El 6 de Mayo leía en el periódico que Enel, el principal accionista de Endesa, tiene previsto el cierre de dos de sus centrales de carbón , en León (Compostilla) y Teruel, antes de Junio de 2020 . La reacción del gobierno ha sido calificar esta decisión de no coherente con las necesidades de la política energética de España. ¿donde se encuentra la incoherencia?
La producción energética española todavía depende en un 13% del carbón, y de esta materia prima solo un 2,5% proviene de las minas españolas. Es decir que, ni poniendo la defensa de los empleos que se van a perder en el sector minero por delante del beneficio medioambiental que la disminución de la quema de carbón supone, no encuentro incoherencia alguna en la reducción del carbón en el mix energético que España debe hacer necesariamente si de verdad creemos que la lucha contra el cambio climático no puede esperar.
Me parece relevante hacer notar que esta decisión se tomó entre los accionista de Enel en Italia la semana pasada. Recuerdo todavía la lucha de intereses que se libró en España durante el proceso de privatización de Endesa y que tuvo como final el traspaso de poder de manos españolas a manos italianas y me pregunto si la decisión del cierre de las dos centrales de carbón se hubiese tomado si el socio mayoritario hubiese terminado siendo español o catalán, como bien hubiese podido terminar la privatización de Endesa. ¿Hubiese podido ejercer entonces el gobierno del PP más influencia y más presión sobre los socios españoles para no cerrar las centrales de carbón? Visto desde una perspectiva ecológica me resulta mucho más coherente la decisión tomada por Italia que la del propio estado español que se opone al cierre.
El mismo día en que se publicaba esta noticia, se publicaba también que España perdía su primer arbitraje en la corte internacional por los recortes aplicados desde 2010 a las ayudas a las energías renovables. El fallo condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses a dos firmas extranjeras que invirtieron en renovables en nuestro país. Este fallo abre la puerta a muchos recursos de otras empresas que seguirán sus pasos. Mientras, las empresas inversoras españolas en renovables que se encontraban en las mismas condiciones que sus homólogas extranjeras han visto como el tribunal supremo español ha fallado en su contra condenándoles a la ruina, sin importarle al gobierno del PP ni la pérdida de los lugares de trabajo ni el problema climático.
Y leyendo estas noticias me pregunto donde está la coherencia del gobierno del PP con los intereses de los ciudadanos españoles que desean y necesitan tener más puestos de trabajo en sectores no deslocalizables y sostenibles y un futuro libre de la amenaza del cambio climático. Una vez más se demuestra que el gobierno de España legisla en beneficio de algunos intereses que no son precisamente los de los ciudadanos.
El proceder del gobierno del PP en la política energética no sólo es incoherente sino perjudicial para el bienestar de todos los españoles presentes y futuros.
Neus Casajuana
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