacienda creen que esto tampoco sería posible, salvo en algunas comunidades.
Navarra y el País Vasco sí podrían garantizar esa renta a sus conciudadanos más desfavorecidos. Primero, porque estos territorios tienen una tasa menor de riesgo de pobreza y, en segundo lugar, gracias a sus regímenes forales. El porcentaje total de tributos que habría que dedicar a tal fin parece, de hecho, asumible: un 12,9% en Navarra, 13,5% en Álava, 14,1% en Bizkaia y 15% en Gipuzkoa.
El catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons cree que “se pueden generar tablas de ganadores y perdedores”. “Las capas sociales que tienen más rentas y declaran más ingresos son las que deben hacer el mayor esfuerzo de pago”.
En el camino hacia una mayor redistribución de la renta, Cataluña es la que maneja una propuesta más avanzada. Ya en 2005 la Red Renta Básica trazó una propuesta de financiación que planteaba dar 5.414 euros anuales a los mayores de 18 años y 2.707 a los menores. Daniel Raventós, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, recuerda que “el resultado fue que aproximadamente el 70% de la población con menos ingresos se beneficiaba de la renta básica universal, un 15% quedaba igual y el 15% más rico perdía”. Los expertos Jordi Arcarons, Lluís Torrens (profesor de la escuela de negocios IESE y analista en gestión pública) y el propio Raventós ultiman un estudio que actualiza esas cifras y del que EL PAÍS avanza algunos resultados.
En Cataluña, unas 340.000 personas no reciben ninguna clase de ayuda.El objetivo que plantean es financiar una renta básica de 7.968 euros
anuales (indicador oficial de “suficiencia económica” establecido por
la Generalitat, que es algo superior al umbral de la pobreza) para los
adultos y de 1.594 euros para los menores. Según sus cálculos, la
población sujeta a tributación por el IRPF (directa o indirectamente el
80% de los catalanes) debería pagar un tipo único nominal del 49,58%,
pero solo sobre los ingresos obtenidos al margen de la renta básica
universal. La combinación de un tipo único y una renta básica da lugar a
un modelo “altísimamente progresivo”, apunta Daniel Raventós, en el que
pagan más quienes más ingresan.
Según Raventós, “la manera de financiar la renta es a través de la reforma del IRPF y el ahorro que suponen las prestaciones que se suprimen. Y en ningún caso se toca un euro de partidas como educación o sanidad”. “Además”, añade, “la mayoría de la población saldría ganando respecto a la situación actual. Solo entre un 10% y un 15% de las personas más ricas perderían con esta propuesta de reforma. Y entre un 70% y un 80% de la población situada en los niveles inferiores saldría ganando. Dicho de otra manera: habría una gran redistribución de los sectores más ricos al resto de los ciudadanos”.
Otra derivada sería que su aplicación eliminaría —escribía Daniel Raventós en El diario.es— todos los subsidios condicionados (por ejemplo, las rentas mínimas de inserción) que existen en nuestras comunidades autónomas, reduciría costes administrativos, racionalizaría y ordenaría las prestaciones, pensiones y rentas que actualmente funcionan (con cuantías por debajo del umbral de la pobreza) y que son un verdadero laberinto burocrático. Además, a menudo estas prestaciones son incompatibles con otras fuentes de ingresos provenientes del trabajo asalariado. Por esto, la renta básica superaría las conocidas “trampas de la pobreza y el paro”, que dan por sentado que al no ser acumulativas las fuentes de renta, las personas no tienen mucho estímulo para acceder a un puesto de trabajo si esto representa la pérdida de la prestación.
Planteamientos como este parecen difíciles de materializar, especialmente en un momento en el que las arcas públicas arrastran importantísimos déficits. Pero hay quienes sostienen que sí es factible implementar alguna variante menos ambiciosa. En concreto, la llamada renta garantizada de ciudadanía, que aspira a asegurar una prestación económica a toda persona que tenga unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Impulsada por diversas entidades sociales y colectivos, el pasado 15 de abril se puso en marcha una campaña para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) reclamando que esta renta se aplique en Cataluña. Hacen falta 50.000 firmas para llegar al Parlament y los promotores tienen un plazo de 120 días prorrogables para conseguirlas.
Los organizadores de esta iniciativa se muestran confiados en que lograrán recabar las rúbricas necesarias y señalan que se trata de una medida especialmente urgente en Cataluña, una comunidad en la que 340.000 personas no perciben ninguna clase de ayuda. En una reciente mesa redonda titulada Lucha contra la pobreza: por una renta garantizada ciudadana hacia la renta básica, organizada por el colectivo ciudadano ATTAC, se escucharon voces a favor de un ingreso que permita “rescatar a muchas personas de la situación de pobreza e indignidad” en la que están.
Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), asegura que se trata de “una revolución en la forma en la que percibimos el Estado de bienestar”. Ortiz recurre al artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para señalar que “las personas o familias que se encuentren en una situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. En este caso, 664 euros por 12 pagas (la recibirían los mayores de 18 años), que es el mínimo para superar el límite de pobreza en ese territorio.
Una idea que también esgrime Juan López de Uralde, portavoz de Equo, partido de base ecologista que recoge en su programa electoral una renta social mínima de 500 euros mensuales para quien carezca de ingresos. “Es una forma de evitar la marginación y la pobreza”. ¿Y cómo financiarlo? “Usando fórmulas imaginativas. Por ejemplo, una modificación al alza de la tasa Tobin [grava las transacciones financieras]”, asevera. ¿Una utopía imposible de alcanzar? “Se puede lograr”, asegura el político.
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