El model de creixement insostenible i il·limitat que ens ha abocat a la crisi econòmica mundial és també la causa de la crisi ambiental en la que estem immersos. Aquest és un model antieconòmic perquè ha deixat ja de ser positiu per a nosaltres.
Els beneficis que d’ell n’obtenim no superen el perjudicis que ens comporta en forma de pèrdua irreversible d’espècies i de recursos naturals, de contaminació i degradació ecològica, de costos personals i de injustícia social.
Descontando los océanos y los polos, tres cuartas partes del planeta
se han visto alteradas por acciones humanas. Además, solo el 3% de las
regiones con mayor biodiversidad
siguen relativamente inalteradas, según un nuevo mapa del impacto
humano sobre la naturaleza. Sin embargo, el estudio también muestra que
la huella humana sobre los diferentes ecosistemas se está ralentizando e
incluso, en los países más desarrollados y con menos corrupción,
borrándose.
A comienzos de siglo, zoólogos de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza (WCS, por sus siglas en inglés) crearon el primer mapa de la huella humana sobre el planeta.
Pretendían medir el impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza
con una serie de variables como el avance de las ciudades, la conversión de bosques y selvas en tierras de cultivo o pastizales, la expansión de las infraestructuras, como carreteras y ferrocarriles, la apertura de rutas navegables, la contaminación lumínica o la densidad de población.
Una revisión de aquel mapa muestra que las cosas han ido a peor. Según publican en la revista Nature Communications,
en 1993 (punto de partida del primer mapa) casi un tercio de la
superficie terrestre excluida la Antártida, apenas había sufrido la
incursión humana. Sin embargo, en 2009 (último año para el que hay datos
oficiales para todas las variables), estos territorios vírgenes habían
menguado en 23 millones de Km2.
Solo el 3% de las regiones con mayor biodiversidad están relativamente libres de impacto humano
Los ecosistemas más alterados por la acción humana en estos 20 años
han sido los bosques de frondosas (árboles de hoja ancha) de Europa
Occidental, el este de EE UU y de China. También han sufrido la
intervención humana las regiones de sabana y arbustos de India y Brasil y
las selvas húmedas del sudeste asiático. En el extremo contrario, los
desiertos del Sahara, Gobi y Australia, junto a las regiones de tundra y
las zonas más escondidas de las selvas húmedas del Amazonas y el Congo
han escapado por ahora de los humanos. El nuevo mapa de la huella humana
muestra también cómo se está reduciendo la biodiversidad del planeta.
El 97% de las regiones con mayor riqueza natural, medida en número de
especies vegetales endémicas (al menos 1.500) y de vertebrados (más de
500 especies) se han visto alteradas por alguna de las variables
humanas.
"La huella ha aumentado en muchos lugares y cada vez queda menos área
libre de impactos humanos", reconoce la investigadora de la Estación
Biológica de Doñana/CSIC y coautora del estudio Ainhoa Magrach.
Entre los principales vectores del avance de la huella humana "está la
agricultura", recuerda Magrach. Y no solo porque suponga la conversión
de tierras naturales en cultivos o pastos. Con la agricultura se
acentúan otras variables como el aumento de la población, la
urbanización o las nuevas infraestructuras.
El mapa muestra la
evolución del impacto humano sobre la naturaleza desde 1993. En rojo,
las regiones que han aumentado su huella. Venter et al.
Sin embargo, aún hay esperanza. "Hemos encontrado países que han
reducido su huella respecto a 1993", dice la investigadora española. En
concreto, en aquellos países con mayor crecimiento económico, un mejor
índice de desarrollo humano y menores índices de corrupción "la huella
está decreciendo", dice. De hecho, dos indicadores clave para la
profundidad de la huella, como son el crecimiento económico y la
población mundiales, han crecido un 153% el primero y un 23% el segundo.
Mucho más que el impacto humano, cifrado en un 9%.
Una posible explicación de esta mejoría relativa podría deberse a la
exportación de la huella: los países ricos impactan los ecosistemas de
los menos desarrollados a través de comercio de materias primas. Sin
embargo, los investigadores analizaron los datos del comercio mundial de
productos básicos como la carne o los cereales y recursos naturales
como la madera y no encontraron un trasvase de huella.
"Comprobar que nuestros impactos han aumentado a un ritmo menor que
el crecimiento económico y el de la población es esperanzador", dice en
una nota el investigador de la Universidad del Norte de la Columbia Británica
y principal autor del estudio Oscar Venter. "Esto significa que estamos
siendo más eficientes a la hora de usar los recursos naturales", añade.
Algunos ayuntamientos empiezan a
tomárselo en serio. Tanto, que ya se han fijado una fecha para que su
abastecimiento eléctrico sea totalmente limpio. ¿La mala noticia?
Ninguno pertenece a España.
Que la energía que nutre la rutina
diaria de una ciudad sea renovable al 100% no debería verse como una
proeza, sino como una obligación desde hoy mismo. Las poco halagüeñas
perspectivas sobre el cambio climático dadas en la Cumbre de París lo
constatan: se dio por hecho, en el mejor de los escenarios, que la
temperatura global del planeta subirá entre uno y dos grados a finales
de siglo, y el objetivo máximo de esa reunión tan bienintencionada es,
básicamente, que no pase de ahí. Menos da una piedra.
Hay iniciativas por parte de algunas
ciudades que llaman a la esperanza. Al menos, si el resto las toma como
referencia. La diferencia con otros planteamientos a futuro más vagos y
difusos (y, sobre todo, electoralistas), es que estos ayuntamientos
ponen una fecha. Y, sobre la mesa, su credibilidad y sus votos. Aún hoy
son una rareza. Pero existen.
La web Go 100% Renewable Energy,
creada por el Renewables 100 Policy Institute de Estados Unidos, hace
un seguimiento profuso a nivel mundial de quién se compromete, y quién
no tanto, con el uso de energías renovables. Y aporta un listado.
Desgraciadamente, España solo figura en dos ocasiones, un tanto
inconcretas. Por un lado, Extremadura como región. Es cierto que en 2010
la Comunidad Autónoma logró cubrir la demanda de su millón de
habitantes solo con energías renovables. También es verdad que fue un
año especialmente intenso en lluvia y viento, lo que multiplicó la
productividad habitual de sus plantas hidroeléctricas y sus molinos. Sus
políticas siguen apostando por la generación eólica y de las plantas
termosolares, pero no hay un compromiso claro de darle continuidad
exclusivamente a las energías renovables y desterrar definitivamente la
proveniente de combustibles fósiles. En su favor, hay que decir dos
cosas: en condiciones normales, es capaz de suministrar el 78% de las
necesidades energéticas de su población con fuentes renovables. En 2019,
está previsto que finalice la construcción de cuatro grandes plantas
termosolares (dos en Mérida y otras dos en Usagre) que acercarían a la
región al objetivo de abastecerse al 100% de energías limpias.
La isla del Hierro ya es capaz de
abastecer, de media, el 70% de sus necesidades energéticas de fuentes
hidráulicas y eólicas. Los picos en los que logran llegar al 100% son
cada vez más frecuentes. El Instituto Tecnológico de Canarias se ha
involucrado en este objetivo con el desarrollo de una batería natural
capaz de acumular y almacenar la energía renovable para su uso
posterior.
Hay ciudades de diferentes partes del
mundo que marcaron en verde un año del calendario y algunas incluso ya
han cumplido su objetivo. Veamos 10 ejemplos.
Aspen
Esta pequeña ciudad de Colorado, Estados
Unidos, es una de las mesas del esquí mundial y uno de los ecosistemas
más amenazados por el cambio climático. Hace cinco años se pusieron la
meta de abastecerse al 100% de energías renovables en 2015. Objetivo
cumplido. La red eléctrica se alimenta, en un 46%, de dos plantas
hidroeléctricas; en un 53% de cuatro parques eólicos ubicados en
Nebraska y Dakota del Sur; y el 1% restante, de gas proveniente de
vertederos o rellenos sanitarios.
Burlington
Logró su objetivo unos meses antes que
Aspen y, por tanto, tiene el honor de ser la primera ciudad de Estados
Unidos en abastecerse al 100% con energías renovables. La ciudad más
grande del estado de Vermont produce la mayor parte a partir energía
hidroeléctrica, aprovechando la presión del agua de turbinas
subterráneas. El 30% proviene de una planta de biomasa que quema madera
de desecho convirtiendo el calor en vapor. El 20% restante lo producen
generadores eólicos.
Múnich
La ciudad alemana se lo plantea a medio
plazo, pero ya se ha marcado una fecha: 2025. Es un gran reto, si
tenemos en cuenta que es la tercera ciudad más grande del país, con la
mayor renta per cápita y rodeada de mucha industria. Por el momento, ya
cubre el 37% del consumo de electricidad total de Múnich y supera el
abastecimiento de 80.000 hogares y redes de metro y tranvía.
Copenhague
La capital danesa quiere ser neutra en
emisiones de carbono en 2025. Y eso pasa, claro, por abastecerse
exclusivamente de fuentes renovables. Trabajan en la implementación de
una red de transporte público libre de emisiones de carbono y en
alternativas verdes para la calefacción, como el sistema combinado o la
que se nutre de energía geotermal.
Güssing
Este pequeño pueblo austriaco de unos
4.000 habitantes se puso la meta en 1990 y ya lo ha conseguido:
actualmente, produce 10 veces más de la energía que necesita, a partir
solo de energías renovables, en su mayor parte biogás. Además, ha creado
más de 100 puestos de trabajo relacionado con el sector energético.
Perpignan
No solo la ciudad, también toda la
región francesa pretende nutrirse de energía 100% renovable, algo
especialmente meritorio en un país dominado por las nucleares. Su meta
estaba puesta entre el año pasado y este, y parece que van por el buen
camino: la Comunidad Perpignan Meditarrené ya abastece al 75% de su
población de fuentes limpias.
San Francisco
El objetivo de la ciudad californiana
está marcado para 2020, evolucionando su planta de energía municipal,
que se nutre de hidroeléctrica, solar e instalaciones de biogás.
Actualmente, el 41% de la energía que abastece a sus habitantes es
renovable.
San José
La ciudad próxima a Silicon Valley opta,
cómo no, por la innovación. Y por el mínimo intervencionismo. Se ha
puesto el objetivo de ser renovable al 100% en 2022. Es una de las pocas
ciudades del mundo desarrollado que ha eliminado la necesidad de tener
un permiso para construir a la hora de añadir paneles solares en los
techos de las viviendas privadas. San José planea además instalar
energía solar en las instalaciones municipales, impulsar la innovación
tecnológica y también las compras masivas de energía. Apoyará los
acuerdos que permitan a los negocios y a sus habitantes vender la
energía solar que generan y producir ganancias.
Bonaire
Aún no lo han hecho oficial, pero están a
punto de cumplir su meta, marcada para este año. Esta isla caribeña no
llega a los 15.000 habitantes, pero recibe 70.000 turistas al año. En
2004, un incendio acabó con la planta de generadores diésel que
abastecía a Bonaire, y de allí surgió el reto de ser 100% renovable. Su
combinación para lograr su objetivo: energía eólica y almacenamiento en
baterías, y generadores alimentados por un biocombustible a partir de
algas.
Fráncfort
La ciudad alemana, de más de medio
millón de habitantes, se ha comprometido a reducir a cero sus emisiones
de CO2 de aquí a 2050, y eso pasa por abastecerse solo de energías
renovables. Tiene mérito en el centro financiero más importante de uno
de los países más ricos del mundo, en el que la economía ha crecido en
más de un 50% y los espacios dedicados a oficinas en un 80%. Con todo,
en apenas diez años han logrado reducir su huella de carbono en un 15%.
El cielo de Madrid visto desde Vallecas en noviembre pasado, el mes con más contaminación de los últimos seis años. Álvaro GarcíaArticle publicat a El País
Las ciudades deben ser compactas, promover viviendas eficientes y un buen transporte público que desincentive el uso del coche
Las ciudades ofrecen un espacio donde
habitar, trabajar, realizar actividades culturales, deportivas y de
ocio. Pero también representan zonas de riesgo, algo inherente a la
aglomeración urbana. Todas estas actividades humanas forman parte de un
ecosistema complejo de interacciones sociales, económicas y ambientales
en un espacio físico circunscrito a la urbe. Una parte de este ambiente
es la atmósfera, donde se depositan gases, partículas y diversos
compuestos que se derivan de nuestras actividades cotidianas.
Estos contaminantes reducen significativamente la calidad del aire que respiramos cada día, lo que se convierte en una amenaza para nuestra salud. De acuerdo con el más reciente informe de la OMS (Global Urban Ambient Air Pollution Database, 2016, con información de 3.000 ciudades en 103 países), ocho
de cada 10 personas que viven en zonas urbanas respiran un aire con
niveles de contaminación que superan los límites recomendados. En 2012 murieron 8,2 millones de personas. De acuerdo con las cifras de la OMS, los accidentes cerebrovasculares, los cánceres y las neumopatías
crónicas constituyen actualmente casi dos terceras partes del total de
muertes debidas a la insalubridad del medio ambiente. Si tenemos en
cuenta que la población aumentará de los 7.000 millones actuales a los
9.000 en 2050, mejorar la calidad del aire en las ciudades es un reto
urgente.
En España, cerca de 46 millones de personas respiran aire contaminado,
según un informe de Ecologistas en Acción de 2015. El 99% de la
población y el 95% del territorio estuvieron expuestos a unos niveles de
contaminación que superan las recomendaciones de la OMS. Si se toman
los valores límite establecidos por la normativa española y europea, más
laxos que las recomendaciones de la OMS, un 40%, o dos de cada cinco
españoles, respiran aire que infringe los límites legales. Son tres
millones más respecto a 2014.
Ocho de cada diez personas soportan niveles de contaminación por encima de lo recomendable
Aunque existen diferencias geográficas y distintas escalas, en general, en las ciudades las principales fuentes de contaminación urbana están relacionadas con el consumo de combustibles
fósiles; los procesos industriales y el uso de disolventes; el
tratamiento de residuos; y la agricultura. La coyuntura meteorológica,
el tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles
y la apuesta gubernamental por las energías sucias, en detrimento de
las renovables, se suman a un problema que afecta a la salud de la
ciudadanía y del planeta.
¿Qué futuro nos espera? Para responder
podríamos revisar las proyecciones sobre la mortalidad esperada en 2050
por enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica en las
ciudades. Las cifras de la OECD indican que la contaminación del aire se
convertirá en la principal causa ambiental de mortalidad prematura en
el mundo. Se calcula que hacia 2050 el número de muertes prematuras
derivadas de la exposición a partículas suspendidas aumentará más del
doble y alcanzará los 3,6 millones al año en el planeta. Además, es
probable que se produzca un cambio climático más perjudicial, ya que se
prevé que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se
eleven en un 50%, principalmente debido al incremento en un 70% de las
emisiones de dióxido de carbono.
Sin embargo, otros futuros podrían dibujarse al
revertir las tendencias, explorando diversas iniciativas que mejoren la
calidad del aire en nuestras ciudades. Para ello es indispensable
comprender sistémicamente y con mayor precisión las diversas
interconexiones entre los factores que originan las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, y aplicar políticas efectivas de
mitigación de emisiones mediante instrumentos legales, económicos y de
corresponsabilidad social.
En este sentido cobra relevancia la interacción
coordinada de los actores público, privado y la ciudadanía para la
solución del problema. La política pública no solo implica el
establecimiento y seguimiento de las normas de contaminación y
estándares de calidad del aire, sino orientar el planeamiento urbano, la
movilidad urbana, la generación de energía hacia la sostenibilidad. A
finales de 2013, la Comisión Europea adoptó el programa Aire puro para Europa, que incluye diversas medidas para reducir la contaminación atmosférica.
El sector privado, además de ajustar sus procesos al cumplimiento de la
normativa, debe buscar una mayor eficiencia energética y el uso de
recursos, innovar en procesos y productos menos contaminantes, además de
internalizar los costes de la contaminación. La ciudadanía debe
participar activamente en el seguimiento y aseguramiento, en el
cumplimiento de los indicadores ambientales, reducir tanto su huella
energética como su huella de carbono, y comportarse como consumidores
responsables.
La participación activa de la ciudadanía informada es precisa para conseguir una buena calidad ambiental
Las medidas para solucionar el problema de la
contaminación en las ciudades comienzan por planificar ciudades
compactas, garantizando viviendas energéticamente eficientes, con un
buen transporte público y un diseño de espacio urbano atractivo y seguro
para peatones y ciclistas, no para el vehículo. Con una ciudadanía
informada a través de pantallas informativas públicas sobre la situación
de la calidad del aire a tiempo real, se conseguirá una mayor
conciencia cívica de la importancia del medio ambiente y una mayor
participación en la búsqueda de soluciones como algo que nos concierne a
todos. En este sentido, grandes ciudades están empezando a poner
medidas, como restricciones de tráfico en caso de aumentos del nivel de
contaminación. París, además, planea en cuatro años prohibir circular entre semana con coches fabricados antes de 1997.
Asegurar un ambiente urbano saludable no es, ni
puede ser, sólo cosa de Gobiernos y empresas. La participación activa
de una ciudadanía informada también es precisa para conseguir una buena
calidad ambiental. Incluso pueden emplear sus aparatos digitales para
velar por el aire limpio.
Un proyecto europeo pide a los usuarios de
iPhone monitorizar los niveles de contaminación en las principales
ciudades. La idea de esta iniciativa es simple, consiste en descargar la
aplicación iSPEX. Con ello se forma parte de una red de miles de
personas en toda Europa que proporcionan información sobre la
contaminación atmosférica. En la página web del proyecto se siguen las
pautas de medición de calidad del aire y a través de Twitter se conocen
las novedades de la campaña (http://ispex-eu.org). Pero no hace falta
ser usuario de alta tecnología para contribuir a una ciudad más
saludable. Los ciudadanos que plantan y cuidan árboles, jardines,
huertas o tejados verdes, o que comparten automóvil privado o utilizan
otros medios de transporte, también contribuyen a la mejora de la
calidad del aire. Como se ha demostrado en una gran diversidad de casos,
la participación ciudadana es clave para seguir el camino de la
sostenibilidad urbana.
Almudena Garrido, investigadora en sostenibilidad urbana y participación de la Universidad de Deusto, y Guillermo Gándara, especialista en prospectiva urbana y economía ambiental del Tecnológico de Monterrey, son autores de Nuestras ciudades del futuro (Erasmus Ediciones, Barcelona, 2013).
El uso de robots se acelera y amenaza con destruir decenas de miles de empleos
El
uso intensivo de robots en el sistema productivo está amenazando miles y
miles de empleos. Hasta el 43% de los puestos de trabajo puede ser
sustituido por máquinas
La cuarta revolución industrial ya está aquí. Y con ella, un nuevo paisaje económico y laboral más mecanizado en el que los robots y, en general, la inteligencia artificial
están llamados a ocupar un papel cada vez más determinante en el
sistema productivo. Hasta el extremo de que tres de cada cuatro empleos
estarán relacionados en un futuro no muy lejano con los sistemas
informáticos, la gestión de datos y la seguridad informática.
No solo en el sector industrial, también en los servicios,
cada vez más vinculados a los avances tecnológicos. Aunque, si antes el
progreso científico era capaz de crear empleo a medio y largo plazo
tras un choque inicial (efecto sustitución), hoy esas expectativas se
han truncado.
Y eso es lo que está sucediendo ya en España y otros países avanzados. Pero si en las economías con mayor cualificación profesional el
mercado laboral es capaz de adecuarse al nuevo ecosistema industrial,
en los países con capital humano más precario, el impacto negativo de la
robotización será mucho mayor. Al menos, los luditas, aquellos
artesanos británicos que se revelaban en el siglo XIX contra la primera
revolución industrial, no han hecho todavía acto de presencia. Aquellas
profesiones en que la interacción humana y la creatividad tienen más
importancia (médicos de familia, músicos) son las que están más
protegidas
Según las estimaciones del servicio de estudios
de CaixaBank, un 43% de los puestos de trabajo actualmente existentes en
España tiene un riesgo elevado (con una probabilidad superior al 66%)
de poder ser automatizado a medio plazo, mientras que el resto de los
puestos de trabajo quedan repartidos a partes iguales entre el grupo de
riesgo medio (entre el 33% y el 66%) y bajo (inferior al 33%).
¿Y cuáles son los puestos de trabajo más amenazados? Un estudio publicado por los profesores Carl B. Frey y Michael A. Osborne,
de la Universidad de Oxford, estima que la tecnología ya es capaz de
automatizar, incluso, profesiones cualificadas, mientras que aquellas en
las que la interacción humana y la creatividad tienen más importancia
(médicos de familia, músicos) son las que están más protegidas. Según Adrià MorronSalmerón, autor de un estudio
de CaixaBank, contables, analistas financieros o economistas están
entre las profesiones cualificadas que pueden sufrir más la competencia
de las máquinas.
Países más afectados
Un reciente informe
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
situaba España, Austria y Alemania como los países más afectados por la
revolución robótica. En concreto, la cuarta revolución industrial
obligará a sustituir hasta un 12% de los empleados en estos tres países,
frente a una media del 9% en la OCDE. El caso de Alemania, con uno de
los mejores sistemas de formación del mundo, tiene que ver con su enorme
exposición a la industria, lo que a largo plazo hace más vulnerable a su mercado laboral.
Como sostiene un informe de
la Federación de Industria de CCOO, que ha lanzado un ambicioso debate
en el sindicato sobre los efectos de la mecanización y la robótica en el
mundo laboral, los trabajos “manuales y repetitivos” serán los
que tengan mayor probabilidad de ser reemplazados por máquinas, aunque
esto se producirá mediante un proceso muy lento.
El problema se
suscita no tanto por la cualificación de la mano de obra sino por
afectar a trabajos muy recurrentes. De esta manera, mientras que en
Austria los trabajadores están más preparados que en EEUU, sin
embargo desempeñan tareas más repetitivas, lo que incide en mayor grado
en la penetración de la robótica, más que en el nivel educativo de la plantilla.
Fuente: CCOO.
Como
sostienen los autores del estudio de CCOO, las nuevas industrias
ofrecen menos empleos para trabajadores no cualificados o
infracualificados. Es decir, los puestos de trabajo suprimidos por causa
de la automatización no se cubren, por la magnitud y la velocidad con
que se produce el cambio tecnológico, y cuya aceleración no tiene precedentes en la reciente historia de la economía.
Algunos
estudios han calculado que entre el 40% y 50% de los trabajadores con
niveles educativos de escuela primaria o secundaria sufrirán la
competencia de los autómatas, mientras que los profesionales con un
máster o un doctorado tendrán una probabilidad casi equivalente a cero
de ser reemplazados por un robot.
Fuente: CCOO.
El informe del sindicato de Ignacio Fernández Toxo, en línea con el análisis que hacen otros expertos,desmonta
la idea de que solo algunos trabajadores pueden verse afectados por la
creciente mecanización. Y en este sentido, recuerda que antes se pensaba
que los trabajos afectados por la automatización serían los de menos
cualificación, pero actualmente los robots sustituyen también empleos de
conocimientos intermedios como la sanidad, el transporte o tareas administrativas, ya que se basan en la rutina. Y ese proceso productivo puede ser sustituido por máquinas.
CCOO cita un trabajo del profesor Salvador del Rey,
catedrático de Derecho, que estima que el coste de crear un robot caerá
un 20% el próximo año, al tiempo que su rendimiento aumentará un 5%.
Pero mientras que las personas doblan su productividad cada 10 años, los
robots, como mínimo, lo hacen cada cuatro. Sin olvidar que el tiempo de
amortización de un robot era en 2015 de 5,3 años y en 2025 se reducirá a
1,3 años.
'Big data' y robotización
En la actualidad, el 8% de los puestos de trabajo son ocupados por robots,
pero en 2020 este porcentaje se elevará al 26%. Robots que, además,
serán cada vez más autónomos y capaces de interactuar y de ejecutar y
tomar de decisiones más complejas. Gracias al 'big data',
los robots disponen ahora de una formidable base de datos que les
permite experimentar y aprender qué algoritmos funcionan mejor.
Algo que explica que la “deslocalización productiva”,
asociada a la globalización en busca de mano de obra barata, haya
pasado de moda. Como sostiene el informe de CCOO, durante décadas, las
grandes compañías han trasladado plantas enteras a países emergentes
para reducir los costes de producción. Pero el acelerado proceso de
desarrollo tecnológico permite ahora sustituir mano de obra por capital
(máquinas), favoreciendo el empleo en países con economías avanzadas, en
los que hay mayor cualificación profesional y seguridad jurídica.
Además de marcos políticos y sociales más estables. Precisamente, como
consecuencia de la digitalización, la robotización y la impresión 3D.
Peso de las manufacturas en el PIB en la UE, 2000. (Fuente: Eurostat)
Un informe del Foro Económico Mundial estimaba
que hasta 2020 desaparecerán 7,1 millones de puestos de trabajo en los
países avanzados y se crearán 2,1 millones. El avance tecnológico es de
tal magnitud que un estudio de McKinsey estima que hoy mismo se podrían automatizar el 45% de las tareas existentes en EEUU.
Lo
cierto, como afirman los expertos de CaixaBank, es que en las últimas
décadas, la reducción del coste de los ordenadores ha inducido a
sustituir trabajadores con conocimientos intermedios, que realizaban
tareas repetitivas y fáciles de especificar en un algoritmo, lo que ha
contribuido a la polarización del mercado laboral y a un aumento de la
desigualdad.
Fuente: CCOO.
Esto lleva, sostiene el economista Adrià Morron, a otro aspecto económico relevante: la distribución de la nueva riqueza.
Según sus datos, existe una correlación negativa entre la probabilidad
de automatización de una profesión y su salario anual medio, “lo que
sugiere un posible aumento de la desigualdad a corto plazo”.
El
problema no es el número de empleos que se pierdan con la
automatización, sino que se produzcan los suficientes para compensar la
pérdida de puestos de trabajo que ocasiona la digitalización. En las
pasadas revoluciones industriales, las nuevas industrias contrataban a
más personas de las que perdían su trabajo en las empresas que cerraban
por no poder competir con las nuevas tecnologías. “En la economía, se
viene dando un proceso de mutación industrial que incesantemente
revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyéndola para
luego crear una nueva”, dicen los autores del informe de CCOO. La
célebre 'destrucción creativa' de Schumpeter. Pero con menos empleo.
ENTREVISTA AL ECONOMISTA ALEMÁN NIKO PAECH, TEÓRICO DEL POST-CRECIMIENTO
El economista alemán Niko Paech.
CARMELA NEGRETE / BERLÍN
Miércoles, 10 de agosto del 2016
Trabajar 20 horas a la semana, viajar menos,
consumir menos. Niko Paech es uno de los mayores críticos del
crecimiento económico en Alemania. Doctor en economía, da clases en la
Universidad Carl von Ossietzky en Oldenburgo. -Usted propone cerrar el 75% de los aeropuertos alemanes o la mitad de las autopistas. ¿De qué se ocupan sus investigaciones?
-De
la sostenibilidad y de la economía sin crecimiento. En Europa
consumimos más recursos de los disponibles. ¿Cómo pueden vivir las
personas bien y de forma moderna y humana, consumiendo menos? Si
reducimos el PIB a la mitad, también tendríamos solo la mitad de
ingresos. De ahí que haya que repartir el tiempo de trabajo a 20 horas
semanales. Con el resto podríamos trabajar en dicho autoabastecimiento.
Esta dualidad haría nuestras economías mas estables. No seríamos tan
dependientes de la técnica, del dinero, los mercados, las empresas ni
del estado. -¿La economía post-crecimiento es lo mismo que el decrecimiento de Serge Latouche?
-Coincidimos
en que hay que acabar con la obsolescencia, el que las cosas están
hechas para romperse rápido. Vivir con menos ingresos significa tener
que aprender a improvisar. Ser menos móviles. Habrá menos vuelos. Los
coches solo se usarán de forma colectiva. Utilizaremos los textiles más
tiempo y repararemos más cosas. -¿No es posible hacer lo mismo que ahora con energía “limpia”? Alemania está saliendo de la nuclear, ¿no es ése el camino?
-No.
Desde mi punto de vista el cambio energético alemán es un fracaso. No
tenemos una red adecuada ni capacidad para almacenar la energía
producida. Además, no se tiene en cuenta que la producción de bienes que
consumimos aquí tiene lugar en otro sitio, en China. Aunque cambiemos
nuestro sistema energético, el cambio energético tiene que ser allí.
Pero si obligamos a Asia a pasarse a un sistema sostenible, los
productos serían tan caros que no los podríamos pagar. Necesitamos
rebajar nuestras expectativas y deseos de productos de forma radical.
"No
se debería permitir especular a los bancos, solo las funciones básicas:
que el capital se produzca cuando las personas ahorran"
-En
el problema de la financiación juegan un papel fundamental los mercados
financieros. ¿Cree que una regulación de los mismos iría en el camino
correcto?
-Regular los mercados es
muy complicado. Es mas acertado sentar un marco ecológico. Es decir,
avisar en los productos de cuánto CO2 se emite durante la producción, de
forma que sean las personas las que dejen de utilizar determinados
productos. También cecesitamos bancos-cooperativas que sean mas
pequeños. No se les debería permitir especular sino solo las funciones
básicas: que el capital se produzca cuando las personas ahorran. -En la crisis el euro, ¿qué papel ha jugado Alemania? ¿Y qué opina usted del euro?
- Para
mí el euro ha sido un fracaso, así como la integración europea. Optaría
por introducir monedas sustitutorias, regionales. La Europa unida ha
propuesto una promesa sociopolítica irrealizable. Todos esperaban del
euro más consumo. El resultado: estados se endeudan sobremanera y otros
se benefician de esta desigualdad, como Alemania. Los países han de
vivir en dignidad, sin una pobreza grave, que haya asistencia médica, un
buen sistema educativo. Pero no hay un derecho a la sociedad de
consumo. Una industria moderna pero modesta, que complemente a una
producción autóctona y de autoabastecimiento sería la alternativa. En
España se están realizando proyectos en esa dirección, en parte por la
propia necesidad, por la crisis. España tiene la oportunidad de salir de
la crisis convertida en una economía post-crecimiento. -Usted hace una década que defiende estas ideas. ¿Se está moviendo algo en la política en este sentido?
"España tiene ahora la oportunidad de salir de la crisis convertida en una economía post-crecimiento"
-En
la política no se ha cambiado. Hubo una comisión parlamentaria en la
que se discutió sobre el crecimiento, pero sin resultados.Una política
en contra del crecimiento presupone decir: la fiesta se ha acabado.
Podemos tratar de llevar a cabo el proceso de decrecimiento de una forma
ordenada, a través del impuesto de sucesiones, de una reforma de las
finanzas, de un sistema educativo que enseñe el autoabastecimiento, para
poder sobrevivir con menos dinero. -¿Está a favor de la renta básica?
Una
renta básica universal es otra promesa que no es posible mantener y es
una consecuencia de la sociedad de consumo. ¿De dónde va a salir la
financiación? Todos los estudios que defienden la renta básica universal
se basan en el crecimiento económico. Estoy a favor de una renta básica
para personas que devuelven algo a la comunidad o para personas que no
pueden trabajar y lo necesitan.
Un
informe de Deloitte dice que España tiene que producir el 90% de su
electricidad con renovables en 2050 para cumplir con la reducción de
emisiones.
España necesitará invertir entre
330.000 y 385.000 millones de euros hasta 2050, unos 10.000 millones de
euros al año, para cumplir con los objetivos europeos de reducción de
emisiones de CO2, según apunta un informe de Monitor Deloitte.
El informe, denominado Un modelo energético sostenible para España en 2050,
señala que para cumplir con el objetivo ineludible de reducir las
emisiones de carbono entre el 80 y el 95%, la inversión más importante
tiene que ver con las energías renovables. Se trata, según el informe,
de que la producción de electricidad de origen renovable (eólica y
fotovoltaica) represente en 2050 más del 90% del total (actualmente se
sitúa en el 38%).
Además, se apunta como necesaria la limitación de los productos
petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte
aéreo, y sustituirlos en los demás usos por electricidad o por gas
natural. Según el estudio, esto significa, en el caso de España, que
en 2050 prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos, y
entre 84% y 91% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente
en viviendas y empresas se debería generar con electricidad, frente al
52% actual.
Otro conjunto de medidas necesarias tiene que ver con la eficiencia
energética a partir de la rehabilitación de edificios existentes,
actuaciones en nueva edificación y nuevos procesos industriales.
El cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2 para 2050
supondría una serie de beneficios de calado para la sociedad española,
aparte de los relativos a la mejora medioambiental. Uno de los más
notables es que el precio medio de la electricidad para los hogares
españoles se reduciría el 42%, al pasar de los actuales 120 €/MWh a
65-75 €/MWh. Este descenso se debe fundamentalmente al aumento de la
demanda, que se duplicaría por su electrificación. Además, se lograría
una menor dependencia energética y una mayor eficiencia, ya que el
avance de las energías renovables reduciría el consumo energético total
del país.
El informe concluye con una serie de recomendaciones para lograr los
objetivos de reducción de emisiones. Entre otras cosas, recomienda
cambios en la fiscalidad de CO2; inversiones públicas en el transporte
ferroviario; apoyo de las administraciones al uso del vehículo
eléctrico; promover el aislamiento en hogares, fomentar en ellos el uso
de electrodomésticos más eficientes y sistemas de uso racional de la
iluminación, y en general la reducción de emisiones en viviendas,
industria y empresas con distintos programas de financiación y ayudas;
extender la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años en
las condiciones de seguridad exigibles, y eliminar de la factura
eléctrica los sobrecostes derivados de políticas energéticas que
distorsionen el precio final. Informe 'Un modelo energético sostenible para España en 2050' Recomendaciones de política energética para la transición.
La presentación de la revista Ecología Política trajo a Madrid a Joan
Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la
Universidad Autónoma de Barcelona. En esta entrevista habla sobre el
proyecto de Atlas de Justicia Ambiental, sobre cambio climático, energía
y las posibilidades de un colapso civilizatorio.
El Atlas de Justicia Ambiental arrancó en 2010-2011 y fue presentado en mayo de este año.
Su coordinador es Joan Martínez Alier (Barcelona, 1939) catedrático de
la Universidad Autónoma de Barcelona. "Nunca nadie había tenido esta
idea un poco loca de hacer un archivo general de conflictos ambientales a
nivel mundial. No sabemos cuantas decenas de miles de conflictos hay",
comenta Martínez Alier durante una visita a Madrid.
Colaborador de revistas imprescindibles para conocer el pasado y el
presente como Cuadernos del Ruedo Ibérico o Archipiélago, Martínez Alier
dirige la revista Ecologia Política, un concepto que él ha trabajado
desde el punto de vista académico y desde la divulgación. En ese empeño,
entiende el Atlas de Justicia Ambiental: "Creo que es atractivo pensar
que vamos a tener un archivo de unos 3.000 casos. 3.000 fichas con una
descripción de cada conflicto y luego unas variables codificadas con las
que podamos hacer estadísticas".
¿Cuáles son las primeras conclusiones que han sacado del proyecto?
Una conclusión es que más o menos en el 12% de casos hay ecologistas o
gente que protesta que acaba muerta, aunque no sean ecologistas
militantes, quizá no saben ni que son ecologistas, pero están
protestando contra una hidroeléctrica o por minería, o por residuos,
etc. y en esa protesta les matan. Claro, esto se distribuye en el mundo
no uniformemente si no que hay lugares en los que matan más que otros.
En Brasil, en Filipinas, en Honduras, en Perú, etc. Estas son
conclusiones cuantitativas. Otra es que, en las fichas que tenemos, casi
el 20% de casos son de éxito en la justicia ambiental. Visto al revés
quiere decir que hay como 50% de fracasos declarados y otros 30% que la
ficha pone que no se está seguro de si es un éxito o un fracaso.
Encuentro que es muy positivo que se dé este 20% de casos de éxito,
poder estudiarlo y ver qué alternativas salen de esto.
En los países del Norte, ¿qué hay más? ¿éxitos o fracasos?
Hay que ver la estadística. Creo que depende del tipo de conflicto.
Por ejemplo, en turismo, en biomasa, es más fácil parar los proyectos y
cuando es minería, cuando es petróleo, es más difícil pararlos. Desde el
punto de vista académico estamos haciendo estudios de ecología política
cuantitativa, que no se han hecho muchos.
¿Qué es la ecología política?
Es estudiar los conflictos ambientales. Esto tiene mucho futuro y
mucho pasado. Futuro, porque cuando crece la economía mundial quiere
decir que aumenta lo que llamamos el metabolismo social, económico. Esto
quiere decir, el uso de energía y de materiales. Cada vez hay más
extracción de energía fósil, incluso de energía eólica en algún sitio, y
también de metales o de biomasa, y como hay más, hay más conflictos ¿Y
dónde están estos conflictos sobre todo? Están en lo que llamamos las
fronteras de la extracción, que pueden ser hoy en día la Amazonía de
Perú o de Ecuador, por el petróleo. También pueden ser fronteras
internas, como es el caso del fracking, en Burgos, Álava, o en varios
puntos de Europa. Hay lugares de Europa donde precisamente hay estos
conflictos del fracking del gas, y los han prohibido: en Francia, en
Bulgaria.
Un caso de éxito en esas fronteras de la extracción sería el parón de las prospecciones en Canarias.
Sí, es un caso de éxito, al final Repsol no va a poder hacerlo. O por
ejemplo, con el fracking está la cuestión de que en Catalunya y en
Cantabria se ha frenado y con ella la cuestión en torno a quién tiene la
competencia. Un conflicto ambiental se expresa siempre con muchos
lenguajes distintos, puede ser que el territorio es sagrado o si hay
derechos indígenas, o si es un valor ambiental ecológico grande. En este
caso, el del fracking es un caso de nacionalismo catalán. Hasta
Convèrgencia dice contra el fracking “porque en Madrid quieren ponerlo”.
Esto pasa en todas partes, que los conflictos se expresan con distintos
lenguajes según el contexto.
¿Es la energía una clave olvidada del ciclo económico en el que estamos?
Creo que fue olvidada durante mucho tiempo. Yo estudié economía hace
muchos años, economía agrícola también, y nadie nos explicó que al fin y
al cabo la agricultura era un sistema de conversión de energía. Es
obvio, la fotosíntesis, qué calorías se van a producir y quién se las va
a comer. Se puede ver la agricultura como un sistema energético. Puedes
ver toda la economía mundial como un sistema energético de conversión
de carbón, petróleo, movimiento, etc. Esto es lo que los economistas,
incluso hoy en día, no explican. Ni los neoclásicos ni los marxistas
durante mucho tiempo, enseñaron a ver la economía desde el punto de
vista de la física. Esto es como para especialistas, para ecólogos o
ecologistas, pero claro, hoy en día casi es imposible no darte cuenta de
que la economía industrial depende del flujo de energía. Hay gente que
lo olvida todavía. En la política también, hay que ver los programas
electorales.
Article publicat a El Salmón Contracorriente
10 /8/ 2016
Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción
Las emisiones de GEI en 2015 superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2
Ecologistas en Acción califica de temeraria la falta de compromiso del Estado español en la lucha contra el cambio climático. Prueba de ello es cómo el adelanto de los datos de emisiones de 2015 muestra claramente un incremento de un 4,23% de gases de efecto invernadero respecto a 2014, lo que supone un aumento en más de un 18% nuestras emisiones de de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. A todo ello se suma un incremento de la degradación de la capacidad de absorción natural de un 8%
los datos avanzados por el Gobierno español a la Comisión Europea, las emisiones de GEI en 2015 superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2, con un aumento de 13,77 millones de toneladas respecto del año anterior (4,2% de incremento). 2015 es el segundo año en que se produce un incremento de las emisiones desde que en 2008 descendieran bruscamente debido a la crisis económica, y refleja la inacción de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha políticas de lucha contra el calentamiento global. La cifra sigue situando al Estado español a la cabeza de la Unión Europea en el incremento de emisiones desde 1990, año que se toma como referencia para el protocolo de Kioto.
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El principal incremento que observamos se debe al sector energético, con un 17% de aumento de GEI, donde destaca dentro del mayor uso de combustibles fósiles el nuevo aumento de consumo de carbón, debido en parte al apoyo evidente del Gobierno a la utilización de este combustible obsoleto y contaminante. Otro de los factores determinantes es la actividad industrial, que aumentó un 10%, con un incremento del 17% del sector siderúrgico, así como un aumento del 23% de las industrias asociadas a los sustitutos del ozono. Es patente también cómo la nula acción de la administración frente a la movilidad provoca seguir con el incremento continuo de la motorización de los desplazamientos, que ha aumentado en un 2,5% su consumo. Así, el resultado evidente es un incremento neto del consumo de combustibles fósiles, que está muy por encima del resto de indicadores económicos, lo que indica la adicción del modelo económico español al petróleo.
La falta de medidas contra el cambio climático provocará que el Estado español se vea obligado a aumentar en un 10% su peso en el sistema europeo de derechos de emisión (ETS). Las emisiones en España en el periodo 1990-2014 son las que más aumentaron en Europa: un 18,6% (en valores absolutos, 53,4 millones de toneladas). Estos datos muestran cómo las declaraciones del gobierno durante la COP21 de París son indefendibles, ya que no han sido capaces de lograr el descenso de las emisiones. De hecho, los compromisos asumidos por España le permitirán en 2020 seguir teniendo mayores emisiones que en 1990. Las reducciones comprometidas para 2030 son ínfimas. El nuevo año de referencia de los compromisos de reducción de GEI (2005), cuando se produjeron emisiones récord en España, hace que en 2015 pasemos de excedernos un 18% respecto a 1990 a haber reducido un 22% respecto a 2005.
Las emisiones en España en el periodo 1990-2014 son las que más aumentaron en Europa
Desde Ecologistas en Acción consideramos profundamente irresponsable las medidas del gobierno para incrementar el cambio climático, como son la política contraria a las renovables, la penalización al autoconsumo, las subvenciones a los sectores fósiles como el carbón, el apoyo a la energía nuclear o el recurso contra gobiernos locales y regionales que han manifestado su oposición al fracking. Esta actitud temeraria somete a todo el territorio español, especialmente frágil a las consecuencias del cambio climático, a un agravamiento peligroso del deterioro ambiental como consecuencia del calentamiento global.
El Estado español, que debería ser puntero en el uso de tecnologías renovables, sigue apostando irresponsablemente por la continua quema de fósiles como única forma de desarrollo. Para Ecologistas en Acción es urgente y necesario dejar atrás esta visión cortoplacista e insostenible, abordando con la mayor urgencia un cambio radical en el modelo actual de producción y de consumo, que consiga disminuir las emisiones contaminantes y alcanzar la justicia social y ambiental.
Este mes de junio, el fabricante de teléfonos móviles Fairphone
anunció que había logrado su objetivo. No se trataba de un importante
aumento de los beneficios, ni de una cuota de mercado determinada.
Tampoco una fusión con otra empresa más grande ni un acuerdo frente a la
competencia. Simplemente, había conseguido una vía para obtener wolframio.
Más concretamente, una forma de acceder a este elemento (también
conocido como tungsteno) que no sirva para financiar conflictos en la
región central de África. Antes ya lo había hecho con el tantalio, el estaño y el oro, que forman el grupo a veces conocido como minerales de sangre. Esto es, aquellos cuya comercialización supone un mayor riesgo de enriquecer a grupos armados en el continente.
Fairphone no es una empresa común. Radicada en Países Bajos y
vinculada en su origen al entorno de las ONG, aspira a comercializar
móviles de forma ética y sostenible. Así, pretende que duren, que se
puedan reparar fácilmente y que su fabricación garantice el respeto a
sus trabajadores y a los derechos humanos en general.
En menos de tres años han vendido 100.000 dispositivos en el
salvajemente competitivo mercado de las telecomunicaciones. Es una cifra
ciertamente pequeña para las grandes marcas, pero todo un éxito para
una campaña surgida del crowdfunding. Fabian Hühne, de su
oficina de prensa, comenta que la meta “es vender 150.000 teléfonos al
año” y asegura que por ahora son "financieramente sostenibles”.
El primer modelo apareció en 2013. El Fairphone 1 estaba fabricado
con estaño y tantalio (el metal que se obtiene del tristemente famoso coltán)
de minas de la República Democrática del Congo (RDC) certificadas como
"libres de conflicto". Además, venía con un manual de reparación y la
posibilidad de adquirir cualquier pieza que se estropeara. Dos años
después se lanzaba el Fairphone 2, fabricado en módulos para facilitar
aún más su reparación y el cambio de unas piezas por otras. Así, cuando
aparece un nuevo módulo se puede actualizar el teléfono sin tener que
comprar otro, para generar el menor impacto posible en el medio
ambiente. En este modelo se utilizaba además otro metal certificado, el
oro, procedente de una mina peruana: no es una zona conflictiva, pero incluye el sello de comercio justo.
El teléfono se puede desmontar en módulos para facilitar su reparación y la sustitución de unas piezas por otras. Fairphone
“El Fairphone está diseñado para durar entre tres y cinco años” de vida media, apunta Hühne. Un periodo bastante por encima del mercado actual.
Dado lo rápido que avanza la tecnología móvil, la empresa piensa ya en
lanzar el Fairphone 3. "Pero lo más importante es que miramos
continuamente cómo mejorar el Fairphone 2 para que el producto viva más
tiempo”, apuntilla.
De la mina a la fábrica
“La extracción y el comercio ilícito de minerales constituye una
importante fuente de financiación para grupos armados en muchas regiones
políticamente inestables", comenta Guillermo Otano, técnico de Estudios
y Propuesta Formativa de la ONG Alboan.
También están relacionados con espinosos asuntos, como la corrupción
organizada, la explotación infantil o los desplazamientos forzosos,
pasando por las agresiones sistemáticas a las mujeres. Entre otros
temas, Alboan trata de concienciar sobre la conexión entre la tecnología
móvil y la guerra en el este de la RDC.
“Es un problema global, desatado por el incremento de la demanda de
esos minerales en la fabricación de aparatos electrónicos como móviles,
ordenadores, baterías eléctricas o bombillas”, continúa Otano. Sus
consecuencias, insiste, pueden observarse en múltiples regiones y no
solo en África. "Honduras, la frontera entre Colombia y Venezuela,
Indonesia, Myanmar...", enumera.
Fairphone ya ha vendido más de 100.000 dispositivos producidos con materiales libres de conflicto
En estos casos, la trazabilidad —rastrear todo el proceso para certificar que los metales utilizados proceden de fuentes libres de conflicto—
no es nada fácil. De hecho, es casi imposible. El mineral puede ser
extraído en una mina en la RDC que cumpla con los requisitos, pero en
las fundiciones y refinerías no distinguen entre procedencias, por lo
que el rastro se pierde. Éste era el principal problema de Fairphone, ya
que una cadena en la que el material procedente de la mina certificada
estuviera separado del resto “no era económicamente sostenible”. Así lo
explican en su blog, donde dan detalles de su búsqueda de fuentes de materiales "responsables" y de cómo optaron por un modelo bautizado "balanceo masivo":
entran en el proceso refinerías y fundiciones que trabajen solo con
material procedente de zonas libres de conflicto. A pesar de no
desconocer la cantidad de mineral de cada zona concreta que acaba en el
dispositivo, se aseguran de que no habrá minerales de sangre.
Una vez procesado, el metal se lleva a los fabricantes de componentes
y al proceso de ensamblaje. Una vez más, Fairphone buscó empresas que
respetaran derechos, esta vez los de sus propios trabajadores. Hühne
asegura que han llegado a un acuerdo con Hi-P, el fabricante chino del
Fairphone, para desarrollar un programa de evaluación social por el que
“la planta ya ha realizado una serie de mejoras, incluyendo la
implantación de las medidas de seguridad y salud adecuadas”. También se
ha lanzado un Fondo de Bienestar para el Trabajador
al que ambas empresas destinan un canon por cada unidad vendida. No
obstante, Hühne admite que hay “problemas sistémicos", como un exceso de
horas extra y un alto porcentaje de trabajadores empleados a través de
agencias, y admite que hay todavía margen de mejora en este sentido.
Iniciativas legales en EEUU y Europa
En 2010, Estados Unidos aprobó la ley de reforma de Wall Street, conocida como Dodd-Frank.
La norma mencionaba la relación entre los cuatro minerales citados y
los conflictos armados en África, estableciendo que las empresas que los
utilizaran deberían comprobar que proceden de lugares libres de
conflicto y hacer públicos los informes que evalúan sus cadenas de
suministros.
En teoría, las compañías afectadas deben seguir la Guía de Diligencia Debida
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
al respecto. Es una serie de recomendaciones que busca implantar una
política interna de gestión de riesgos asociados a estos minerales en el
suministro, que obligaría también a los proveedores. Guillermo Otano lo
resume así: “Haz esfuerzos razonables, periódicamente, para conocer a
tus proveedores y exigirles que se comporten de manera responsable”.
Trabajadores de la mina de Kalimbi (República Democrática del Congo) recogiendo el estaño en bolsas, antes de ser etiquetado. Fairphone
Más de 1.000 empresas remitieron sus conclusiones a la Comisión de
Seguridad y Comercio estadounidense en 2014, el primer año en que
estaban obligadas a hacerlo. Global Witness y Amnistía Internacional
analizaron una muestra de 100 empresas y el resultado no fue muy
esperanzador: 79 no alcanzaron los mínimos legales, y más de la mitad no
informaron a la dirección de riesgos en la cadena de suministro. Uno de
los elementos básicos que señalaba la OCDE, las auditorías externas,
solo fueron llevadas a cabo por dos de las firmas analizadas (cuatro en
total). Y, sin estas auditorías, las ONG denunciaban que “no hay evaluación independiente de la información”.
La nueva norma, además, esconde un lado perverso. “Para evitar ser
asociados con las prácticas mineras dañinas en el Congo y la región de
los Grandes Lagos, la mayoría de fabricantes de productos electrónicos
frenaron los suministros desde esa zona, asestando un nuevo golpe
económico a los residentes”, explica Hühne. El esfuerzo de Fairphone
pretende demostrar que se pueden obtener materias primas de esa misma
región sin fomentar la perpetuación del conflicto: sacan el estaño y el
tantalio de RDC y el wolframio de Ruanda. Solo el oro proviene de otro
continente (de Perú) ya que no han conseguido trazar su origen desde
África, cómo sí ha ocurrido en el caso del estaño o el tantalio.
Europa, a la zaga
Casi al mismo tiempo que Fairphone anunciaba la incorporación de
wolframio libre de conflicto en sus productos, Bruselas daba un paso
adelante en el mismo sentido: Parlamento, Comisión y Consejo han acordado un marco para las actividades productivas que involucren los cuatro minerales de sangre.
“La Unión Europea tiene una responsabilidad de contribuir a un comercio justo, transparente y basado en valores”, escribía en su blog
la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. “Queremos asegurarnos de
que las compañías de la UE que importan esta clase de materias primas
obtienen sus importaciones de manera responsable”.
Algunas regulaciones acaban por hacer que las empresas renuncien a comprar en la región, lo que perjudica a sus habitantes
Las recomendaciones de la OCDE serán obligatorias para importadores
europeos de materias primas. Sin embargo, Guillermo Otano advierte de
que “las empresas que introducen indirectamente estos minerales en el
mercado europeo al traer ordenadores, motores eléctricos o teléfonos
móviles no tienen obligación de cumplir con la diligencia debida”. Por
eso, las ONG —descontentas con una norma que fue suavizada tras su paso
por el Consejo de la UE en diciembre—, se están movilizando para que se
extienda la obligatoriedad a todas las empresas involucradas.
Otano no cree que ninguna compañía pueda considerarse "100% libre de
conflicto", y recuerda que los móvles llevan muchos otros minerales,
como níquel, plata, hierro, cobre o cromo. "A menudo estos minerales
pueden generar los mismos problemas que los otros cuatro”, apunta. El
objetivo es que las empresas incorporen los pasos de diligencia debida,
para "conocer sus cadenas de suministro y empezar a tomar medidas a
partir de ahí”. Hay una que ya ha demostrado que es posible.
La ONU asegura que en algunos países hará demasiado calor para trabajar,
una situación con la que les resultará muy difícil lidiar y que
golpeará fuertemente su productividad.
Es un hecho. El cambio climático avanza imparable y, entre otros
efectos, provoca que las temperaturas sean cada vez más extremas. De
sobra son conocidas las devastadoras consecuencias que esto tiene sobre
el medio ambiente, pero un estudio de la ONU ha querido hacer hincapié
en las que atañen a la economía.
El organismo afirma que la por
ahora imparable escalada del mercurio podría provocar perdidas de hasta 2
billones de dólares (1,79 billones de euros) a nivel mundial.
El
documento explica que el calor dificultará a los trabajadores cumplir
con sus obligaciones, una complicación que se acentuará en los países
más pobres y que representará un calvario para los que ocupen puestos
menos cualificados y más expuestos a los vaivenes climatológicos, como
los del sector agrario o la construcción.
Esta situación provocará
caídas en el PIB de, al menos, 43 países en 2030. Los más afectados
serán los de África y Asia, según los cálculos de la ONU. Entre ellos
figuran Ghana (cuyo PIB disminuiría un 6,5% adicional,
independientemente de la marcha de su economía), Nigeria (6,4%),
Tailandia, Indonesia (6%), Malasia, Sri Lanka y Filipinas (5,9%).
China
e India, dos de las principales potencias de la zona, verán caer su PIB
un 0,8% y un 3,2% respectivamente y sufrirán recortes en su
productividad que podrían causarles pérdidas de hasta 402.500 millones
de euros.
Calor y frío, sequía e inundaciones
La
mayoría de los países desarrollados no notarán los efectos del excesivo
calor en sus economías, si bien la ONU destaca que el PIB de EEUU sí
que menguaría un 0,2% dentro de 14 años por ese motivo.
Eso sí,
los autores del estudio señalan que en Rusia, Noruega o Suecia se vivirá
la situación opuesta: los inviernos serán más fríos y esta inusitada
crudeza también reducirá la productividad de los trabajadores.
En
España, la ONU considera que las altas temperaturas tampoco
representarán un problema económico en los próximos años. Ahora bien,
afirma que si se valoran todos los efectos adversos que acarrea el
cambio climático (sequía, inundaciones, fenómenos meteorológicos
extremos, etc.), la situación cambiaría y, como consecuencia directa, el
PIB de nuestro país podría disminuir en un 1% adicional en 2030.
Asimismo,
los primeros puestos del ranking varían si se tienen en cuenta todas
estas adversidades. Así, Vanuatu, en Oceanía, ocuparía el primer lugar
entre los países estudiados (ya que provocarían una caída del 44,8% en
su PIB en 2030), seguido de su vecino Tuvalu (23,1%), Maldivas (15,9%),
Birmania (12,9%) y Fiyi (11,1%).
Demasiado calor para trabajar
A
día de hoy, el sudeste asiático ya ha empezado a acusar los efectos del
excesivo calor en su productividad. De hecho, el cómputo total de las
horas trabajadas al año en la región se ha reducido entre un 15% y un
20% desde 2010 por el excesivo calor.
La ONU señala que este
porcentaje se duplicará en 2050 si no se toman medidas para cambiar la
situación y ponerle freno al cambio climático.
Sin eufemismos, sin medias tintas. Lo que está
matando nuestras ciudades y a las personas que en ellas habitan son, entre
otras muchas cosas, los coches. Su uso abusivo e injustificado, todas las
facilidades que se han puesto para hacerlo y todos los intereses que nos han
hecho creer que rodean su utilización deberían ser los objetivos contra los que
tendrían que trabajar nuestros ayuntamientos, si realmente fueran responsables.
Porque
los coches no sólo matan en accidentes mortales. Mata la polución que
generan. Mata el sedentarismo que llevan asociado. Mata el estrés y la
violencia que conllevan. Y mata de una manera mucho más sutil pero mucho
más efectiva el espacio y las condiciones que necesitan para
desplazarse y que restan habitabilidad a nuestras ciudades. Los coches
matan mucho más de lo que nos suponemos o de lo que estamos dispuestos a
reconocer, sobre todo porque no hay una mala conciencia en su abuso.
Sin embargo, la atención se desvía fácilmente y eso
el poder establecido y los lobbies que lo sustentan saben manejar y modular
perfectamente, hasta tal punto que acaban cayendo en su trampa incluso los que
se atribuyen el protagonismo del cambio.
Así parece que es más conveniente y tiene más sentido
hablar de sostenibilidad que hablar de reducción de
elementos nocivos y peligrosos de nuestras ciudades y parece que con mencionar
la intención de hacer cualquier cosa en positivo basta para conseguir un efecto
directo a la hora de contrarrestar esos elementos nocivos. Pues va a ser que
no.
Por ejemplo, la sola mención de querer hacer un
carril bici en la calzada parece que ya es un logro por sí misma y que consigue
parte del objetivo de reducir el uso del coche. Independiente de cómo y dónde
se haga, que no son cuestiones menores, la mera existencia de este tipo de
infraestructuras no reduce el uso del coche, aunque consiga incrementar el
número de ciclistas, si no se acompaña de medidas específicas encaminadas a
hacerlo. Lo
mismo pasa con medidas tales como peatonalizar islotes en la ciudad,
reducir la velocidad de circulación o hacer cosas para la galería tales
como días de la bici y cosas de esas.
¿Por qué no
dejamos de marear la perdiz y engañar a la gente y hablamos de una vez por
todas de qué vamos a hacer para reducir el uso del coche primero y luego nos
ponemos a planear cómo absorber a todas esas personas que se hayan quedado
huérfanas de coche y sean tan estúpidas que no conozcan las alternativas?
¿Por qué en vez de hacer eso tratamos de aparejar
todo un sistema perfecto de servicios de transporte público y vías ciclables?
¿No se puede hacer simultáneamente? ¿No
debería hacerse primero lo más urgente y luego ir montando todo el sistema de
movilidad?
¿Qué pasa? ¿Cuál es el impedimento? ¿Tanto respeto o
miedo nos da incomodar a los intereses que rodean al coche? ¿Y entonces por qué
lo están haciendo ciudades tan importantes como Londres, París, Nueva York,
Hamburgo o Ámsterdam?
Empiezo a creer, y no soy el único, que la mano
negra del coche sigue operando en la sombra y sigue amedrentando a los
políticos con sus siniestras herramientas, haciéndoles creer que cualquier
movimiento en contra de sus intereses puede ser fatal para la sociedad.
Mientras nuestros políticos no afronten este tema
con valentía y desde esta perspectiva, estamos perdidos a merced de las
terribles inercias que favorecen el uso del coche y todos los esfuerzos encaminados
a favorecer las opciones más sostenibles de movilidad van a quedar difuminados.
Recientemente he oído en Francia la palabra zadiste. ¿Qué es
un “zadista”? Un militante que apoya una ZAD, una zone à defendre, como
el entorno del aeropuerto que quieren construir en Nantes. ZAD se ha
usado en la jerga planificadora como una “zona a desarrollar” y ahora se
usa como “zona a defender”. En cada país aparecen nuevas palabras de la
justicia ambiental. En la Argentina el lema “paremos de fumigar” se usa
contra el glifosato en el cultivo de la soya transgénica. O las
palabras sand mafia en la India para denunciar a quienes sacan
dañinamente arenas y gravas de ríos y playas para alimentar el boom de
la construcción.
Las palabras “injusticia ambiental” se
empezaron a usar en la década de 1980 en Estados Unidos contra la
contaminación en barrios con población afro-americana o hispana. La
contaminación con plomo del agua de Flint en Michigan ha sido vista como
una injusticia ambiental, y un caso más de “racismo ambiental”. Ese
movimiento introdujo también el término de “epidemiología popular”, para
el estudio y denuncia de la incidencia de la contaminación en la salud
pública (Phil Brown, 1997). La población local conoce mejor o más
temprano que los organismos oficiales si, por ejemplo, los niños de los
barrios pobres sufren desproporcionadamente de asma. Entretanto,
apareció también en EEUU el término de “zonas de sacrificio”.
América
Latina ha sido fértil en palabras del movimiento global de justicia
ambiental. Tanto “deuda ecológica” como “pasivos ambientales” son
conceptos nacidos en Sudamérica hacia 1990. Significan el reclamo de
daños producidos por el cambio climático o por el comercio
ecológicamente desigual. También son las deudas ambientales no pagadas
por las empresas. A su vez, “biopiratería” significa el robo de plantas
medicinales o agrícolas y especialmente del conocimiento sobre ellas.
Aunque la práctica es antigua, la palabra es nueva, introducida en 1993 y
popularizada por Vandana Shiva. Otro lema muy latinoamericano, no
inventado en ninguna universidad sino en el campo, es “el agua vale más
que el oro”. Lo usa el movimiento contra la megaminería que está bien
representado internacionalmente por el Observatorio de Conflictos
Mineros de América Latina.
Un aspecto de la justicia
ambiental es la “justicia climática”, cuyo primer principio es la
diferencia entre emisiones de dióxido de carbono necesarias y emisiones
“de lujo” (Agarwal y Narain, 1991) y cuya principal política pública
internacional sería la contracción y convergencia de las emisiones. Y
otro aspecto es la “justicia hídrica”, un término reciente para
significar la asignación equitativa del agua y denunciar el hecho que
“el agua corra hacia el poder”. Existe una alianza de grupos
latinoamericanos de “justicia hídrica” como también hay movimientos de
“atingidos por barragens” (MAB), organización brasileña con paralelos en
otros países como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y
en Defensa de los Ríos (MAPDER).
En otro terreno, que “las
plantaciones no son (verdaderos) bosques” es un lema del Movimiento
Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) contra los monocultivos de
árboles como eucaliptos, pinos… Fue propuesto por Ricardo Carrere y
Larry Lohman en un libro publicado en 1996. Otros términos son el
“ecologismo de los pobres” y el “ecologismo popular”, es decir, la
defensa de la naturaleza por poblaciones pobres o indígenas
empobrecidas, motivado por la necesidad de sobrevivencia y también por
sus propios valores sociales. También incluyo en el vocabulario los
términos “soberanía alimentaria” (el derecho proclamado por la Vía
Campesina a alimentarse de los productos campesinos en mercados locales)
y el más reciente de “soberanía energética” (el derecho a abastecerse
de energías renovables controladas localmente, distribuidas en el
territorio), que se ha usado en Oaxaca contra las multinacionales de la
energía eólica.
En México es vigoroso el movimiento en
defensa del derecho de los campesinos a conservar, reproducir y difundir
sus semillas, predicado globalmente por organizaciones como GRAIN y la
revista Biodiversidad. “Sin maíz no hay país” se dice en México. A su
vez la denuncia del robo de tierras, otro viejo fenómeno, tomó bríos en
2008 al introducir GRAIN la insultante expresión land grabbing para
designar una nueva ola mundial de desalojos campesinos.
Tal
vez las palabras más importantes del movimiento global de justicia
ambiental sean Ogonización y Yasunización, nacidas en Nigeria y Ecuador.
La idea de dejar petróleo, carbón y gas bajo tierra, para evitar daños
locales y al mismo tiempo luchar contra el cambio climático. Propuesta
de Oilwatch en 1997 y que Naomi Klein llama Blockadia.
En
las ciudades hay movimientos de “recuperadores o recicladores urbanos”,
movimientos de permacultura, movimientos que defienden los derechos de
los ciclistas en las ciudades y actúan como una critical mass. Y muchos
otros.
La cuarta revolución industrial ya está aquí. Y con ella, un nuevo paisaje económico y laboral más mecanizado en el que los robots y, en general, la inteligencia artificial
están llamados a ocupar un papel cada vez más determinante en el
sistema productivo. Hasta el extremo de que tres de cada cuatro empleos
estarán relacionados en un futuro no muy lejano con los sistemas
informáticos, la gestión de datos y la seguridad informática.
