dimarts, 7 de febrer de 2017

Llegan a España las nuevas fórmulas de vivienda cooperativa

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Cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso







Proyecto de vivienda cooperativa de La Borda
 Cooperativa La Borda
Las cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso llegan a España. A diferencia de otros modelos cooperativos, los socios gestionan el inmueble de forma conjunta, y no pueden vender su domicilio. A medio camino entre el alquiler y la posesión, estos proyectos ofrecen una opción basada en compartir espacios comunes.
Vivir compartiendo espacios como talleres, cocinas y zonas de recreo. Decidir, entre todos, qué hacer con ellos, planificando actividades conjuntas... Estas características definen la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. Un modelo que, según sus defensores, se encuentra “a medio camino entre la propiedad y el alquiler”: los socios comparten la posesión del inmueble o la zona residencial, al tiempo que residen en alojamientos separados; pero a diferencia de otros proyectos cooperativos ninguno de ellos es dueño de la vivienda en la que reside y, por tanto, no puede venderla. Según los defensores del modelo, esto impide que se pueda especular con los alojamientos. “Con otras cooperativas puedes hacer lo que quieras con la propiedad [incluso venderla]. Esto hace que se genere vivienda asequible la primera vez [al construirse varias], pero no para siempre”, advierte Arnau Andrés, miembro de la Fundación La Dínamo.
Los defensores de estos proyectos esgrimen que diseñarlos y construirlos para un grupo reduce su coste frente a la vivienda en propiedad. Y, a diferencia de cualquier alquiler, se puede residir de forma indefinida, siempre que se abone un importe mensual y una entrada inicial, decididas por los socios. Si un cooperativista decide marcharse, se le devuelve la entrada. “[En una vivienda de alquiler] la Ley de Arrendamientos Urbanos permite que el propietario pueda echar al inquilino cada tres años”, recuerda Yabel Pérez, técnico de la cooperativa Sostre Cívic. Los nuevos socios, una vez aportada la entrada, quedan incluidos en una lista, a la espera de que se les notifique si hay un alojamiento libre en el inmueble. La idea es que la entrada y las cuotas ayuden a sufragar el proyecto. Una vez esté completado y los préstamos contraídos para la obra se han devuelto, los socios los siguen abonando para ayudar a poner en marcha otras viviendas cooperativas.
A diferencia de cualquier alquiler, se puede residir de forma indefinida, siempre que se abone un importe mensual y una entrada inicial, decididas por los socios
Sin embargo, los defensores de este modelo reconocen que la entrada inicial puede suponer una barrera. Pérez explica que su cuantía oscila “entre 10.000 y 20.000 euros”, dificultando el acceso a colectivos con menos recursos como “jóvenes y madres solteras”. Pérez enumera varias políticas que pueden aligerar la carga: que los ayuntamientos se presenten como avalistas para ayudar a obtener financiación; que presten parte de los fondos necesarios -“Sant Cugat del Vallés [Barcelona] avanzó el 20% del importe” de un proyecto explica-; o incluso “la creación de un fondo que avale este tipo de proyectos”. “La disponibilidad de suelo para estos proyectos y las ayudas públicas” también son clave, apunta Maria Josep, socia de la cooperativa de trabajo Celobert.
En parte por estas razones, la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso se encuentra en su juventud en España: hay proyectos para familias y jóvenes en municipios de Cataluña como Barcelona y Sant Cugat del Vallés; y otros organizados por gente mayor en otras comunidades autónomas, como Andalucía o Asturias. Que surja un proyecto u otro tiene que ver con la política de vivienda, opina Josep: “Los alojamientos para gente mayor son promociones cooperativas sin apoyo público. Es gente que ha comprado una masía y se la ha hecho sola, porque tienen capacidad económica”. Sin embargo, “la Ley catalana del derecho a la vivienda permite incluir dentro de la vivienda social los proyectos en régimen de cesión de uso, y esto abre muchas puertas”. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha cedido para 75 años a Sostre Cívic la gestión de un inmueble en la calle Princesa; y ha hecho lo mismo con un solar del antiguo recinto fabril de Can Batlló, donde la cooperativa La Borda prevé construir un bloque de pisos en menos de un año y medio. También ha ofrecio siete solares públicos para que se puedan realizar proyectos de vivienda cooperativa.
De estas experiencias también se obtiene otra idea. “No habría que comenzar por liberar terrenos, que es buena política, sino identificar los grupos que quieren construir vivienda cooperativa, y trabajar mano a mano con estos, teniendo en cuenta sus necesidades”, sugiere Joan Gual, responsable de prensa de La Borda.
Aprender de Dinamarca o Uruguay
Millones de personas viven en estos alojamientos en Dinamarca y Uruguay. ¿Qué lo hace posible? Dejando de lado el hecho de que su experiencia se remonta varias décadas atrás, Josep señala a “las reservas de suelo público”; así como a las subvenciones. “En Uruguay estas llegan al 80% del coste de la obra, para la gente con pocos recursos”, explica.
Para evitar que suceda, algunos proyectos disponen de `cortafuegos´
El país nórdico ilustra algunos riesgos, y como evitarlos. Ante la subida de los precios en el mercado de la vivienda a principios de este siglo, los cooperativistas optaron por aumentar el valor de sus participaciones. De este modo, los socios se aseguraban de contar con ahorros, si tenían que buscar otro alojamiento. En la práctica esto llevó a las cooperativas a una espiral de precios ascendientes. 
Para evitar que suceda, algunos proyectos disponen de cortafuegos. Sostre Cívic, por ejemplo, funciona como una cooperativa de cooperativas, que agrupa varios proyectos. “La asamblea de todos los socios [de la entidad], 450 personas” decide si autoriza la revalorización de cualquier inmueble, explica Pérez. “Es fundamental que sea la cooperativa la que gestione la transmisión del derecho de uso de los alojamientos, de forma transparente [para evitar que un socio venda su participación]”, añade Andrés.
Este experto también cree necesario un “marco legal para la vivienda cooperativa”, que mantenga estos proyectos fuera de la especulación. Y pone el ejemplo de Uruguay, donde “las subvenciones están pensadas para evitar prácticas especulativas”. Ahí ayuda que algunos proyectos -como los de Sostre Cívic y La Borda- se realicen en parcelas de la Administración. “Se gestionan como vivienda de protección oficial [limitando los precios]”, explica Pérez. Sirva de ejemplo el caso de La Borda. “Un piso de entre 60 y 65 metros cuadrados tendrá una cuota mensual entorno a los 475 euros”, explica Gual.

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