diumenge, 24 de maig de 2015

Interessos darrera els tractats de lliure comerç


A continuació dos articles publicats al El País de dos premis Nobel d'economia Paul Krugman  i Joseph E. Stiglitz, que tracten de les conseqüències negatives que pot tenir el tractat de comerç  Acord d'Associació Transpacífic (TPP) per a EEUU. Els mateixos arguments i les mateixes conseqüències negatives, en aquest cas per a Europa, es poden aplicar al El Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP)   que actualment  s'està negociant entre EEUU i Europa. 

El control oculto de las empresas



Rafael Ricoy

Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.
La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intensión de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.
Las compañías no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar cómo vamos a vivir
No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.
Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.
Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.
Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.
Es clave que EE UU tenga un poder judicial imparcial y público
Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.
Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.

Joseph E. Stiglitz, es premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
Copyright: Project Syndicate, 2015.
www.project-syndicate.org. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Comercio y confianza


Barack Obama, presidente de Estados Unidos. / Pablo Martínez (AP)
Una de las virtudes más subestimadas del Gobierno de Obama es su honradez intelectual. Sí, los republicanos ven engaños y siniestras intenciones ocultas por doquier, pero no hacen más que proyectarse en otros. La verdad es que, en los temas políticos a los que yo presto atención, esta Casa Blanca ha sido extraordinariamente clara y directa en cuanto a lo que hace y por qué. Es decir, en todos los temas excepto en uno: el comercio y la inversión internacionales.
No sé por qué el presidente ha decidido dar tanta prioridad política a la propuesta del Acuerdo Transpacífico. Aun así, hay argumentos a favor de dicho acuerdo y algunas personas razonables y bienintencionadas defienden la iniciativa.
Pero otras personas razonables y bienintencionadas tienen muchas dudas sobre lo que está pasando. Y yo esperaba un intento de buena fe de responder a esas dudas. Por desgracia, no es eso lo que ha sucedido. La forma de vender el pacto de los 12 países de la costa del Pacífico suena a cuento. Los funcionarios han eludido las principales preguntas sobre el contenido de un posible pacto; han menospreciado las crítica y hecho caso omiso de ellas; y han afirmado alegremente cosas que han resultado no ser ciertas.
La principal defensa analítica del acuerdo comercial se publicaba a principios de este mes, en un informe del Consejo de Asesores Económicos. Curiosamente, sin embargo, el informe no analizaba en realidad el pacto comercial del Pacífico. Era más bien un canto a las virtudes del libre comercio, lo cual no tenía nada que ver con el tema en cuestión.
En primer lugar, independientemente de lo que uno diga sobre las ventajas del libre comercio, la mayoría de esas ventajas ya se han materializado. Ha habido una serie de pactos comerciales, que se remontan a casi 70 años atrás, que han reducido los aranceles y otras barreras comerciales hasta el punto de que cualquier efecto que puedan tener sobre el comercio estadounidense se ve superado por otros factores, como los cambios de valor de las divisas.
En cualquier caso, el acuerdo comercial del Pacífico no tiene que ver en realidad con el comercio. Algunos aranceles ya bajos se reducirían, pero el mayor incentivo del acuerdo propuesto tiene que ver con el refuerzo de los derechos de propiedad intelectual —cosas como las patentes farmacéuticas y los derechos de autor de las películas— y con la modificación de la manera en que las empresas y los países saldan sus disputas. Y no está nada claro que alguno de esos cambios sea bueno para Estados Unidos.
Respecto a la propiedad intelectual: las patentes y los derechos de autor son nuestra forma de recompensar la innovación. Pero, ¿es necesario que incrementemos esas recompensas a costa de los consumidores? El poderoso sector farmacéutico y Hollywood así lo creen, pero también es comprensible que, por ejemplo, a la organización Médicos Sin Fronteras le preocupe que el pacto haga que los medicamentos sean inasequibles en los países en vías de desarrollo. Esta es una preocupación grave, y los defensores del acuerdo no han respondido a ella de un modo satisfactorio.
En cuanto a la solución de las disputas: un capítulo filtrado del borrador pone de manifiesto que el pacto crearía un sistema por el que las multinacionales podrían demandar a los Gobiernos por supuestas violaciones del acuerdo y hacer que los casos los juzgaran tribunales parcialmente privatizados. Las voces críticas como la de la senadora Elizabeth Warren advierten de que esto podría poner en peligro la independencia de la política nacional estadounidense, que estos tribunales podrían utilizarse, por ejemplo, para atacar y socavar la reforma financiera.
El Gobierno de Obama se ha mostrado desdeñoso y ha intentado presentar a los escépticos como unos gacetilleros mal informados
No es para tanto, responde el Gobierno de Obama y el presidente declara que la senadora Warren “se equivoca de pe a pa”. Pero no es así. El acuerdo comercial del Pacífico podría obligar a Estados Unidos a cambiar políticas o a enfrentarse a grandes multas, y la regulación financiera es una de las medidas que quizás esté en la línea de fuego. Como si pretendiese ilustrar esto, el ministro de Economía de Canadá declaraba hace poco que la Norma Volcker, una disposición clave de la reforma financiera estadounidense de 2010, viola el actual Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio. Aunque no consiga que esa afirmación se tenga en pie, sus comentarios demuestran que no es ninguna tontería preocuparse por que los pactos de comercio e inversión pongan en peligro la regulación bancaria.
Desde mi punto de vista, lo que tenemos aquí es un gran problema de confianza.
Es inevitable que los acuerdos económicos internacionales sean complejos, y nadie quiere descubrir en el último momento —justo antes de votar sí o no, todo o nada— que se han incorporado muchos elementos negativos al texto. Por eso, queremos estar seguros de que la gente que negocia el acuerdo presta atención a inquietudes que son razonables, y que se preocupa por el interés nacional más que por los intereses de las corporaciones con buenos contactos.
Sin embargo, en vez de responder a las inquietudes reales, el Gobierno de Obama se ha mostrado desdeñoso y ha intentado presentar a los escépticos como unos gacetilleros mal informados que no entienden las virtudes del comercio. Pero no es así: los escépticos, en general, han acertado más de lo que han errado en asuntos como la solución de disputas, y la única economía de poca monta que he conocido en este debate proviene de los defensores del pacto comercial.
Resulta muy decepcionante y descorazonador ver actuar así a una Casa Blanca que, como he dicho, ha sido bastante franca en otros asuntos. Y el hecho de que el Gobierno, obviamente, no crea que puede defender de forma sincera el Acuerdo Transpacífico lleva a pensar que no deberíamos apoyar este pacto.

Paul Krugman es Nobel de Economía de 2008.

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