El model de creixement insostenible i il·limitat que ens ha abocat a la crisi econòmica mundial és també la causa de la crisi ambiental en la que estem immersos. Aquest és un model antieconòmic perquè ha deixat ja de ser positiu per a nosaltres.
Els beneficis que d’ell n’obtenim no superen el perjudicis que ens comporta en forma de pèrdua irreversible d’espècies i de recursos naturals, de contaminació i degradació ecològica, de costos personals i de injustícia social.
Debat organitzat per el Foro Transiciones, impulsat per FUHEM i Conama a rel del informe del Hill's Group. Hi participen: Antonio Turiel , Jorge Riechmann ,Luis González, Pedro Prieto, Antonio Serrano, Carlos de Castro, Joaquín Nieto, Xavier García Casals) entre d'altres
Un 11% de los usuarios atendidos por la Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona tiene empleo
Por la crisis hipotecaria o la burbuja del alquiler que ha expulsado de su casa a tantos vecinos. Por la precarización del mercado laboral, con sueldos irrisorios y contratos menguantes. O por las dos cuestiones. Los albergues y equipamientos para personas sin hogar de Barcelona acogen cada vez más a personas que tienen empleo pero no tienen casa. El informe de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar, que agrupa a las entidades del sector, revela que el 11% de los acogidos en estas instalaciones tiene empleo, explica la teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Laia Ortiz. Son casi 300 personas. “Esto rompe el tópico de la persona sin hogar, porque ahora hay gente con empleo que tiene el mismo problema”, añade el coordinador del plan municipal para personas sin hogar, Albert Sales. “Trabajar ya no supone salir de la pobreza, ni de la más extrema”, alerta.
Como Juan. “Toda la vida trabajando en la construcción. Paro. Subsidio. Ayuda. La paga de los mayores de 45… pero llega un momento en que te lo has comido todo y te ves en la calle”. 48 años tiene, de los que ha pasado seis meses en la calle, trabajando días o semanas sueltas, siempre en negro. “Cuando veas a un sin techo con móvil no pienses que malgasta, ¡es lo que te conecta con posibles ingresos!”.
Desde hace un año vuelve a tener techo. Primero el albergue de la Zona Franca y ahora el de Sant Joan de Déu Serveis Socials, en el Poble Sec. Desde agosto, tiene también empleo. Y todas las fechas grabadas en el cerebro. “De verte en la calle a que puedas entrar en un sitio, dejar tus cuatro cosas, tu cama cuando llegas por la noche… ¡la ducha! La calle llega un momento que te cansa, sabía que era dura, pero no tanto. Esto me cambió la vida y con el trabajo ya es total”, cuenta. Trabaja en Nissan y no hace más que agradecer al servicio de Cáritas que le ayudó en materia laboral.
Pero encadena contratos de dos meses que no le permiten pensar en alquilar un piso. “Imposible. Si tuvieras un contrato de un año igual te atreves, pero de un mes o dos, ¿qué haces? No puedes coger un piso. Si se acaba, vuelta a empezar o peor todavía si has estado trabajando y te has ilusionado, es el miedo que tengo, ilusionarme y tener que volver a empezar”. “Si solo fuera cuestión de sueldo te aprietas, pero el problema es la temporalidad”, insiste.
El 45% del medio centenar de usuarios del centro del Poble Sec tienen empleo, un porcentaje que años atrás era del 20% o el 30% y tenía relación con problemas de adicciones. Lo cuenta Javier Prieto, responsable de atención al usuario de este Centro Residencial de Inclusión. Los sin hogar desayunan allí, se llevan el tupper al trabajo —o comen en otros centros si no tienen— y pueden volver por la tarde. Es la rutina de Juan, que cuando no trabaja mata las horas “mirando escaparates, en la biblioteca o en un bar”.
Prieto explica que las personas que están trabajando, “en muchos casos o hace poco que lo están haciendo y no les ha dado tiempo de acumular la cantidad de dinero para acceder, o tienen ingresos insuficientes porque no son jornadas completas o pocos días”. Se indigna ante la situación de la vivienda y el empleo. Repasa las cifras de la ciudad: “3.500 personas sin hogar, de las que 900 están durmiendo en la calle y 80.000 pisos vacíos”. Opina que, igual que los sin techo y las entidades tienen que hacer su parte del trabajo, “como ciudadanos también tenemos que hacernos preguntas: si es necesario sacar tanto rendimiento económico a las viviendas, si podemos perder vecinos para que venga el turismo cuando quien duerme en un cajero es nuestro vecino, cuánto pagamos a los empleados…”.
PRECARIEDAD CRECIENTE
El coordinador del plan municipal para los sin hogar, Albert Sales constata que el mercado laboral y el de la vivienda dificultan la “capacidad de acción del sistema de atención, que puede aspirar a estabilizar la situación y encontrar un empleo [a los usuarios], pero no a reconstruir un hogar, porque cualquier contingencia puede suponer volver a la calle: perder el empleo, ponerse enfermo…”. “Cuando las personas que han estado en la calle consiguen una situación estable, cuesta mucho hacer pasos, asumir riesgos, por miedo a volver a la calle. Porque es muy fácil teniendo en cuenta la precariedad”, relata.
Manuel López pasó 30 años sin techo: 24 sin hogar y seis en la calle. “He tenido trabajo, pero no una casa propia”. Trabajaba en el campo y asegura que por los desplazamientos los ingresos “no te dan para una casa”. Conoce los servicios para personas sin hogar de toda España y ha visto cómo han evolucionado: “De hablarte detrás de una reja a una atención integral, humana”. También vive en el albergue del Poble Sec y desde hace unas semanas, gracias a un plan de empleo de la Generalitat, tiene “un contrato por delante y la oportunidad de tener una casa, que en los últimos 30 años no he tenido”. Respira hondo. “Es la oportunidad de rehacer mi vida y empezar de cero”.
Desde esta semana la marca España
en el sector de las energías renovables es un poco menos pujante. La
dimensión de ese retroceso se verá con los años, pero su origen está hoy
en el cierre de Abengoa Research, la punta de lanza de la investigación
entre las multinacionales dedicadas al universo de las energías
renovables, que estos días culmina su cierre arrastrada por la dolorosa
reconversión de la multinacional andaluza, con pérdidas de 7.629 millones el año pasado.
Los expertos sitúan a Abengoa Research a gran distancia del resto de
compañías por patentes (312 solicitadas) e inversión en investigación de
renovables, y algunos la elevan a líder mundial, un trono que ahora
desaparece de un plumazo. “Por plantilla e instalaciones, no hay ninguna
con ese músculo en I+D en todo el mundo y conozco las empresas de
Estados Unidos, Australia y Asia”, se lamenta Eduardo Zarza, con 32 años
de experiencia y jefe de unidad de la Plataforma Solar de Almería,
participada por el Ministerio de Economía a través del CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). La
multinacional pasó de invertir 66 millones en investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i) en 2008, hasta los 597 millones durante el ejercicio
de 2015, su año cumbre. Ahora deshace el camino andado.
Esta vuelta atrás es producto de la nefasta gestión financiera del grupo que el año pasado provocó la salida de la cúpula —con cinco directivos hoy imputados en la Audiencia Nacional—
y despidos de 5.000 trabajadores solo durante 2016. La plantilla ha
pasado en un año de 21.000 personas a 16.000 en todo el mundo.
Una forma de investigar atrevida pero con gestión ineficaz
El valor añadido de Abengoa Research ha sido su dedicación a la
investigación básica, con largo recorrido y una mirada atrevida,
incierta y que conlleva riesgos y un elevado margen de error de hasta el
50%. A diferencia de la investigación aplicada (con la tecnología en un
estado más avanzado), la investigación básica supone una mayor apuesta
con un valor añadido importado de los modelos estadounidense y alemán,
pero también con mejores resultados a largo plazo.
Sus investigadores, una masa crítica de españoles, franceses,
alemanes, estadounidenses e incluso un iraní, la mayoría doctorados,
trabajan con enzimas para biocombustibles, materiales como perovskitas
para la energía fotovoltaica o con ópticas para sistemas de alta
concentración en dicha energía. Sin embargo, la gestión financiera, como
en el resto de filiales del grupo, también fue ineficaz. “La distancia
entre la investigación y el negocio era grande. Había falta de
estrategia. Muy disperso, interesante, pero sin rédito”, censura un
exdirectivo de la multinacional que pide el anonimato.
La plantilla, que en su día rozó las 150 personas y hace un año era
de 113 empleados, ha ido menguando y dos ERE y dos ERTE (dos de los
cuatro aún abiertos) han dejado la plantilla en solo 22 trabajadores,
ningún investigador entre ellos. Ahora la multinacional reconvertirá
Abengoa Research en una incubadora de tecnología, a la espera de poder
contar con universidades, Administraciones y otras entidades que aporten
sus investigadores. El modelo se denomina de “innovación abierta” y la
firma insiste en que el I+D sigue siendo “un pilar” para el negocio,
aunque dada la coyuntura de números rojos debe “reorganizar la
estrategia para que todo el esfuerzo no quede en balde”, define un
portavoz.
La multinacional presentó al comité de empresa este viernes por la mañana, in extremis,
cinco minutos antes de reunirse con la Inspección de Trabajo, una
indemnización ligeramente más alta que la ofrecida hasta ahora a sus
trabajadores despedidos. Eso sí, muy poco más del mínimo legal de 20
días por año trabajado. Ante la dureza de la empresa en la negociación,
los empleados recuerdan el sueldo actual del presidente, Gonzalo
Urquijo, que cobrará un millón de euros en 2017.
“La falta de acuerdo viene muy mal a la empresa por la prensa y las
impugnaciones individuales, ya que no han podido justificar el ERE y al
mismo tiempo un ERTE de 18 meses. No sabe responder a qué puesto de
trabajo volverán esos empleados que ahora manda a casa”, critica Gonzalo
Rincón, del comité de empresa.
La estrategia de la multinacional andaluza, inmersa en una convulsa
reestructuración, ha buscado en los últimos años disponer de su propia
tecnología sin depender de terceros. Para ello contaba con un
laboratorio puntero en Sevilla y plantas destinadas solo a la
investigación donde probar nuevos conceptos e ideas, al margen de
plantas comerciales.
Luis Crespo, presidente de la asociación europea de la industria
solar termoeléctrica (ESTELA), resume: “Es una pena y muy mal síntoma.
Pensé que desprenderse de su conocimiento sería lo último que haría
Abengoa. El conocimiento es el futuro de las empresas”.
La compañía defiende que su I+D+i es anterior a la creación de Abengoa Research
y que ahora la incluirá en ciertas líneas de negocio de su matriz.
“Dada la situación de la compañía, se está acomodando y reorganizando la
I+D a los negocios actuales y al tamaño y necesidades reales de la
compañía, pero sin dejar de lado esta parte tan importante para su
futuro”, apuntan fuentes de la firma.
Abengoa vende ahora su laboratorio, valorado en seis millones de
euros y que prevé desmantelar, en paralelo a la creación de “paquetes
tecnológicos” o “paquetes de conocimiento” para el mejor postor.
“Enseñas un poco a una empresa. Y luego un poco más. Y si les interesa
se negocia. Llevamos un año empaquetando el conocimiento”, explica
Melanie Durth. De momento, varias universidades han declinado la oferta
para adquirir el laboratorio, según fuentes de las negociaciones.
En 2011 una treintena de investigadores doctores levantaron el
laboratorio de la nada, en el aparcamiento de la sede central del grupo
en Sevilla, Palmas Altas, a lo largo de dos años. “Y cuando pasamos
todas las auditorías, se paró la máquina solo tras un año y medio”,
describe apenada Durth. Tras su fuerte inversión, Abengoa ser convirtió
en líder mundial en tecnología termosolar, con plantas en Estados
Unidos, Chile, Sudáfrica y Abu Dabi, entre otros. Además, ha sido
pionera en la producción de biocombustibles de segunda generación, con
una planta en Hugoton (EE UU) que la empresa ha tenido que vender el año
pasado a un precio muy inferior a la inversión realizada en un
principio.
En adelante, la firma se centrará en la generación de energía, los
grandes sistemas de transmisión, agua y servicios después de grandes
desinversiones como Atlántica Yield y otras por todo el mundo en
bioenergía.
“Al final se irá quedando desfasado y no podrá competir. O eres
pionero en algo o eres muy bueno construyendo. Será difícil que ganemos
un contrato sin diferenciarnos mediante desarrollo y tecnología propia”,
apunta el investigador Carlos Vázquez.
Europa fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la UE arrancó en 2005 y cubre aproximadamente el 45% de todo el CO2 que genera la actividad humana en el continente. El europeo sigue siendo el mayor mercado del mundo, con 31 países —los 28 miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega— y 11.000 centrales eléctricas e instalaciones industriales dentro.
Pero el sistema —en el que se otorgan gratuitamente, se compran y se venden los derechos para emitir gases— no funciona correctamente por el exceso de oferta, que ha hecho que los precios estén por los suelos. La idea de partida era que, al ponerle un precio a cada tonelada de CO2 que se emite, a las empresas les compensaría hacer inversiones para ser más limpias o cambiar de tecnologías. Pero, al aplicar el régimen, el problema ha sido el precio. Este jueves la tonelada de CO2 estaba a 5,46 euros, muy lejos de los 25 o 30 euros que la mayoría de informes sitúan como frontera desincentivadora. Cuando la tonelada llegase a ese techo de 25 euros, a una compañía eléctrica, por ejemplo, ya no le compensaría emplear carbón y se pasaría a otras tecnologías, calculaban los expertos.
“La crisis económica ha contribuido a una caída de las misiones a una bajada de la demanda de derechos”, concluía un informe de 2015 del Consejo de Europa, en el que se instaba a Bruselas a reformar el modelo. En 2015 comenzó ese proceso de reforma, en el que participan la Eurocámara, la Comisión y los ministros de medio ambiente de la UE. Se espera que este año el proceso esté finalizado y ya esté clara la hoja de ruta para la fase cuatro del ETS, la que irá de 2021 a 2030.
“Fuimos los primeros y hemos tenido que ir aprendiendo”, señala Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático cuando habla de la “sobreoferta” de derechos. En su último informe de seguimiento, la Comisión Europea cifraba en 1.780 millones de toneladas el excedente de derechos de emisiones que se había acumulado a finales de 2015. Esto equivale al CO2 que expulsa todo el sector sujeto a este régimen en un año en la UE.
Crisis y actividad industrial
La crisis hizo que la actividad industrial cayera en Europa y con ella la demanda de esos derechos. Pero año a año se seguían repartiendo casi los mismos derechos de emisiones a los países. Una parte de esos derechos, el 43%, cada país la otorga gratuitamente a determinadas empresas, como cementeras. El resto, 57%, se subastan y van a parar a ese mercado sobreofertado, al que tienen que acudir, por ejemplo, las centrales térmicas de carbón.
El debate ahora en Europa está en buscar la fórmula para “limpiar” la sobreoferta, apunta Ulargui, que esta semana ha participado en la reunión de ministros de medio ambiente europeos en la que se ha fijado una posición común. Se ha acordado una reducción lineal del 2,2% anual de los derechos de emisión a partir de 2021. Hasta 2020, esa tasa seguirá siendo del 1,74%. La Comisión calcula que la tasa que se aplicará a partir de 2021 supondrá que 556 millones de toneladas de derechos no entrarán en el mercado la próxima década. Ese recorte del 2,2% es también el que recientemente propuso el Parlamento Europeo.
Pero, más que en esa tasa lineal, la clave estará en “flexibilizar la oferta para equilibrarla a la demanda”, opina Ismael Romeo, director general de SendeCO2, empresa especializada en la compra y venta de derechos. Para eso está prevista la creación de una reserva que intervendrá en el mercado retirando derechos o inyectándolos.
La reserva empezará a operar a partir de 2019. Contará desde el principio con 900 millones de derechos aplazados (que debían haber entrado en el mercado en 2014, 2015 y 2016). Los ministros de medio ambiente han acordado esta semana también duplicar el número de derechos que se retirarán a partir de 2019 y que irán a parar a la reserva.
Romeo cree que otro de los puntos fundamentales que se está negociando, y que defienden también los ministros de medio ambiente de la UE, es la “caducidad” de los derechos retirados, que no podrán ser válidos sine díe. Esta medida, al igual que el resto, de las que prepara la UE busca lanzar un mensaje para que aumenten los precios y para que el sistema europeo acabe funcionando.
EL TEMOR A LA DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS
Tiene hasta nombre: “fuga de carbono”. Se llama así al riesgo de que una empresa deslocalice su producción hacia países en los que no se paga por emitir gases de efecto invernadero si le resulta demasiado caro operar en Europa. Ese riesgo justifica el reparto de derechos de emisión gratuitos. La proporción del 53% (subasta) 43% (gratuitos) seguirá como hasta ahora. Pero Valvanera Ulargui señala que se incluirán “factores de corrección”.
La propuesta del consejo de ministros de medio ambiente europeos de esta semana no salió adelante por unanimidad. A favor votaron 19 países, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido y España. En contra, nueve, entre los que destaca Polonia, muy reacia a las políticas climáticas por el temor a que su economía, muy centrada en actividades contaminantes, se vea afectada.
Amb el desenvolupament i proliferació d'intel·ligències artificials
cada cop més sofisticades, la mà invisible del mercat podria passar
d'afavorir una minoria a perjudicar tothom, un pronòstic clau per
assolir el consens per sortir del capitalisme
Avui dia poca gent creu que sortir del capitalisme sigui una
solució pragmàtica als nostres mals. Les elits econòmiques són massa
poderoses, i a més argumenten que les necessitem perquè creïn feina i
prosperitat, que els nostres interessos passen pels seus interessos.
Però quan la tecnologia assoleix fites increïbles es creen escenaris que
eren impensables i que ens fan replantejar on està el límit del
possible, també políticament. En un estudi recentment publicat
en una revista acadèmica, suggereixo que comença una etapa en què els
seus interessos convergeixen cap als nostres, i no a l'inrevés, però que
encara no se n'han adonat, ni nosaltres tampoc. Si en prenem
consciència a temps, un canvi de sistema en favor dels interessos
col·lectius pot esdevenir no tan sols necessari, sinó també plausible.
Quan la tecnologia assoleix fites increïbles es creen escenaris que eren impensables, també políticament
Un
descontentament general s'estén per aquest món accelerat. Per a molta
gent és especialment angoixant que la seva feina pugui quedar obsoleta
en qualsevol moment, si és que encara en té. En descartar-se qualsevol
canvi que incomodi les elits, el que resta és cercar caps de turc més
febles com ara les persones immigrades, o la fugida endavant amb més
creixement, més innovació, i, en darrer terme, més automatització de la
producció i més feines que restaran obsoletes. Alhora, se'ns
culpabilitza individualment de la nostra situació i se'ns demana que
desenvolupem tota mena de capacitats per vèncer en la cursa cap al lloc
de treball, però és una cursa que tard o d'hora perdrem si competim
contra màquines que estan passant de reemplaçar ocupacions repetitives a
assumir tasques cada cop més sofisticades.
A més, si alternatives
com aprofitar l'automatització per reduir jornades sense reduir salaris
costen tant de dur a la pràctica, no és només pel poder polític i
mediàtic de les elits econòmiques. També és que han fet servir aquest
poder per impulsar un mercat globalitzat en què els governs són mers
jugadors en lloc d'establir les regles del joc. Però la contrapartida és
que ningú, ni tan sols les elits, no controla realment l'economia
globalitzada. El tot no és la suma de les parts, i els mercats fan coses
que ningú no decideix (per exemple durant les crisis). En particular,
la competència crea pressions anàlogues a les de la selecció natural i
no sempre desitjables: si una empresa pot ser més rendible a força de
degradar l'entorn, precaritzar llocs de treball o eliminar-los, però no
ho fa, pot ser desplaçada automàticament per una que ho faci. Normalment
les elits s'han pressuposat guanyadores en aquest joc que han impulsat,
però està justificada aquesta creença?
Un possible futur: la distòpia tecnològica
El
futur el dibuixaran molts factors. Alhora que les màquines es fan més
sofisticades i reemplacen feines més complexes, ens enfrontem a una
probable escassedat d'energia i de recursos com ara metalls rars,
essencials per a la societat de la informació com la coneixem. És un
enigma si aquestes tecnologies s'adaptaran plenament al nou context
ambiental o bé hi haurà un repunt del treball humà. Però aquest repunt
no seria un retorn a situacions anteriors. Primer, perquè cal témer un
aprofundiment de la precarietat, en haver-hi tècniques cada cop més
refinades d'explotació laboral i una publicitat intel·ligent que deurà
crear compulsions progressivament més irresistibles a consumir i
treballar. En segon lloc, perquè, tant si les feines simples retornen a
mans humanes com si no, la competència farà que les feines complexes de
més rellevància econòmica vagin passant a les màquines a mesura que
siguin capaces de dur-les a terme més eficaçment. És a dir, els rols de
persones i màquines es poden invertir.
Hi ha algun límit, alguna
feina tan complexa que sempre l'hauran de fer éssers humans? Si fem cas
del gruix de persones expertes en intel·ligència artificial (IA), hem de
suposar que no. La majoria creuen que la IA acabarà superant la
intel·ligència humana en tots o quasi tots els aspectes, tot esdevenint superintel·ligència,
i així ho asseguren també personatges com Stephen Hawking, Bill Gates o
Elon Musk. I no necessàriament en un futur llunyà. Segons enquestes
fetes entre 2012 i 2013, les persones expertes veien una probabilitat
del 10% que la IA hagués assolit nivell humà el 2022, 50% el 2040 i 90%
el 2075. A més, posteriorment a aquestes enquestes s'ha disparat una
cursa cap a la superintel·ligència entre els gegants
tecnològics. El que té fama d'estar més avançat és Google, que el 2015
va pagar 625 milions de dòlars per DeepMind, una start-up que s'encamina en aquesta direcció.
Hi
ha algun límit, alguna feina tan complexa que sempre l'hauran de fer
éssers humans? El gruix de persones expertes en intel·ligència
artificial creuen que no
Ajuntant les peces del puzle, una
conclusió sorprenent és que, si el capitalisme global segueix endavant,
les empreses que triomfaran en el mercat global seran aquelles en què
màquines superintel·ligents reemplacin les pròpies elits econòmiques en
les tasques que fan, començant per la direcció de les grans empreses.
Així ho vaig escriure en un article acadèmic que va ser acceptat per a
la seva publicació el passat 21 de desembre, i just el dia abans es va
saber que aquests són els plans de Bridgewater, el principal fons
d'inversió lliure (hedge fund) del món. El seu fundador, mentre
es prepara per a la jubilació, espera haver transferit 3/4 parts de les
decisions de direcció de l'empresa a una IA en tan sols cinc anys.
D'entrada
certes elits poden esperar lucrar-se en tant que propietàries
d'aquestes màquines encara que les màquines les superin en
intel·ligència, però és qüestionable que un vincle així sigui sostenible
en un context de competència severa, i no és difícil d'imaginar maneres
en què podria desfer-se. La propietat de les grans empreses se sol
establir a les borses. A les borses dels EUA, més de la meitat de les
transaccions ja es decideixen automàticament. Quan s'arribi al 100%, les
persones posseïdores del capital no hi faran cap paper a part
d'extreure beneficis, per la qual cosa podrien quedar fàcilment
arraconades per empreses financeres que puguin reinvertir tots els
guanys en no pertànyer a ningú (tipus caixa d'estalvis, per exemple).
El fons d'inversió Bridgewater espera trasferir 3/4 parts de les decisions de direcció a una IA en el termini de cinc anys
Cal
seguir estudiant-ho, però és plausible que en poques dècades l'economia
sigui ja del tot un engranatge kafkià amb les persones excloses o
explotades sense cap propòsit, on fins i tot qui actualment té el poder
econòmic acabi com tota la resta. Deurà ser irreversible si el sistema
no canvia ben abans d'arribar a aquest punt. Però potser canviarà.
Un altre possible futur: canvi de sistema
Infinitat de veus han advertit que el neoliberalisme seria un malson in crescendo
per al 99% de nosaltres, però, ara, la sospita fundada que pugui ser-ho
per al 100% obre una finestra d'oportunitat sense precedents per a una
acció consensuada de canvi sistèmic, si aquesta idea es difon
àmpliament.
Una prioritat serà aturar nous tractats internacionals
adreçats a aprofundir la globalització neoliberal, i coordinar-se per
regular democràticament el mercat global. Però no es tracta de recuperar
el vell tàndem entre un mercat amb la competència com a motor i unes
institucions públiques que li posin límits i impostos. Mentre el motor
sigui la competència, les empreses estaran estructuralment empeses a
esquivar obstacles institucionals. Moltes ja hi excel·leixen ara, i poc
s'hi podrà fer quan la seva infraestructura digital ens superi en
intel·ligència.
Una prioritat serà coordinar-se per regular democràticament el mercat sobre els principis de suficiència i solidaritat
L'alternativa més creïble implica canviar de motor,
passant d'un sistema que promou la competència i l'expansió sense
límits en empreses i persones a un altre de basat en regles econòmiques
que duguin incorporats principis més decreixentistes de
suficiència i solidaritat. Cal molta recerca i debat sobre com concretar
aquestes regles. Exemples d'eines prometedores són el balanç social de
la Xarxa d'Economia Solidària i el balanç de l'economia del bé comú,
que serveixen per fer públic el capteniment social i ambiental de cada
empresa de manera sistemàtica, cosa que permet emprar criteris ètics a
agents privats i públics que hi interactuen en cada fase del procés de
producció i consum. Amb un fort suport institucional, eines com aquestes
podrien iniciar un cercle virtuós que transformi l'economia en un
entramat d'empreses socials genuïnament adreçades a servir l'interès
col·lectiu.
Les empreses actuals, que en part serveixen interessos
no sempre col·lectius i en part estan subjectes a forces cegues del
mercat, semblen estar evolucionant cap a empreses egoistes
automatitzades que no servirien ningú, però si ens afanyem, podrem
agafar el trencall que ens dugui cap a un sistema d'empreses socials al
servei de tothom. En ambdós casos, les elits deixarien de ser elits,
però per a elles i per a tothom el segon camí és molt més esperançador, i
aquest interès comú el fa creïble. Per començar, quelcom vital que
tothom podem anar fent és, senzillament, parlar-ne. Salvador Pueyo és investigador transdisciplinar a la Universitat de Barcelona i membre del grup Recerca i Decreixement
La sociedad digital generaliza la desintermediación y el autoservicio. Con ayuda de la inteligencia artificial , que aprende y enseña a gran velocidad, se universaliza el empleo freelance y la economía colaborativa. Martín explica cómo el modelo Uber para el transporte se va replicando en la docencia y los servicios profesionales. Por eso surgen actores globales que, como Uber, ponen en contacto a quien necesita y a quien ofrece servicios; gestionan el pago a comisión y garantizan –dicen–la fiabilidad del intercambio. Por un lado, permiten trabajar y emplear a todos por horas; por otro, liquidan el actual empleo con sus derechos y su tributación. Para mantener el Estado de bienestar habrá que hallar fórmulas aún inéditas.
La revolución digital crea tantos empleos como destruye?
¿Sabe cuánto valor genera usted en su empresa?
Pues, ahora mismo, no...
Alphabet, la supergoogle, factura 73.000 millones de dólares y tiene 66.000 empleados; así que cada empleado genera 1,2 millones de dólares anuales, lo que significa 100.000 al mes... ¿Y usted?
Prefiero no hacer esos cálculos.
Ninguna empresa jamás había soñado con ganar tanto. ¿Quiere ir a París?
Siempre quiero ir a París.
Pues si no fuera por el terrorismo, entre su decisión de ir a París y pisar París no habría ni un empleado. Hace veinte años había decenas, empezando por una agencia de viajes.
Destrucción creativa: se habrán creado otros empleos a cambio de esos.
Pero Schumpeter la teorizó en una sociedad analógica y competitiva, no digital y de jugador único –el ganador se lo lleva todo– como la nuestra. Además, Asia y África eran irrelevantes entonces. Hoy miles de millones de usuarios ya usan máquinas para servirse.
¿Entonces...?
Tenemos que afrontar que vamos a una época con menos empleo y que ese empleo no tendrá nada que ver con la idea que tenemos hoy de un puesto de trabajo.
¿Puede ser más concreto?
Asumimos cada vez más la gestión de nuestras necesidades: ¿usa Google Translate?
¿Y quién no?
Hasta ahora fallaba más cuanto más alejados eran los idiomas que traducía, pero acaba de dar un paso de gigante: ya no traduce gramaticalmente elemento por elemento, como los humanos antes, sino que analiza en microsegundos billones de conceptos hasta que encuentra los dos más parecidos.
¿Por qué hace eso?
Para competir con los buscadores chinos y japoneses con sus ideogramas. Cualquiera podrá ser traductor del chino. Y todo nos lleva a lo mismo: menos empleos; más autogestión de tus necesidades con ayuda de las máquinas. Todo se va digitalizando: nosotros mismos somos un montón de datos.
Hubo otras revoluciones tecnológicas.
Pero antes de la digital todas creaban empleos. En las revoluciones industriales había un primer choque que los suprimía, pero luego acababan creando más: mal pagados y de baja calidad, pero empleos al cabo.
¿Qué sustituirá a nuestros empleos?
La revolución digital no es que liquide empleos, es que acaba con las tareas al dejarlas en manos de la cooperación hombre-máquina-inteligencia artificial.
¿Pero cómo se convertirán en sueldos?
Ese es el problema: hoy, si no hay empleo, no se redistribuye la riqueza ni hay impuestos sobre el trabajo, ni buenos servicios, porque la mayor parte se financian con ellos.
¿Y si tasáramos el producto del trabajo de los robots para financiar tanto paro?
Es una propuesta de Macron, mi favorito en las elecciones francesas, y podríamos ganar con ella algún tiempo, pero hay que afrontar que empleo como el de ahora no será. De hecho, empleo aparece en la Enciclopedia de Diderot con las primeras máquinas de vapor. Antes no existía y ahora será otra cosa.
Otros proponen una renta universal.
Pero una renta básica universal en Europa para sustituir a los salarios no puede ser tan alta como en otros países, porque aquí ya damos la sanidad y en gran medida la educación, así que no podemos, encima, regalar 800 euros por persona. En EE.UU., sí.
Es duro, pero me temo que realista.
La digitalización no va a reemplazar unos empleos por otros de iguales derechos y productividad, sino que uberizará la mayoría. Es decir, los hará flexibles, trabajarás las horas que quieras o las pagarás, universales –casi todo el mundo aprenderá a prestar servicios profesionales– y ubicuos.
¿Cómo se mantienen los derechos laborales y cómo se tasan esos empleos?
Ese es el reto enorme que tenemos para no perder bienestar en la UE. Debemos encontrar un sistema que se adapte a esos cambios inevitables y eso empieza por olvidarnos de hablar de mercado de trabajo.
¿De qué quiere hablar entonces?
Hay mercado para las lavadoras, pero las personas no son mercancías: tienen derechos y obligaciones laborales y cívicas.
¿Y eso qué implica?
Contraponer otras lógicas a la puramente de mercado: es posible.
¿No hay sectores que crearán empleo? ¿Quién cuidará de tantos ancianos?
Robots, sin duda. En Japón ya son los más abnegados cuidadores de enfermos y personas mayores. ¿O es que cree que su familia abandonará su vida para cuidarle a usted?
Yo no quiero ser un estorbo y si el robot es simpático y nos caemos bien...
Muchos de nosotros moriremos acariciando una máquina y siendo acariciados por ella.
Pues según con qué familia, casi mejor.
Poco a poco será la alternativa mayoritaria. Ahora mismo la inteligencia artificial y los robots van tomando posiciones en todos los centros de decisión: desde los quirófanos hasta todas las cabinas de avión; es lógico que también las tomen en los asilos.
La sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables en el sistema productivo en 30 años choca con trabas políticas, fiscales y regulatorias
La Unión Europea quiere liderar la carrera mundial por la transición energética. Este propósito significa un cambio radical en el modelo económico, mediante la sustitución de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) por energías renovables (solar fotovoltaica, eólica) en la producción de bienes y servicios. La meta es descarbonizar la economía a 2050 o, al menos, que sea baja en emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Una maratón ambiciosa y de engorrosa ejecución, tal y como ha reconocido públicamente el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, debido, por un lado, al contexto geopolítico adverso: inicio de las negociaciones del brexit, incertidumbre por las elecciones en Alemania y Francia, llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o la crisis de refugiados. Y por el otro, a un mercado energético europeo fragmentado, poco transparente y con enormes distorsiones que, unido a los recelos de los Estados miembros, los intereses empresariales y desafíos tecnológicos, suponen una barrera para avanzar por un camino inevitable.
Bruselas plantea una reforma del mercado eléctrico europeo para que sea más transpa-rente e integrado
“Es un reto sin precedentes; no nos damos cuenta de lo que implica descarbonizar una economía. La negociación con los 28 [o 27] será de las más difíciles y complejas. El cambio es irreversible, pese a la política de Estados Unidos [que amenaza con salir del pacto por el clima]”, admitió Cañete en el 14º Encuentro Energético, organizado este mes por la escuela de negocios IESE y la consultora Deloitte.
De hecho, durante su intervención de casi una hora, el comisario convirtió en mantra las frases “difícil, complejo, de enorme complejidad”, para ilustrar lo que se avecina en materia de consenso y cuya antesala fue el Acuerdo de París a favor del medio ambiente: “París supone mucho, porque por primera vez 196 países han puesto en marcha compromisos de mitigación y adaptación. Negociamos hasta las ocho de la mañana”, dijo orgulloso.
La nueva hoja de ruta legislativa aprobada recientemente por la Comisión Europea, el conocido paquete de invierno, pretende reducir a 2030 un 40% los gases de CO2, que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes limpias y elevar la eficiencia energética al 30% –este último objetivo vinculante, ya que va con retraso–, además de un proyecto de gobernanza que monitorizará y verificará el avance de los socios cada dos años.
“Nuestros estudios demuestran que solo las medidas de eficiencia podrían crear 400.000 puestos de trabajo –sobre todo en las pymes–, ahorrar 70.000 millones en importaciones de gas y petróleo y bajar los costes de salud en hasta 8.300 millones al año”, apuntó Daniel Calleja, director general de medio ambiente de la CE. La reforma de la directiva sobre renovables [en fase parlamentaria] moverá 177.000 millones de euros anuales en inversión público-privada, generará 900.000 empleos y subirá un 1% el PIB, calcula el organismo.
En 2018, los Estados miembros deberán presentar una estrategia que recoja cómo descarbonizarán su economía
El problema es que, a escala nacional, no todas las metas son obligatorias, las tecnologías verdes no están aún completamente incorporadas en el sistema productivo y los Gobiernos mantienen todavía subsidios al carbón. “Es un paquete hecho a medida de las eléctricas”, critican las organizaciones ecologistas.
Además, el propio Calleja aceptó que mejorar la protección de los consumidores, entre las principales líneas de actuación para que puedan generar electricidad y combatir así la pobreza energética, implica una reforma normativa del mercado eléctrico europeo. “Europa está perdiendo oportunidades por las ineficiencias resultantes de las distintas situaciones nacionales”, sostuvo.
Pero el exministro popular de Medio Ambiente, Arias Cañete, detalló, ante una audiencia repleta de grandes empresas eléctricas, de gas y petróleo, “los obstáculos que están costando sangre”: “Queremos limitar el establecimiento de pagos por capacidad, vinculándolos al CO2, y el de precios regulados; revisar el régimen de los derechos de emisiones [en debate]. Lo grave es tener un sistema donde no hay señales de precio por contaminación que faciliten lainversión renovable. Deber ser un mercado más integrado, interconectado, con menos regulación e intervención”, zanjó el comisario, tras evitar trasladar la receta a España por ser un “simple componedor”.
La CE incluye también acciones en transporte (fomento del coche eléctrico), edificios (que sean eficientes), agricultura (mitigar la contaminación del subsuelo) y el reciclaje (reutilización en la industria). En 2018, los socios deben presentar a Bruselas su plan de descarbonización, que ha de plasmar cómo se hará esa transición en 30 años.
Pero cómo afronta España este horizonte, si hace apenas un mes se cuestionaba el funcionamiento del mercado por el fuerte repunte de los precios en la factura doméstica (el 50% del valor son peajes e impuestos), la parálisis en la industria renovable –pendiente de la primera subasta de 3.000 megavatios en tres años–, el bloqueo al autoconsumo, el escaso diálogo entre la Administración (cerrado a la reforma) y los agentes o la cesión de soberanía nacional en esta materia. Por eso, las empresas dudan de la eficiencia de la transición y del coste financiero y competitivo que supone para petroleras, gasistas y de carbón, e incluso de que se llegue a la meta.
En España, las empresas temen el coste financiero y competitivo del cambio
“En España, en los últimos años, hemos creído menos en la economía de mercado, cuando es fundamental. Los usuarios están pagando las subidas de tarifas que el Gobierno no quiso hacer años antes para garantizar un retorno a unas empresas”, reprochó Nemesio Fernández-Cuesta, presidente ejecutivo de Isolux.
Así, urge la revisión drástica de la estructura fiscal y de ayudas (gravar el diésel y examinar los pagos a los ciclos combinados, por ejemplo). Unos reclamos a los que se suma Iberdrola: “Hay que limpiar el afán recaudatorio de las tarifas eléctricas”, sugirió Carlos Sallé, director de políticas energéticas y cambio climático de la compañía, quien insistió en que “quien contamina, paga”.
Mientras, Luis Aires, presidente ejecutivo de BP en España y Portugal, consideró que la normativa vigente penaliza una tecnología sobre otra: “No vamos en la dirección de fijar precios al carbono”, apuntó. Asimismo, Manuel Fernández, director general de negocios mayoristas de energía de Gas Natural Fenosa, reiteró la armonización regulatoria (fiscal y tarifaria) y más interconexiones con Centroeuropa.
En Cepsa, sin embargo, temen los atajos.Su consejero delegado, Pedro Miró, advirtió de que el mayor peso del petróleo no está en el transporte, sino en la química: “La deslocalización de la industria europea será enorme; la legislación condiciona la competitividad de las empresas”. Y desde Repsol cuestionan también la promoción del coche eléctrico cuando se fabrica con energía sucia, pero sobre todo, Pedro Antonio Merino, director de estudios de la petrolera, y Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, se preguntan: “¿Cuánto costará la transición?”, esa que fija que el peso fósil debe pasar del 80% al 58%.
El transporte y la industria, en el punto de mira
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Que el aumento de la temperatura no supere los dos grados significa un crecimiento nulo de las emisiones mundiales de CO2, en 13 años y que, en 33, su concentración en la atmósfera esté por debajo de las 450 partes por millón (ppm). Pero en 2016 ya se había traspasado el umbral de las 400 ppm y la previsión es poco alentadora: la población global subirá a 9.600 millones en 2050 y la demanda de energía, un 30%, según la ONU y la Agencia Internacional de la Energía.
De ahí que el transporte y la industria, además de la generación eléctrica, estén en el punto de mira, por ser los más contaminantes. Para la patronal Anfac (fabricantes de coches), el diésel no es el problema, sino una flota envejecida.
Pero Bruselas acaba de amonestar a España por su inadecuada política fiscal verde (la gasolina tributa más que el gasoil y de los 19.200 millones recaudados –apenas el 1,85% del PIB–, la industria aporta solo el 18,9%) y la mala calidad del aire.
“Las medidas deben incidir en la electrificación de la demanda (más coche y ferrocarril eléctricos)”, cree Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte. Y más eficiencia, también en edificios y servicios.
Avui dia poca gent creu que sortir del capitalisme sigui una
solució pragmàtica als nostres mals. Les elits econòmiques són massa
poderoses, i a més argumenten que les necessitem perquè creïn feina i
prosperitat, que els nostres interessos passen pels seus interessos.
Però quan la tecnologia assoleix fites increïbles es creen escenaris que
eren impensables i que ens fan replantejar on està el límit del
possible, també políticament. En un estudi recentment publicat
en una revista acadèmica, suggereixo que comença una etapa en què els
seus interessos convergeixen cap als nostres, i no a l'inrevés, però que
encara no se n'han adonat, ni nosaltres tampoc. Si en prenem
consciència a temps, un canvi de sistema en favor dels interessos
col·lectius pot esdevenir no tan sols necessari, sinó també plausible.
