El drama en muchas zonas de conflicto africanas se incrementa por las violaciones de derechos humanos derivadas del comercio de minerales básicos para la vida en Occidente, como el coltán
El miércoles 20, el pleno del Parlamento Europeo debe pronunciarse: las claves son a qué eslabones de la cadena afectaría y si la vinculación debe ser voluntaria u obligatoria
Trabajo de los mineros que extraen coltan del la mina de
Senator Edouard Mwangachuchu en North Kivu (RDC). / Foto: Lucas Oleniuk
(Efe)
Minerales como el coltán están en las entrañas de
nuestros móviles u ordenadores, y también en las causas de cruentas
guerras en África. En países en conflicto, las minas de estos productos
están controladas por organizaciones violentas que, tras someter a sus
conciudadanos a condiciones inhumanas para la extracción, se financian
vendiendo las riquezas naturales del continente a intermediarios que
hacen la vista gorda en un proceso comercial que termina,
multinacionales de tecnología mediante, en los teléfonos o productos
similares que compramos en las tiendas.
El próximo miércoles, 20 de mayo, el pleno del Parlamento Europeo debe
pronunciarse sobre qué reglamento debe exigir la UE a las empresas que
comercializan estos productos, denominados por muchos "minerales de
sangre". El acuerdo final, no obstante, dependerá de la decisión que
tome el Consejo Europeo.
Basándose en las directrices de la OCDE, la Comisión propuso en marzo de 2014 un Reglamento sobre los 'minerales de sangre' o 'minerales de conflicto'. La
Comisión Europa es la encargada de proponer los textos legislativos
para que el Parlamento Europeo se posicione antes de que lo hagan los
gobiernos de los 28 Estados miembros en el Consejo. En la propuesta de
la Comisión se pretenden eliminar los vínculos entre la extracción y el
comercio de minerales con el objetivo de crear un mercado europeo de
minerales comercializados de manera responsable por las empresas que
participan en el proceso: extracción, transporte, venta, distribución y
producción de determinadas partes de los sistemas, entre otros pasos.
El plan del Ejecutivo comunitario establecía "las obligaciones en
materia de diligencia debida". Es decir, que cada empresa se
responsabilice de la adecuación a la legislación del material que ha
recibido de su predecesora en la cadena; un concepto, el de diligencia
debida, que ya deben cumplir en Europa, por ejemplo, las entidades
financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales o la industria
alimentaria en la trazabilidad de sus productos.
La
principal polémica que acompaña a la propuesta de la Comisión radica
en los afectados por la regulación: las empresas que "decidan
autocertificarse como importadores responsable de los materiales o
metales". Autocertificarse: deja la sumisión a la futura legislación a
la voluntariedad de las empresas que importan anualmente millones de
euros en estos minerales.
Ya en el Parlamento
Europeo, la comisión encargada de discutir el Reglamento fue la de
Comercio Internacional (INTA): su informe, elaborado por el diputado
rumano del Partido Popular Europeo Iulius Winkler, no modificó en gran
medida la naturaleza voluntaria del proyecto, colocando el foco de la
obligatoriedad exclusivamente en la parte de la cadena que corresponde a
la extracción.
La comisión de Desarrollo (DEVE)
también discutió la propuesta: todos los grupos mayoritarios del
Parlamento apoyaron la obligatoriedad para las empresas y que se
aplicase la diligencia debida en todas las etapas del proceso y no sólo
en la inicial. Pero a esta comisión solo le correspondía elaborar una
opinión que no tenía por qué ser tenida en cuenta, como así ha ocurrido
pese a la amplitud del acuerdo.
Europa puede seguir el camino "alarmante" de EE.UU
"
Por su contribución durante seis décadas al avance de la paz y la
reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa". Este
fue el motivo por el que la Unión Europea recibió el Nobel de la Paz en
2012. Con parte de Europa desangrándose económicamente, el galardón
trataba de reconocer el orgullo del continente: ser el embajador mundial
de los derechos humanos. Pero este perfil comunitario también está
sumergido en una profunda crisis. Ahora, a la vez que se impide el
acceso al continente de miles de africanos que huyen de los conflictos,
Bruselas trata, sin demasiada rotundidad, de regular el comercio de
minerales que sirven, precisamente, para financiar muchos de esos
conflictos.
ONG como Amnistía Internacional avisan de que el sistema de control europeo puede terminar siendo tan insuficiente como el estadounidense –al
que hace referencia explícita la Comisión en su propuesta–: la Ley Dodd
Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada
por el Congreso en 2010, requiere a las empresas presentar ante la
Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un informe
anual (el primero fue respecto a 2013) sobre la cadena de suministro de
diligencia debida en relación a los minerales en conflicto. El resultado
de un informe de
Amnistía Internacional y Global Witness es claro: el 80% de las
empresas no controlan sus suministros ni revelan con transparencia si en
sus productos hay minerales procedentes de zonas en conflicto, por lo
que llaman a la ciudadanía a presionar a los grupos políticos de la UE para que su regulación sea severa.
También lucha por una legislación exigente el ginecólogo congoleño
Denis Mukwege, quien analizó los resultados "alarmantes" que ha traído
la Ley Dodd Frank en un artículo en The New York Times:
"Sólo el 16% (de las corporaciones norteamericanas, gigantes como
Apple, Microsoft, Intel, HP y un largo etcétera) podría indicar de qué
país procedían sus minerales. Los resultados revelan que la mayoría de
las empresas no son conscientes de si sus productos contienen minerales
que han sido vendidos para financiar la violencia". En el artículo, tras
felicitar a las corporaciones que se han esforzado en mapear la cadena
de suministro, critica a las que "se han escondido detrás de los grupos
de la industria como la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara
de Comercio de los Estados Unidos para impugnar la ley en los
tribunales".
Mukwege también ha mirado a Bruselas,
concretamente al presidente del Parlamento Martin Schulz, el mismo que
le hacía entrega del premio Sajarov en 2014. Hace unas semanas Schulz recibió
una carta del ginecólogo y activista congoleño en su condición de
"testigo de las tragedias que sufre la población civil de mi país debido
a un conflicto mantenido por grupúsculos que explotan minerales
ilegalmente" en la que subrayaba que es "importante" el "dar un carácter
vinculante a esta regulación y dirigirse tanto a los productos finales
en Occidente como a las materias primas en estado natural en África".
Qué dicen los eurodiputados españoles
En estos días se suceden las reuniones entre los distintos grupos
políticos europeos para buscar unos acuerdos mínimos sobre si regular o
no toda la cadena y qué sanciones aplicar, con la intención de no
mostrar una Europa divida en el debate del pleno del martes 19 y en la
votación del miércoles 20. Desalambre ha entrevistado a parlamentarios
de ocho partidos españoles para conocer sus impresiones.
Pablo Zalba, del Partido Popular, (miembro de la comisión INTA)
considera que, pese a que la propuesta de la Comisión es "un paso
importante" que "va más allá de lo que ha hecho Estados Unidos", "habría
que ser más contundentes" y se lamenta de que las enmiendas
que ha presentado "no han salido adelante". Su compañera Teresa
Jiménez-Becerril (miembro de la comisión DEVE), no cree que el
Parlamento deba "poner sanciones" y apunta a que "esas empresas tendrían
que pagar más sus impuestos en los países donde están" ya que "no tiene
mucho sentido que luego toda la riqueza se vaya fuera y esas personas
se queden siempre atrasadas".
Ésta no es la solución
para el vicepresidente de los socialistas europeos Enrique Guerrero
(también miembro de DEVE), que exige una "trazabilidad obligatoria",
"regularizar" todo el proceso para que las empresas europeas tengan que
"declarar obligatoriamente las condiciones en las que han obtenido" los
minerales y "adquieran compromisos de comercializarlos en determinadas
condiciones, o de no hacerlo cuando están alimentando conflictos".
El cabeza de lista de Ciudadanos Javier Nart (comisión DEVE) pide
"control y sanción" y que "ningún producto sea admitido en la UE si no
se certifica toda la cadena que llevaba"; también advierte de que, de no
ser así, y pone el ejemplo de nuestras importaciones tecnológicas de
China, "se produciría una situación absolutamente hipócrita y pésima
para Europa: nosotros cumplimos, los chinos no cumplen y nos lo venden
más barato. ¿Qué acabamos de hacer? Destruir nuestra estructura
industrial".
Lola Sánchez (comisiones INTA y DEVE),
de Podemos, apuesta por "sanciones que duelan", pide que Bruselas
abandone "la hipocresía y la falta de coherencia" y las sustituya por
"valentía y voluntad política" ante el "expolio" de las empresas
multinacionales europeas de las que la UE "funciona como embajadora por
el mundo"; a su vez, en relación a que los productos importados de una
China irrespetuosa con los derechos humanos en África serían más
baratos, aboga por la "pedagogía" para "mostrar a la gente por qué
merece la pena pagar un poquito más si estás salvando vidas".
Marina Albiol (comisión DEVE), de IU, ve de "ilusos" pensar que las
empresas van a cumplir la legislación de forma voluntaria: "El camino ha
de ser que sean los Estados los que legislen y exijan que no haya
explotación laboral, apropiación de sus recursos naturales..." y que "la
UE controle lo que están haciendo sus empresas en terceros países".
En opinión de Beatriz Becerra (comisión DEVE), de UPyD, los
parlamentarios no son "diplomáticos" y deben "controlar y exigir"
sanciones por incumplimientos, algo que también reclama para "la
cláusula de derechos humanos en los acuerdos comerciales con terceros
países", y considera, respecto a las posibles relaciones comerciales
desiguales en esta materia con potencias como China, que la clave es ser
"un Gobierno que ejecuta un plan de Gobierno para 500 millones de
ciudadanos" por encima del Consejo, "que necesariamente va a representar
sus interesas nacionales. Así no habrá acuerdo".
El
vicepresidente de Verdes-ALE, Josep-Maria Terricabras (ERC), asegura que
"todo reglamento europeo que no tenga sanciones es una homilía" y abre
el abanico de éstas: "No se trata a menudo de poner una sanción
directamente económica a alguien, sino de no renovarle ayudas de ningún
tipo, de no favorecer su relación con otros...".
Por último, Izaskun Bilbao (PNV) es vicepresidenta del grupo de los
demócratas y liberales (ALDE), que representa un grupo de votos clave
–aunque los diputados tienen libertad de voto real– porque aúna, por un
lado, a diputados liberales en lo económico que prefieren dejar la
regulación a la voluntariedad de las empresas y, por otro, a un perfil
político que pide, como Bilbao, más responsabilidades. La eurodiputada
exige "coherencia en las políticas que desarrollamos, transversalidad:
no podemos estar hablando de ayuda humanitaria y por otra parte estar
permitiendo la implantación de empresas europeas en países menos
desarrollados o que están recibiendo la colaboración europea", lo cual
considera "un abuso y una inmoralidad" que "lo único que hace es
permitir que crezcamos a costa de otros. Eso es una debilidad para
Europa. Cita a Iñigo Urkullu: "Iremos más lentos, pero iremos todos
juntos".
El siguiente paso del procedimiento
legislativo ordinario será, una vez aprobada la posición del Parlamento
Europeo, conocer en qué sentido se pronuncia el Consejo. Es decir,
comprobar con qué autoridad y creencia en sus valores democráticos
frente a las grandes corporaciones se ven los 28 Estados miembros al
mirarse en el espejo que supondría una regulación exigente.
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