El model de creixement insostenible i il·limitat que ens ha abocat a la crisi econòmica mundial és també la causa de la crisi ambiental en la que estem immersos. Aquest és un model antieconòmic perquè ha deixat ja de ser positiu per a nosaltres.
Els beneficis que d’ell n’obtenim no superen el perjudicis que ens comporta en forma de pèrdua irreversible d’espècies i de recursos naturals, de contaminació i degradació ecològica, de costos personals i de injustícia social.
Aunque el Banco Central Europeo tiene como principales objetivos garantizar el crecimiento económico y la estabilidad de precios, suele anteponer la segunda a la primera. En este contexto, parece más justificada que nunca la defensa de las políticas de crecimiento de inspiración keynesiana por parte de la izquierda. Estas políticas, responsables de la “Edad de oro” del capitalismo (1945-1973) construyeron los cimientos del Estado del Bienestar que comenzaron a erosionarse tras la oleada neoliberal de los años 80. En la actualidad, los continuadores de este nefasto legado arrecian en la demolición del Estado del Bienestar argumentando que no es sostenible. Sin embargo, si no queremos perder esta batalla, debemos empezar a reconocer que son el propio capitalismo y la sociedad industrial las que no son sostenibles. El conocimiento acumulado durante el último medio siglo, en especial tras la publicación deLos límites del crecimiento (1972) revela que el crecimiento no era más que un atajo. Hoy sabemos que este atajo no solo no es posible, sino que ni siquiera es necesario para lograr una economía justa. Por ello, en este artículo propongo 5 razones por las que los agentes políticos progresistas deberían renunciar al crecimiento y abrazar otros planteamientos para armar la alternativa ante el ocaso de la revolución neoliberal.
Más crecimiento no supone mayor bienestar.
En efecto, a partir de cierto umbral que suele situarse en torno a los 10.000-15.000$ per cápita, el crecimiento económico no es capaz de elevar el nivel de bienestar. El gráfico superior relaciona PIB per cápita (eje horizontal) y bienestar subjetivo (eje vertical), lo que podría tacharse de una evidencia “no objetiva”. Sin embargo, existen gráficos similares para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) u otros índices “objetivos” como elÍndice de Progreso Social. En definitiva, parece absurdo que los países ricos sigan empeñados en aumentar su PIB si ya cruzaron el umbral a partir del que ya no es capaz de repercutir en el bienestar social.
¡Es mejor redistribuir!
Precisamente lo que nos indica el punto anterior es que hay ingentes cantidades de PIB sobrante en los países ricos que sí podrían ayudar a mejorar el bienestar en los países pobres. Es más, hay ingentes cantidades de PIB sobrante en los percentiles más ricos de la población que sí podrían ayudar a mejorar el bienestar de la mayoría social. No solo eso, sino que como se puede ver en el gráfico inferior, no existe correlación (ni positiva ni negativa) entre la desigualdad (medida a través del índice de Gini) y el PIB per cápita. Por lo tanto, el crecimiento por sí solo no representa una mejora para la mayoría social. Por último, el PIB no es más que la suma de las rentas del trabajo y las rentas del capital*, por lo que es vital conocer cómo se distribuye el crecimiento. Por ejemplo, el artificial crecimiento de España en los últimos años ha ido a parar mayoritariamente a las rentas del capital en detrimento de los salarios. No perdamos de vista las prioridades.
El crecimiento económico contra el cambio climático.
Existe abundante evidencia de que el crecimiento económico está positivamente correlacionado con el incremento de la contaminación atmosférica. No obstante, suele decirse que el crecimiento genera, a la larga, inversiones sostenibles que hacen disminuir las emisiones a partir de cierto nivel de PIB. Lo que se observa más bien, en una analogía ecológica de la teoría del intercambio desigual, es un traslado de la producción sucia a los países pobres para su consumo, libre ya de polvo y paja, en los países ricos. Por lo tanto, no es que se emita menos a partir de cierto nivel de PIB (o que se haga con menor intensidad), sino que estas emisiones se desplazan de lugar, aumentando en el cómputo global. La lucha contra el cambio climático requiere replantearnos este modelo de economía.
¡El empleo no es rehén del crecimiento!
A estas alturas más de uno/a se estará preguntando: pero, ¡¿qué pasa con el empleo?! En los primeros compases de la crisis, solía escucharse que el empleo se recuperaría a partir de que el país creciera por encima del 2%. Si bien es cierto que el crecimiento ha estado tradicionalmente ligado al incremento del empleo, esto no implica de ninguna manera que esta sea la única forma de tener empleo.
Jackson y Victor (2011) muestran en el gráfico superior, que la ausencia de crecimiento no solo no implica pérdida de desempleo, sino que puede contribuir a reducir las emisiones. Los escenarios asumen una misma tasa de empleo, pero en los escenarios 2 y 3 la jornada laboral se ha reducido sustancialmente y se ha operado un cambio de modelo productivo hacia servicios ecológicamente sostenibles. Mientras el PIB (izquierda) permanece igual (incluso decrece), la tasa de empleo se mantiene y las emisiones (derecha) en Reino Unido caen intensamente. El trabajo y la lucha contra el cambio climático no son incompatibles: el crecimiento económico, sí.
Se trata de cambiar de objetivos.
El PIB, como indicador, es un auténtico desastre. Algunos estudios apuntan, por ejemplo, que el PIB español podría estar valorado un 20% por encima de la realidad. Por su parte, la economía feminista nos enseña que deja fuera los trabajos domésticos y la esfera reproductiva y de cuidados. Y existen serias dudas de que incluirlo fuera a mejorar el bienestar de la ciudadanía, no digamos ya el de las mujeres. Mientras, la economía ecológica señala que la reparación de desastres naturales (como un vertido de petróleo a un acuífero) o gastos meramente defensivos como el presupuesto militar, suman al PIB cuando en realidad no tienen nada que ver con una mejora de las condiciones de vida. El objetivo nunca debería ser incrementar un indicador que arroja muchas dudas sobre su veracidad, su capacidad para mejorar el bienestar y que genera impactos medioambientales muy serios.
Más bien, se debería poner el foco en la redistribución del ingreso y del empleo con la vista puesta en la conciliación. Del mismo modo, distribuir los trabajos reproductivos que actualmente recaen sobre las mujeres, ampliando el peso de aquellos referidos a los cuidados. También avanzar hacia la democracia económica (que las libertades democráticas no terminen en las puertas de los centros de trabajo) y en la transición energética hacia un modelo sostenible, compatible con la vida y bienestar de las personas. Si de la persecución de estos objetivos se deriva un descenso en el PIB será tan solo eso, una consecuencia. Ni el crecimiento ni tampoco el decrecimiento deberían ser objetivos en sí mismos y, de ser así, se estaría cayendo en el mismo error. Es hora de tomar las riendas de la economía.
*Más impuestos menos subvenciones sobre producción e importaciones.
Garantizar
el Estado de bienestar para todos exige que quienes sufragan con sus
impuestos el grueso del gasto social colaboren. Sociedades donde la
pobreza y la exclusión requieren asistencia pública son propicias para
el populismo de derechas
De repente nos hemos puesto a hablar de desigualdad, insistentemente.
Pero no siempre con el rigor debido. Hace dos meses, Julio Carabaña, en
un ejercicio de sana provocación, sorprendió a propios y extraños
argumentando en estas mismas páginas que la desigualdad no había
aumentado significativamente. Al profesor Carabaña no le faltaban
motivos ni evidencias para sugerir que algunos diagnósticos se habían
exagerado. Pero creo humildemente que mi admirado colega nos cuenta tan
solo una parte de lo que necesitamos saber acerca de la evolución de la
desigualdad.
La desigualdad sí ha aumentado, notablemente. No tanto en la forma en
que es finalmente experimentada (la desigualdad de renta disponible, a
la que se refiere Carabaña) como en la desigualdad de partida, generada
por las relaciones económicas que se producen en el mercado. Lo que se
ha hecho más desigual es la distribución de ingresos derivados del
empleo asalariado, el autoempleo y las ganancias de capital. El Estado
de bienestar se ha encargado tradicionalmente de reducir la desigualdad
de mercado con sus políticas fiscales y de transferencias monetarias
(pensiones, prestaciones de desempleo, rentas mínimas, etc.). Es lo que
se conoce como redistribución. Para evitar que un aumento de la
desigualdad de mercado se traduzca en mayor desigualdad de renta
disponible, el Estado debe incrementar su esfuerzo redistributivo.
Hacerlo tiene costes importantes, que capas crecientes del electorado
se muestran reacias a aceptar. A medida que el Estado tiene que gastar
más para garantizar el bienestar de todos, incluidos los colectivos más
desfavorecidos, resulta más difícil conseguir que los segmentos de la
población que sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social
colaboren en el empeño, lo que ocasiona conflictos distributivos:
colectivos que se sienten ninguneados, territorios que se consideran
fiscalmente maltratados, élites que desvían sus rentas a paraísos
fiscales, etc. El auge de muchos populismos de derechas se nutre, en
buena medida, de esta insatisfacción, exacerbada en sociedades con
marcadas fracturas étnicas, donde la pobreza y la exclusión que
requieren asistencia pública se concentran fundamentalmente en una
infraclase particularmente vulnerable formada por minorías y poblaciones
inmigradas.
En España, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de mercado
(en una escala donde 0 representa una sociedad en la que todos tienen lo
mismo y 100 una en la que uno lo acapara todo) ha pasado de 43,4 en
2007 a 50,8 en 2014, y en la zona euro de 49 a 51,9. El deterioro de
este coeficiente en España durante los años de crisis es el más
pronunciado en la UE tras Chipre.
“No tenéis derecho a quedaros lo que yo me he ganado”, repite el Tea Party
El Estado de bienestar todavía consigue reducir considerablemente
estos índices (llevándolos aproximadamente a 34-35 en España). Pero en
muchos casos se comienzan a tensar las costuras. Por un lado, algunos
sectores sociales no encuentran alivio suficiente al sufrimiento
provocado por la privación económica. Por otro, aparecen grupos que se
sienten injustamente ignorados por las políticas sociales. Algunas de
las mejores obras que se han escrito sobre el caldo de cultivo social
que ha aupado a Trump a la presidencia de Estados Unidos (las de John B.
Judis, J. D. Vance o Arlie Hochschild) retratan el descontento de una
“clase media radical” (fundamentalmente blanca), situada entre una élite
económica cosmopolita que se distancia a pasos agigantados del
“americano medio” (en términos de renta, estilo de vida y valores) y una
clase desfavorecida (generalmente perteneciente a minorías) a la que
creen que se prodiga atenciones “inmerecidas”. Un eslogan del Tea Party
recoge bien ese sentimiento: “no tenéis derecho a quedaros lo que yo me
he ganado”.
En este contexto algunos académicos e intelectuales progresistas
reclaman una nueva aproximación a la lucha contra la desigualdad, que
pueda ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata. Es el llamado
enfoque de la predistribución. Sus partidarios comparten la preocupación
por corregir las desigualdades ex–ante, cuando se originan en el
mercado, y la necesidad de preparar a la ciudadanía para lidiar con
ellas (empoderarla).
Sobre la mesa se han puesto básicamente dos modalidades de propuestas
de predistribución. Una primera reclama intervenir en el funcionamiento
de los mercados para corregir activamente las ineficiencias que produce
una desregulación excesiva. Es lo que Jacob Hacker, uno de sus
principales promotores intelectuales, denomina “acertar con la
macroeconomía” (getting the macroeconomy right). En lo últimos tiempos se ha evidenciado que el capitalismo laissez faire
produce importantes externalidades negativas cuyo coste no es
internalizado por quienes lo generan. Se evidencia también que en
sociedades muy desiguales, donde las élites económicas disfrutan de una
gran capacidad para comprar voluntades y favores políticos, la
extracción de rentas es endémica, y los mercados realmente existentes se
parecen poco a los modelos estilizados que aparecen en los manuales de
macroeconomía.
La lucha contra los desequilibrios puede ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata
Dentro de esta modalidad de predistribución, en el menú de políticas
públicas admisibles, se admite espacio para cierto margen de
ineficiencia económica, de efectos limitados y controlables, si ayuda a
corregir la desigualdad: regulando el acceso a ciertos bienes básicos,
fijando el salario mínimo o algunas prestaciones en relación a umbrales
de referencia actualizados, otorgando protagonismo a los procesos de
negociación colectiva en la determinación de salarios, limitando los
salarios más altos. Se argumenta, y existe evidencia al respecto, que la
mayor igualdad finalmente conseguida puede propiciar crecimiento
económico.
La segunda modalidad de predistribución propuesta está encaminada a
promover la capacitación y el empoderamiento de los individuos en un
mundo más incierto y volátil, donde van a estar expuestos a vaivenes de
la economía, episodios disruptivos en su vida personal y familiar, y
riesgo de precariedad. En el centro de la agenda estaría la idea de
dotar a los individuos de competencias que les permitan manejarse en la
adversidad, evitando que puedan quedar “relegados” o atrapados en ciclos
perversos que erosionen sus oportunidades vitales. Las políticas de
apoyo a la primera infancia, la educación, las ayudas a la emancipación,
la formación a lo largo de la vida, las políticas de activación se
convierten, en este marco, en estrategias prioritarias.
Está por ver si los programas de predistribución y empoderamiento
pueden contribuir a robustecer el músculo electoral de la
socialdemocracia, pero parece claro que las propuestas conectan con un
diagnóstico ajustado de lo que está sucediendo con la evolución
contemporánea de las desigualdades. Algo que en tiempos de cólera
populista se echa muy en falta.
Pau Marí-Klose es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza.
Hace seis años escribí esto: “La principal fuente de los conflictos venideros no van a ser los choques entre civilizaciones, sino las expectativas frustradas de las clases medias que declinan en los países ricos y crecen en los países pobres”.
Mi argumento en ese entonces —y que ahora se ha confirmado— es que las clases medias en Estados Unidos, Europa y otros países de mayores ingresos verían empeorar su estándar de vida, mientras que en China, Turquía, Colombia y otros países emergentes la situación económica de los más pobres mejoraba. En ese mismo artículo señalé que tanto el aumento como la disminución de los ingresos generan expectativas que alimentan la inestabilidad social y política. La sorpresa, por supuesto, es que el aumento de los ingresos de la gente en los países pobres sea una fuente de inestabilidad. Más abajo vuelvo sobre esta paradoja. En ese artículo de 2011 también alerté de que “inevitablemente, algunos políticos en los países avanzados aprovecharán este descontento para culpar del deterioro económico al auge de otras naciones”. Y finalicé pronosticando que las consecuencias internacionales de este choque de clases, que entonces no eran obvias, acabarían siéndolo.
Bueno… lamentablemente, ya lo son.
En estos tiempos de Brexit, Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders, Podemos y otras sorpresas políticas proliferan los análisis que intentan descifrar las fuerzas que nutren “La Gran Furia”, ese profundo descontento que lleva a los votantes a escoger a quien sea con tal de que no se parezca “a los de antes”. La globalización, la inmigración, la automatización, la desigualdad, el nacionalismo y el racismo son solo algunas de las causas que más comúnmente se mencionan para explicar “La Gran Furia”. Pero me ha llamado la atención que los análisis no incluyen en su explicación lo que está sucediendo en Asia, América Latina o África. Una vez más, la narrativa dominante trata como si fuera mundial un fenómeno regional que ocurre principalmente en Norteamérica y en el Viejo Continente.
Los análisis ignoran que la clase media, esa que en Europa y EE UU está luchando para no perder su preeminencia económica, social y política está en pleno apogeo en el resto del mundo. Para una familia en India que, por primera vez, tiene ingresos que le permiten tener medicinas, casa, coche, televisión, teléfonos inteligentes y algo de ahorros, la defensa de la supremacía blanca que en EE UU motivó a muchos a votar por Donald Trump resulta ininteligible.
El apogeo de la clase media en países pobres es la principal revelación de un importante estudio que acaba de ser publicado por Homi Kharas, uno de los más respetados estudiosos de la cuestión. Sus cálculos indican que hoy 3.200 millones de personas forman parte de la clase media en el mundo, es decir el 42% de la población total. Para estos cálculos, los investigadores e instituciones como el Banco Mundial definen como clase media a las personas con ingresos diarios de entre 11 y 110 dólares al día. Este segmento ha venido creciendo rápidamente, pero a diferentes ritmos. Mientras que en Estados Unidos, Europa y Japón crece anualmente al 0,5%, en China e India suma un 6% cada año.
Globalmente, la clase media aumenta 160 millones de personas al año y de seguir a este ritmo, en pocos años, la mayoría de la humanidad vivirá, por primera vez en la historia, en hogares de esta categoría. Si bien las clases medias son hoy más numerosas que nunca en países como Nigeria, Senegal, Perú o Chile, su expansión es un fenómeno primordialmente asiático. Según Kharas, la abrumadora mayoría (¡el 88%!) de los 1.000 millones de personas que formarán parte de este estrato en los próximos años vivirá en Asia.
El impacto económico de todo esto es enorme. El consumo de la clase media en países de menores ingresos crece al 4% anual y ya equivale a un tercio del total de la economía global.
Naturalmente, los cambios que está experimentando la clase media tiene importantes consecuencias políticas. En Europa y EE UU estas consecuencias ya las vemos en los resultados de las elecciones, los referendos y en la proliferación de improbables candidatos que promueven agendas inéditas. En los países de menores ingresos, en los cuales la clase media crece a gran velocidad, también crecen rápidamente las expectativas y exigencias. Estos nuevos protagonistas sociales más tecnológicamente conectados, con más poder adquisitivo, más educación, más información y más conciencia de sus derechos son una fuente de inmensas presiones sobre gobiernos que no tienen la capacidad de satisfacer esas expectativas.
La clase media de los países ricos se siente amenazada y va a exigir a sus gobiernos acciones y resultados que mantengan sus estándares de vida históricos. Al mismo tiempo, la clase media de los países emergentes está más esperanzada que nunca y luchará para que su progreso continúe.
Como ya lo estamos viendo, estas agendas políticas divergentes son el origen de importantes fricciones internacionales. Y lo seguirán siendo.
En España deberían circular 300.000 coches eléctricos en 2020. En
2025, entre 1,2 y dos millones. En 2030, entre 4,4 y seis. Es lo que
tendría que ocurrir con el transporte de pasajeros si España quiere
cumplir con los compromisos ante la Unión Europea de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio de la consultora Deloitte.
El informe estima que para cumplir con esas metas se requerirá una
inversión de unos 650 millones de euros anuales hasta 2030 (para
incentivos y puntos de recarga). En 2015 circulaban solo 6.500 vehículos
de este tipo en nuestro país y el Gobierno apenas ha destinado 40
millones de euros en incentivos para coches eléctricos desde 2009.
Un coche eléctrico recargando la batería, en Madrid.Vídeo: ATLAS Foto: Álvaro García
Cuando se habla de la lucha contra el cambio climático
se suele pensar en chimeneas humeantes y centrales térmicas que emplean
el carbón para generar electricidad. Pero no en tubos de escape. Sin
embargo, el sector del transporte (además de desencadenar otros
problemas de contaminación) supone alrededor del 25% de todas las
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad
económica en España. "Se ha puesto mucho el foco en la generación
eléctrica limpia y no se ha puesto en el transporte", señala Alberto
Amores, uno de los autores del informe de la división Monitor DeloitteUn modelo de transporte descarbonizado para España en 2050, presentado este martes.
El pasado año, casi un 40% de la electricidad generada en nuestro país provino de energías limpias,
fundamentalmente hidráulica y eólica. Sin embargo, los coches
eléctricos e híbridos enchufables siguen siendo algo residual: solo se
vendieron en España 4.750 vehículos de este tipo en 2016, lo que supuso
apenas el 0,4% de todos los matriculados.
Pero si España quiere cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático,
el sector del transporte también se debe descarbonizar. Nuestro país,
como el resto de los miembros de la Unión Europea, está obligado a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un
95% en 2050.
Deloitte pone el foco en el desarrollo del vehículo eléctrico como
una vía para cumplir con esos acuerdos internacionales. "Para el año
2020 se necesita llegar a un parque de entre 200.000 y 300.000 vehículos
eléctricos e híbridos enchufables para garantizar en el medio plazo el
cumplimiento de los objetivos medioambientales", señala el informe
coordinado por Amores. Se requeriría que el 5% de los coches que se
vendan sean eléctricos de aquí hasta 2020, frente al 0,4% del pasado
año.
El porcentaje y el número total tendrían que aumentar
significativamente en los siguientes años: entre 1,2 y dos millones en
2025 y entre 4,4 y seis millones en 2030. Que se ofrezca una horquilla
tan amplia de los coches eléctricos que tienen de circular se debe a que
Deloitte toma varios escenarios de implantación relacionados con el
cambio de hábitos respecto a la movilidad. Estos escenarios están
condicionados por el desarrollo del coche autónomo y compartido.
En todo caso, el informe apunta a que en 2025 entre el 30% y el 35%
de los coches que se vendan deberán ser eléctricos. En 2030, la cuota
deberá ser ya entre 50% y el 60%. Y "no debería venderse ningún vehículo
con motor de combustión interna a partir de 2040", señala el estudio.
Puntos de recarga
Para descarbonizar el transporte de pasajeros, la consultora estima
que se necesitan entre 6.000 y 11.000 millones de euros de inversión
hasta 2030, lo que supone de media unos 650 millones al año. Este dinero
se emplearía en incentivos, para hacer más atractivos los vehículos
limpios, y en crear una red de recarga.
La falta de una infraestructura de recarga es una de las principales
trabas para la implantación de los coches eléctricos. Actualmente,
detalla el informe, en España hay solo 1.700 postes de recarga en la vía
pública, frente a los 18.000 de Holanda y los 7.000 de Noruega. El
objetivo sería llegar en España a los 4.000 en 2020, los 45.000 en 2025 y
los 80.000 en 2030. El informe también establece objetivos de
electrolineras rápidas y semirrápidas, actualmente casi inexistentes en
España; en 2020 debería haber unas 11.000 y 45.000 en 2025.
Incentivos
La falta de incentivos es otra de las trabas a la implantación de
estos coches en España. Sin tener en cuenta las ayudas públicas, los
vehículos eléctricos son en nuestro país entre un 5% y un 24% más caros
que los convencionales. En los países con una apuesta clara por este
tipo de movilidad, esa brecha se soluciona con las ayudas públicas.
"Considerando los incentivos, un vehículo eléctrico utilitario en 2015
era entre un 15% y un 27% más económico en Noruega y Holanda que un
vehículo convencional comparable", señala el informe. En Noruega, el 23%
de los turismos que se venden cada año son ya eléctricos.
Sin embargo, los incentivos en España han sido casi inexistentes, si
se comparan con otros países. "Todos los planes de incentivos desde 2009
para vehículos eléctricos apenas llegan a 40 millones acumulados",
señala el informe. Además, "las ayudas se han agotado antes de la
finalización del ejercicio creando incertidumbre". Esos 40 millones
desde 2009 no representan nada si se compraran, por ejemplo, con las
ayudas a los convencionales. "Los planes PIVE han tenido una dotación
económica de alrededor de 1.200 millones desde 2012".
Restricciones a los convencionales
En el informe también se plantean recomendaciones para hacer más
atractiva la compra de los vehículos limpios. Por ejemplo, "que los
vehículos convencionales no puedan circular por el centro de las
ciudades a partir de 2025". Es una medida que ya están planteando
grandes ciudades del mundo. Barcelona, por ejemplo, acaba de anunciar el veto a los coches más antiguos, y por lo tanto más contaminantes, a partir de 2019.
También se plantea que los incentivos se dirijan "a los segmentos más
relevantes del mercado, no solo a usuarios particulares, sino también a
vehículos de flotas o usuarios profesionales". Y que se den
"facilidades" como el "acceso a aparcamiento en el centro de las
ciudades, aparcamiento gratuito, carriles prioritarios...". Y el informe
propone "mecanismos de mandato y control". "Alemania, Noruega y Holanda
están ya discutiendo la prohibición de ventas de vehículos
convencionales en 2025-2030", se añade.
Transporte de mercancías
Otro ámbito importante en el que habría que actuar es en el
transporte de mercancías. Por un lado, el informe de Monitor Deloitte
propone que en 2030 entre el 15% y el 20% del tráfico total de
mercancías se realice en España por ferrocarril eléctrico. Esa cuota
tendría que llegar al 40% en 2050. Para ello, se requerirían inversiones
de entre 10.000 y 17.000 millones de euros hasta 2030, es decir, unos
900 millones al año. En este caso, resalta Alberto Amores, no sería solo
una cuestión de lucha contra el cambio climático, sino de
competitividad de la economía española. "Hay que hacerlo sí o sí", dice
sobre proyectos como el corredor mediterráneo. Y pone un ejemplo: "En el
AVE nos gastamos 5.000 millones cada año".
En el informe también se plantea apostar por los camiones eléctricos
ligeros. Y se marca el objetivo de llegar a un millón de estos vehículos
en 2030. El aumento del transporte por ferrocarril y del camión
eléctrico ligero "permitiría reducir un 50% las emisiones del transporte
de mercancías en 2050", resalta Monitor Deloitte.
El maig de l’any passat, les declaracions de la diputada de la
CUP-CC Anna Gabriel sobre el seu desig de criar la mainada en tribu van
aixecar polseguera. Segurament, Gabriel havia llegit ¿Dónde está mi
tribu?, un llibre sobre maternitat i criança que planteja la necessitat
de tornar a socialitzar una de les tasques més dures i que impliquen més
responsabilitat, però, tot i així, bastant desvaloritzada pel sistema.
Del Olmo, mare de tres fills, filòloga i directora de Cultura del Cercle
de Belles Arts de Madrid, critica la literatura sobre maternitat i
criança que, tant des del vessant que ha privilegiat els límits i el
control sobre l’infant com des del que posa els desitjos de la canalla
en primer lloc, s’ha dedicat a tutoritzar les persones adultes (i
especialment les dones) advertint-les del que passarà si no segueixen
les seves receptes. Davant d’aquestes lectures, l’escriptora proposa
tornar a adoptar una mirada contextualitzada dels diferents tipus de
maternitat tenint en compte les condicions concretes de vida en les
quals hem d’educar actualment i compartir les cures.
/ DAVID FERNÁNDEZ
Encara s’està revisant el mandat social de tenir criatures?
El
feminisme ha estat plantejant aquest tema des de la segona onada del
moviment de dones; és cíclic. Crec que la pressió més forta és la que et
diu: treballa-guanya diners-consumeix; la del cap de personal que et
mira amb sospites si tens 30 anys i no et contracta perquè potser
decideixes tenir un fill.
En aquest context, és realista defensar la criança amb afecte?
Hi
ha grups o literatura partidària d’una criança entregada en temps que
sembla desestimar i oblidar les servituds que imposa l’economia: la
necessitat de guanyar un salari. També és veritat que la criança amb
afecte ha aconseguit emmotllar-se al que hi ha i defensa que, si s’ha
d’anar a treballar, hi ha maneres de no deixar de donar el pit o de fer collit.
Ho tindria fàcil: necessitem que els nens siguin molt estimats i
cuidats, nosaltres volem fer-ho i ens queixem d’aquest sistema econòmic,
de les jornades laborals, les hores extres no pagades i els salaris de
misèria. Hi ha una part d’aquest discurs que s’adreça a les mares –i que
a vegades elles reprodueixen– que dóna una sèrie de consells sense
tenir en compte si els seguirà algú que viu en una casa estupenda o algú
que habita un pis sense llum. Hi hauria d’haver molta més consciència
de la diferència social i de classe, que no pot implicar la mateixa mena
de criança.
Però, actualment, el fet de dedicar-se a les cures implica deixar la vida laboral.
Sí;
tal com està plantejat, quedar-se a casa cuidant és molt semblant a
retirar-se de la societat. Jo entenc que, des d’un punt de vista
feminista clàssic, és difícil no defensar que una dona ha de ser
independent econòmicament, però no cal que se l’obligui a romandre al
mercat laboral tota la vida. Segurament és més útil la remuneració de
les cures o la renda bàsica. El mercat laboral no és cap alliberament;
tenint en compte el nivell d’atur que hi ha i la pobresa concentrada en
les dones, continuar fingint que és necessari treballar no té massa
sentit. Això és el que més em molesta d’alguns feminismes: no han sabut
imaginar altres maneres de mantenir la independència econòmica de la
dona que no passin per la feina assalariada.
Vostè
defensa la resocialització de la maternitat davant els dos enfocaments
imperants, la reclusió neoromàntica o emmotllar-se a la lògica del
mercat.
Sí, perquè hi ha una tendència a considerar la
maternitat com un fet privat. És veritat que l’Estat, l’Església i molta
altra gent han volgut intervenir en els cossos de les dones i els seus
drets en el moment de parir. Calia treure les institucions dels cossos
de les dones. Però aquest discurs ha col·laborat a reforçar aquesta mena
de privatització de la maternitat, aquesta concepció de la maternitat
com una cosa que les dones encaixen en el seu temps lliure com poden.
Això ha desencadenat aquest sistema, que gira l’esquena a la realitat de
les cures. Resocialitzar la maternitat, doncs, implicaria adonar-se que
no és un fet individual, sinó un fet social de primer ordre, i que
necessita una arquitectura institucional que avui dia no funciona.
Com podria funcionar?
Cal
articular mesures que tinguin en compte les diferències entre unes i
altres maternitats: classe social, economia... La maternitat ha de
sortir d’aquell àmbit claustrofòbic que se cenyeix a tot el que passa
entre la mare i el seu bebè i s’ha de discutir en termes generals. Què
passa amb les mares a la feina? I a les escoles, les llars d’infants i
els espais de cura tancats?
En última instància, les cures són una despesa social no reconeguda. Les haurien d’assumir les empreses privades?
És
fonamental revaloritzar les tasques de cura i permetre que la gent que
es dedica a això visqui bé realment. La idea del salari domèstic, molt
denigrada per alguns sectors del feminisme, no és tan dolenta; crec que
podria funcionar bé. A la vegada, hi hauria d’haver una política activa
pel repartiment de les cures; no podem continuar sent les dones qui s’hi
dedica quasi en exclusivitat. L’articulació d’això ha de ser
institucional: apujar impostos a les empreses grans, tenir quotes
selectives de la seguretat social (que serveixen per recaptar diners que
es destinin a finançar cures) o implicar les empreses directament poden
ser algunes opcions.
